LA TRAGEDIA EN LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INE

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

Para ir cerrando la página en lo que a mi corresponde sobre este episodio de un proceso previsto en la Constitución General de la República, ofrezco mi testimonio personal como aspirante que acudí a una convocatoria pública regulada desde el texto mismo de la Constitución, para la renovación de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es decir, el órgano superior de dirección de la autoridad que organiza las elecciones en México.

 

En el sector público, aunque a veces tal vez también en la iniciativa privada, los procesos de selección, promoción y remoción de personal se llevan a efecto con total y absoluta opacidad y discrecionalidad; no obstante, como en este caso que ahora me ocupa, encontrarse puntualmente regulados en la misma Constitución o en alguna ley o en algún reglamento, como habitualmente sucede en los servicios profesionales de carrera del sector público.  

 

Así es que empiezo por recordar otra anécdota personal respecto al servicio profesional de carrera. Hace varios años me desempeñé como director general de una oficina de nueva creación en la Secretaría de Gobernación. Fue precisamente en ese sexenio en el que se inició en toda la administración pública federal el servicio profesional de carrera de manera general. Por lo que participé en el diseño de los programas y reactivos relacionados con la función a mi cargo, para su aplicación en los concursos de selección y promoción que entonces empezaron.

 

Puesto que mi plaza estaba entre las que eran materia de concurso participé, igualmente, en el proceso correspondiente como servidor público de carrera, me sometí a los exámenes de rigor y pude mantenerme como director general durante diez años pues obtuve la inamovilidad en el cargo; siempre y cuando aprobara las evaluaciones periódicas, lo que por fortuna sucedió.

 

Hasta que vino un cambio de administración y de partido político en el poder ejecutivo federal. La nueva persona titular de la entonces subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos a la cual estaba adscrita mi oficina, simplemente nunca me recibió para acordar sobre los asuntos de la dirección general a mi cargo. Hasta que dos o tres semanas después la entonces directora general de Recursos Humanos de la secretaría de Gobernación vino a mi oficina a pedir mi renuncia, misma que entregué pues era evidente que no había manera de continuar en el cargo. Supe entonces que hubo personas que se resistieron y salieron materialmente cargados con todo y chivas.

 

No omito señalar que hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, “Política Públicas en Democracia” (2006), en el que se señala como uno de los éxitos de la administración a la que serví precisamente uno de los servicios que se crearon, innové, mantuve y acrecenté durante mi gestión: el Registro Nacional de Avisos de Testamento. 

 

La dirección general fue convertida en dirección general adjunta, fue vaciado su contenido -aunque creo que todavía queda la campaña anual “Septiembre, Mes del Testamento”- y yo me fui a trabajar como investigador, primero, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, después al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, y luego a otros centros de investigación y docencia donde continúo estudiando y publicando sobre temas electorales y otros más acerca de gobierno y asuntos públicos.

 

El caso es que recientemente más salió publicada una vez más la convocatoria abierta para la elección de consejeras y consejeros del INE, así es que una vez más acudí ya no a llevar los documentos que respaldan mi nota curricular y mis libros, sino solamente a enviarlos escaneados porque todo el procedimiento ha sido por vía digital, como ahora se acostumbra.

 

Al igual que la vez pasada, llegamos más de quinientos aspirantes que presentamos examen en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La ocasión anterior hubo preguntas relacionadas con la Estadística Electoral, es decir sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de los datos. Así es que ahora mejor tomé clase de Matemáticas, Álgebra y Estadística para presentar este nuevo examen. Pero por fortuna no hubo ninguna pregunta de ese tipo, pues a diferencia del anterior se trató de un examen dirigido exclusivamente a abogados constitucionalistas y de defensa de los derechos humanos, electoralistas también y con algunas preguntas de historia política el país. Pan comido, según yo.

 

Supuse al terminar que había contestado bien por lo menos 75 de las 80 preguntas, así es que al salir del salón de sesiones muy tranquilo me fui a tomar un refresco a un restaurant ahí mismo en San Lázaro. El examen lo contestamos en las computadoras que las y los diputados tienen en su curul, sin posibilidad de tomar fotos de las preguntas y respuestas pues tuvimos que dejar los teléfonos celulares antes de ingresar al salón de sesiones. A diferencia de otros exámenes en el Poder Judicial Federal en los que hay hoja de respuestas en papel, que uno lleva a un lector óptico que de inmediato publica en una pantalla el resultado; aunque aquí había una pantalla gigante y el examen fácilmente pudo ser calificado de inmediato y publicado el resultado, nada de esto sucedió.

