Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Con motivo de los resultados electorales locales de hace unos días y con el propósito de evaluarlos, el pasado martes 14 de junio hubo en la sede nacional del partido político surgido de la Revolución Mexicana de 1910 -a cuyo nacimiento ya me he referido en estas páginas digitales recientemente-, una reunión de once expresidentes y el presidente en funciones del Partido Revolucionario Institucional, de la que con mayor o menor lujo de detalles han dado cuenta los periódicos nacionales. Como son cuestiones que luego se olvidan muy rápido por la opinión pública, creo conveniente abundar en este tema y analizar sus diversas aristas que son muchas y no solo internas al PRI.
Estuvieron presentes también en dicha reunión los coordinadores del grupo parlamentario de ese partido tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, así como la secretaria general del partido y un legislador decano, Augusto Gómez Villanueva, que hace muchos años fue secretario general del partido cuando éste era presidido por otro decano de la política mexicana -y también político en activo, también muy activo-, Porfirio Muñoz Ledo. Por cierto, el presidente de la república en la época en que estos dos políticos decanos dirigieron el PRI todavía vive, Luis Echeverría Álvarez. Si mal no recuerdo, una de las señoras expresidentas presentes en dicha reunión, Beatriz Paredes Rangel, inició su carrera política en ese periodo como diputada federal, habiendo contestado uno de los informes de dicho presidente. Así es que fue una reunión que reunió a protagonistas de poco más de cincuenta años de historia política del país, por lo que no dejó de llamar la atención de los periodistas que la reseñaron y de quienes nos inclinamos a comentarla.
Habitualmente, en ese asunto de los resultados electorales quien reivindica la victoria es el dirigente del partido, pero también es a quien le toca pagar los platos rotos cuando de derrotas electorales se trata. Estuvieron ahí presentes varios dirigentes partidistas que renunciaron después de resultados adversos o por lo menos ofrecieron la renuncia. Así es que, si durante la gestión del actual dirigente partidista se han perdido casi todas las gubernaturas en competencia, resulta natural suponer que la reunión que duró cinco horas de evaluación pronto se convirtió en reclamo y exigencia de renuncia. Al parecer, la reforma de los estatutos partidistas durante la gestión del actual presidente de ese partido político le permite un mayor control centralizado de la estructura territorial del partido, por lo que el actual dirigente no solo no renunció, sino que en sendos desplegados publicados en la prensa nacional al día siguiente recibió el apoyo de los sectores -Obrero, Agrario y Popular-, órganos especializados y dirigentes locales de todas las entidades federativas del partido.
Sin embargo, las reseñas de prensa señalan que sí hubo acuerdos entre el presidente y los expresidentes de dicho partido. En primer lugar, el actual presidente se comprometió a no buscar la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2024 -intención que ya había adelantado-, así como permitir la apertura de todas las corrientes de expresión política al interior del partido en cargos de dirigencia. Aunque no se señalaron fechas, se convino en realizar una siguiente reunión para evaluar acciones y avances. Los ataques del gobierno en funciones en contra del presidente del PRI ya habían arreciado, entre otras razones, dicen, porque el PRI no votó a favor la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia de electricidad -no entro en detalles, pero ya he escrito varias veces sobre esa iniciativa de reforma constitucional-.
Destaca la prensa que ésta fue la primera reunión de este tipo en ese partido, pero creo que se puede agregar fácilmente que también en cualquier otro partido político nacional mexicano. Un estudio comparado de estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos tal vez nos pueda dar cuenta que las instancias de concertación política al interior de los partidos simplemente no existen o, si existen, no funcionan con agilidad suficiente para apagar fuegos internos y entonces se necesitan reuniones como ésta que comento. La Ley General de Partidos Políticos no regula nada al respecto. Quiere esto decir que la democracia interna de los partidos políticos mexicanos no es una prioridad. No solo en el caso del PRI sino de todos los demás partidos políticos, a empezar por el que gobierna a través de su fundador. Por lo demás, la Constitución y las leyes electorales se cuidan de no precisar con detalle eso de la democracia interna de los partidos políticos. Pero en mis libros de Derecho Electoral he escrito una y otra vez que no puede haber democracia auténtica sin democracia al interior de los partidos políticos.
El asunto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta el contexto de la tormenta al interior del PRI que acabamos de reseñar. De una parte, un presidente de la república carismático, populista, autoritario, sustentado por una mayoría absoluta en ambas cámaras federales, autor de una militarización creciente de la administración pública federal, titular de una administración pública con serias ineficiencias y denuncias de corrupción, así como un franco proceso de intervencionismo estatal en la economía con la consecuente eliminación de empresarios privados en la economía pública -excepto los empresarios favoritos-; intervencionismo gubernamental en asuntos político electorales, incluso con acciones penales; además de una reorientación que puede conducir a la ruptura de alianzas geopolíticas internacionales. En otras palabras, una regresión democrática y económica con un viraje geopolítico.
