- Más de 900 denuncias penales contra funcionarios corruptos
- La Auditoría Superior atiza, la Fiscalía General las analiza
- La oposición impide designaciones de incapaces en la CRE
Para quienes lo dudaban:
Viene el ajuste de cuentas contra los gobernantes corruptos.
Será una operación de muchas bandas.
La primera:
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá un papel fundamentalísimo, y no precisamente porque vaya a tener un protagonismo mediático desde el punto de vista penal.
Eso corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y de esto sabe mucho su titular Alejandro Gertz Manero.
La secuencia es la siguiente:
A su arribo, hace casi ya un año, el titular de la ASF, el oaxaqueño David Colmenares Páramo comenzó a revisar el pasado inmediato –sobre todo el de Juan Manuel Portal– y a dar seguimiento a muchos casos.
Había materia.
La Auditoría revisaba partidas de aquí, allá y acullá y exponía los resultados de los arqueos realizados a prácticamente todas las dependencias del gobierno federal.
Todos nos enterábamos de sus reportes sobre fiscalización –desvíos de recursos, inversiones no aclaradas y otras operaciones con recursos federales-, pero al final cuentas no aclaradas.
Ya no será así.
Y MILES DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
La estrategia es colectiva.
La Auditoría Superior de la Federación deDavid Colmenares Páramos, decíamos, tendrá relevancia porque aporta y aportará datos técnicamente sustentados sobre funcionarios corruptos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de María de la Luz Mijangos hará su parte y al final la Fiscalía General deAlejandro Gertz Manero llevará a proceso a los inculpados.
Hay materia:
En estos momentos hay más de 900 denuncias presentadas y ratificadas por la ASF derivadas de la revisión cuentas públicas de la federación, en especial del ejercicio de 2017.
Pero ya comenzaron también los reportes de la correspondiente a 2018.
Hasta hoy hablamos de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo último ejercicio está bajo escrutinio, y también de dinero entregado el año pasado a gobiernos estatales.
Los señalamientos apuntan a altos, medianos y funcionarios menores cuyos nombres se conocerán en cuanto el Ministerio Público fundamente los cargos y los consigne ante la justicia.
Más de 900 denuncias son muchas, podrían involucrar a miles de personas y la millonada desviada o sustraída deberá ser reintegrada al erario.
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