 

Al día siguiente, por la tarde, mientras festejaba con mi esposa en un restaurant el Día Internacional de la Mujer, empezó a aparecer y reaparecer en el WhatsApp de mi celular la primera lista con las calificaciones del examen. En lugar de 75, supuestamente solo había tenido 64 aciertos. Me sorprendió muchísimo ese resultado, así es que busqué la calificación de aspirantes que conozco y respeto por su valía profesional y encontré que también tenían bajas calificaciones.

 

Si usted es lector(a) mexicano(a) de este artículo y acostumbra a leer la prensa nacional, ya se habrá enterado que trascendió que hubo en el examen personas acompañadas del debido “acordeón”, pero también que las mejores calificaciones las obtuvieron aspirantes que son militantes del partido en el poder o familiares cercanos de funcionarios del gobierno, por cierto, sin antecedentes de estudios jurídicos ni obra publicada por tales “expertos” jurídicos.

 

Debo decir que la opacidad y la discrecionalidad fueron la regla en el examen, no solo por la falta de calificación y publicidad inmediata del resultado a que ya me he referido, así como por el hecho de que los sustentantes no pudimos conservar un testigo documental o digital de las preguntas y respuestas. Sino también, por el hecho de que, aunque entregamos una versión pública de nuestra nota curricular, además de una versión en formato abierto, ni siquiera la versión pública ha sido hecha pública.

 

Tampoco han sido publicados ni la exposición de motivos ni el ensayo que cada uno de nosotros entregó. Así es que por lo menos queda la duda sobre la idoneidad y rigor de los escritos presentados por quienes siendo afines al gobierno en turno obtuvieron tan altas calificaciones; a lo mejor ni siquiera presentaron esos documentos o lo que presentaron son escritos cuyo contenido nada tiene que ver con la materia del concurso.

 

Desde luego que de manera muy pomposa la convocatoria pública abre la posibilidad de impugnar el resultado del examen y señala una fecha improrrogable para hacerlo. Después de identificarse para acceder al micrositio sobre este concurso en la página web de la Cámara de Diputados, aparecen las respuestas que supuestamente uno contestó mal. Pero, como ya dije, no hay testigo documental o digital contra el cual comparar. Ellos, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación dicen que contesté mal 16 preguntas; yo digo que a lo mejor solo contesté mal cinco. Pero es la palabra de ellos contra la mía. Estoy seguro que es el caso de varias decenas o centenas de expertos operadores jurídicos electorales que, además, tienen estudios de posgrado, que los que obtuvieron las más altas calificaciones no tienen. Pero se trata, éstos, de gente muy bien apalancada.

 

¿Por qué digo que es una tragedia todo esto? Porque ante la absoluta y total falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación en el desempeño de su encargo, se abre la posibilidad real, inminente, de que la autonomía, independencia e imparcialidad de la autoridad electoral administrativa desaparezca totalmente. 

 

Los nuevos consejeros electorales serán aliados del poder político en turno y estarán sometidos a su propósito de perpetuarse en el poder, manipulando los votos de los electores; como todo hace suponer que ahora han sido manipulados los resultados de los exámenes de 504 especialistas en la materia constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos, llegados de instituciones y tribunales electorales de todo el país. Una verdadera tragedia para la democracia mexicana.  

 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2023.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México), con estancias posdoctorales en las universidades de Alcalá (España) y de Colorado Springs (EUA); Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México; licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es autor entre otros de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (UNAM. Trillas); Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Tirant lo Blanch); Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México (tres tomos) (Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo”) y Las Reformas de 1996 (Centro Tamayo), estos cuatro libros integran dos tomos de la Enciclopedia Parlamentaria de México (Cámara de Diputados). 

Es coordinador y coautor de la colección Temas de Derecho Procesal Electoral (tres tomos) (Secretaría de Gobernación). Es coautor de quince libros de la colección “Monitor Democrático” publicada por la Facultad de Derecho de la UNAM, el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX) y diversas autoridades electorales federales y locales.