De otra parte, la alianza o coalición electoral de tres de los partidos políticos opositores más relevantes -PRI, PAN y PRD-, planteada al mismo tiempo como una coalición legislativa para frenar iniciativas presidenciales de reformas constitucional, denominada “moratoria constitucional”; alianza o coalición que tal vez les permita agregar a otros partidos opositores, particularmente a uno en ascenso -Movimiento Ciudadano- hacia: una candidatura común, un gobierno de coalición y un programa de gobierno común, como oferta electoral en las elecciones presidenciales de 2024. Alianza opositora frente a una coalición partidista gobernante que para este momento suma 22 de las 31 gubernaturas locales, cuando están por disputarse electoralmente dos entidades federativas -Estado de México y Coahuila- el año próximo y nueve entidades más en 2024.
Vista la tormenta al interior del PRI desde esta perspectiva, poco faltó para que a los once expresidentes del PRI se les hubieran agregado los presidentes del PAN y del PRD para ayudarlos a convencer al presidente del PRI en funciones a renunciar, o por lo menos a evaluar de manera objetiva, crítica y autocrítica el momento político que viven su partido y la alianza de partidos opositores al gobierno -que, según algunos, está cerca de lograr su hegemonía partidista si no es que ya la tiene-.
La verdad es que una reunión de todos los presidentes y expresidentes partidistas de las fuerzas políticas opositoras aquí mencionadas, así como de líderes sociales y empresariales opositores o críticos del gobierno en funciones, y otras voces nacionales y regionales representativas o con algo importante que aportar, no resulta mala idea para ampliar la alianza opositora -partidista, empresarial y social- que permita superar la visión patrimonialista de los feudos partidistas -orgullosamente abanderada por el partido gobernante-, en buena medida conocida o constatada hasta ahora.
La fuerza político electoral, económica, militar, social, organizacional y los recursos de diferente tipo con que cuentan el presidente de la república y su coalición partidista -que desde luego actúan al unísono siguiendo una sola voz-, hacen imposible -y no se necesita ser vidente para afirmarlo- que una oposición fragmentada pueda obtener alguna victoria electoral importante en las contiendas electorales por venir, particularmente las elecciones federales de 2024. Pero, de otra parte, difícilmente el electorado indeciso podrá pronunciarse a favor de la alianza opositora si se le ofrece más de lo mismo por parte de la oposición. El partido gobernante y el gobierno ofrecen programas sociales que reparten dinero en efectivo, así es que su electorado cautivo reitera su adhesión cada que cobra.
La diferencia puede estar -o necesariamente tiene que estar- en ofrecer un gobierno de coalición, por cierto, regulado ya en la Constitución federal pero nunca puesto en funciones. Gobierno de coalición con un programa de gobierno común, que empezaría a construirse y consensarse en reuniones como la que acabo de sugerir. Pero, sobre todo, ofrecer democracia interna al interior de cada uno de los partidos opositores coaligados. Aquí estaría la mayor diferencia, porque el partido gobernante, por instrucciones presidenciales expresas, adoptó ya como única forma de nominación de candidatos la realización de encuestas -en contra de las cuales, según ha declarado, están el propio canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal, porque saben de la fragilidad o facilidad del procedimiento para distorsionar la voluntad del electorado-. El dedazo presidencial de antes ahora se llama “encuestas”.
La democracia interna de los partidos políticos se materializaría en democracia al interior de la alianza opositora de manera muy sencilla: mediante el sistema electoral para elegir al candidato de unidad y ratificar su programa de gobierno pactado -para levantar el tiradero que va quedando como recuerdo de una “Cuarta Transformación”-. Cada partido postularía a su candidato, podría incluso postular hasta dos o tres, pero todos los candidatos harían campaña en todos los partidos; por lo que el candidato de unidad sería votado o electo por la militancia de todos los partidos -todo es que no terminen en batalla campal-. El responsable de organizar dichas elecciones internas partidistas podría ser, incluso, el Instituto Nacional Electoral, con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos como ya lo señalan la Constitución y la ley. El programa de gobierno común sería ratificado con su voto por las militancias partidistas, quienes igualmente votarían o elegirían a los titulares de las secretarías de Estado. Es decir, con un referéndum al interior de la alianza opositora. Esto es lo nuevo, cualquier otra cosa es más de lo mismo. Bueno, eso es lo que yo pienso y propongo con gran facilidad y confianza, puesto que no soy dirigente partidista y solo soy un observador de los procesos políticos del país sin más responsabilidad que la de mantener alguna coherencia lógica en las cosas que escribo y sugiero.
Ciudad de México, 20 de junio de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); El Presidencialismo Mexicano en la 4T (Universidad de Xalapa); Crónica de una dictadura esperada (Amazon); El presidencialismo populista autoritario mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato? (Amazon); coautor de los cuatro tomos de la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).
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