Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
En congruencia con el título de este artículo periodístico, sostengo como hipótesis de trabajo de investigación que la iniciativa de reforma constitucional, en materia eléctrica -que actualmente se discute en las sesiones o foros del Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara de origen del correspondiente proceso de reforma constitucional-, es un ejemplo más, por si hiciera falta, del carácter populista, autoritario, monopolista, expropiador y militarizante del gobierno ejecutivo en funciones y su mayoría parlamentaria, es decir, la autodenominada “Cuarta Transformación de la República (4T)”.
Empiezo por identificar en sus diversas dimensiones lo que varios estudiosos de esta forma de acción política, régimen político y/o ideología, entienden por populismo. Así es que empiezo en orden alfabético.
Federico Finchelstein, en su libro Del fascismo al populismo en la historia, señala lo siguiente: “Indagación histórica de cómo y porqué el fascismo se transformó en el populismo en la historia, este libro describe las genealogías dictatoriales del populismo moderno. Subraya también las diferencias significativas entre el populismo como forma de democracia y el fascismo como forma de dictadura” (página 23). Es un libro publicado por Editorial Taurus, México, 2018.
Para Ernesto Laclau -argentino, peronista, obviamente exégeta de esta forma de acción política y otras cosas-, en su libro La razón populista, publicado por el Fondo de Cultura Económica (Primera impresión por FCE Argentina en 2005, primera reimpresión por FCE España en 2018), afirma que “Pensar al pueblo como categoría social requiere una serie de decisiones teóricas…. Una primera decisión teórica es concebir al “pueblo” como una categoría política y no como un dato de la estructura social. Esto significa que no designa a un grupo dado, sino a un acto de institución que crea un nuevo actor a partir de una pluralidad de elementos heterogéneos…. La lógica de su construcción es lo que hemos denominado “razón populista”….. Debemos referirnos ahora a las condiciones históricas que hacen posible la emergencia y expansión de las identidades populares. Existen varias de estas condiciones, en su mayoría interrelacionadas, pero si tuviera que subsumirlas bajo un rótulo, el que elegiría sería el capitalismo globalizado…. Es por eso que el movimiento antiglobalización debe operar de una manera completamente nueva: debe postular la creación de lazos equivalenciales entre demandas sociales profundamente heterogéneas, al mismo tiempo que elaborar un lenguaje común entre ellas” (pp. 277-287). Tareas, por cierto, de las que el presidente de la república mexicano actual es un promotor excelente.
José Fernández Santillán, por su parte, en su libro Populismo, Democracia y Globalización, sostiene que “El populismo no es solamente un régimen político; es también una ideología…. Llama la atención que, después del estrepitoso fracaso del socialismo estalinista (1989-1991) que, como se sabe, actuó a nombre y por cuenta de un sujeto colectivo llamado “proletariado”, ahora los sistemas autocráticos vuelvan a aparecer, pero a nombre de un sujeto colectivo llamado “pueblo”. En esto consiste el ardid teórico en que nos quiere envolver Laclau… hay que poner de relieve que la democracia liberal tiene una visión conciliadora de la política…. la hegemonía que la democracia ejerció luego de la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991) está siendo desafiada por el avance del populismo a nivel global” pp. (192, 225, 227 y 235).
Para no extenderme con más autores, me quedo con los siguientes diez rasgos populistas que uno de los coautores del libro El estallido del populismo, coordinado por Mario Vagas Llosa (Editorial Planeta, Barcelona, España, 2017), describe así:
“1. El exclusivismo: sólo nosotros somos los auténticos representantes del pueblo. Los “otros” son los enemigos del pueblo. 2. El caudillismo: se cultiva el aprecio por un líder que es el gran intérprete de la voluntad popular. 3. El adanismo: la historia comienza con ellos. 4. El nacionalismo: una creencia que conduce al proteccionismo o a dos reacciones aparentemente contrarias. El aislacionismo para no mezclarnos con los impuros o el intervencionismo para esparcir nuestro sistema superior de organizarnos. 5. El estatismo: es la acción planificada del Estado y nunca el crecimiento espontáneo y libre de los empresarios lo que colmará las necesidades del pueblo amado, pero necesariamente pasivo. 6. El clientelismo: concebido para generar millones de estómagos agradecidos que le deben todo al gobernante que les da de comer y acaban por constituir su base de apoyo. 7. La centralización de todos los poderes. 8. El control y manipulación de los agentes económicos. 9. El doble lenguaje. 10. La desaparición de cualquier vestigio de cordialidad cívica” (énfasis propio) (pp. 93-95).
El gobierno federal ejecutivo en funciones y su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión hoy, en México, satisfacen con creces estos rasgos. Particularmente, como lo puede observar cualquier persona que consulte en el canal del Congreso, YouTube o Internet, cualquiera de las sesiones o foros del Parlamento Abierto, para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, a la que ahora me refiero.
Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1928, se expidió el Código Eléctrico, y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En ambos ordenamientos secundarios se permitía la intervención de los particulares en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad fue fundada, durante el gobierno de Cárdenas, en 1937, pero compartía estas actividades con los particulares. Fue hasta después de la “mexicanización” de la industria eléctrica, cuando durante el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando surge la idea del monopolio estatal.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mediante una interpretación constitucional en sede legislativa -como sucede en todos los sistemas jurídicos-, el monopolio de la CFE se circunscribió a la transmisión, distribución, atención y cobro al consumidor final, mediante la reforma a la ley secundaria en la materia. Por lo que se permitió la generación de energía a productores privados, mediante la celebración de contratos con la CFE -y sólo con la CFE-, ahora llamados “contratos legados” -después de la reforma constitucional que ahora se pretende modificar-.
Sucede que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de la firma del Pacto por México -suscrito por los partidos políticos con legisladores en el Congreso de la Unión, donde ninguno tenía mayoría-, en 2013, se reformó la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 para regular con puntualidad, entre otras muchas cosas, la participación de los particulares en la industria eléctrica. Para lo cual, se crearon órganos reguladores con autonomía constitucional, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, así como otros órganos previstos en la Constitución para asegurar y regular la competencia en este mercado de energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía.
La reforma constitucional y sus leyes secundarias establecieron, entre otros mecanismos para asegurar e incentivar la inversión de los particulares en la generación de energía eléctrica, el mecanismo de las subastas de energía; mismas que fueron suspendidas desde el primer día hábil de la actual administración federal. Durante una de sus prolongadas intervenciones en el segundo de los foros del Parlamento Abierto -el primero fue con la participación casi exclusiva de los gobernadores del partido mayoritario u oficialista, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México-, el director de la CFE reconoció expresa y puntualmente que la reforma constitucional de 2013 tardó tres años en ponerse en operación, pues antes había que expedir la legislación secundaria y empezar a trabajar bajo la nueva regulación. Así es que si las subastas -una de las piezas operativas centrales de la inversión privada- fueron suspendidas desde el 3 de diciembre de 2018, queda claro que la reforma constitucional de 2013 sólo tenia dos años de operación a plenitud, antes de ser suspendida de facto por la nueva administración. La modificación sexenal de los cambios de largo plazo nunca ha sido una estrategia conveniente para asegurar el desarrollo nacional.
El gobierno actual pretende ahora “constitucionalizar” la suspensión de facto de las disposiciones constitucionales vigentes -que era su obligación cumplir y hacer cumplir-. Para algunos podría parecer un legalismo fácilmente superable, gracias a la mayoría parlamentaria del gobierno actual y a su amenaza expresa y reiterada de movilizar a la sociedad para defender la soberanía y seguridad energéticas -como ellos las entienden-, es decir, lograr a como tenga que ser -por ejemplo, bloqueando el acceso a los recintos legislativos o entrando a caballo a su interior, como muchas veces lo han hecho antes como estrategia de movilización política-, la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional.
Pero sucede también que, como ha quedado claramente señalado y probado reiteradamente en los foros del Parlamento Abierto por numerosos expositores que están en contra de la reforma, no sólo ha bajado el costo de la generación de energía, sino que esto no se ha reflejado en el recibo de pago porque el presidente de la república ha ordenado que el alza del servicio eléctrico sólo se haga en función de la inflación -siempre hay inflación y actualmente tenemos la más alta desde hace muchos años-. Además de que, como también han reiterado varios expositores, la tarifa no se ha reducido a pesar de la baja en el costo de la generación de energía, porque los servicios de transmisión y distribución -que son un monopolio natural de la CFE-, son obsoletos y sin crecimiento alguno durante esta administración. Por lo que no reducir la tarifa sino subirla conforme a la inflación permite obtener ingresos para financiar a la CFE. Pues, en efecto, hay 73 mil millones de subsidio anual a esta empresa, según se ha dicho y reiterado. Lo que indica que la energía de todos modos la pagamos los contribuyentes o con nuestro recibo o con nuestros impuestos o mediante ambos.
Parece que hasta el momento apenas empiezo en la demostración del primero de los rasgos mencionados inicialmente: populismo, autoritario, monopolista, expropiador y militarizante. Espero que en una siguiente colaboración pueda avanzar bastante para lograr mi demostración y convencerlo a usted de la pertinencia de mis afirmaciones.
Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (París, Francia) y doctor en Derecho (CdMx, México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (Alcalá, España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (Colorado, EUA); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF, México); maestro en Administración de Empresas (Estado de México, México); licenciado en Derecho (UNAM, México); autor de libros de derecho público, privado y social.
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