El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) recibió a líderes obreros y magisteriales del Bajío, así como representantes sociales de San Luis Potosí y Michoacán, para recoger sus quejas de acoso, amenazas, fabricación de delitos y otros e intervenir en esta “nueva era en la que se democratizan los sindicatos”.
El legislador expuso en conferencia de prensa: “sabemos que hay resistencias, vamos a allanar el camino, sobre todo las autoridades que no están acostumbradas y creen que es una balcanización de los sindicatos, que no los comprenden y que son incompatibles con la etapa democrática de la transformación y por eso están aquí, con sus quejas; ellos han estado como dirigentes en las juntas y tribunales para vigilar que se respeten sus derechos laborales”.
Francisca Reséndiz, secretaria de los Trabajadores al Servicio del Estado en San Luis Potosí informó que los delitos de acoso, amenaza y fabricación de delitos fueron llevados en su caso, incluso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Explicó que en la 111 Convención de Asambleístas denunció las violaciones a los derechos de trabajadores de México, por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, presentó tres denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo para proteger los derechos laborales de sus agremiados
Denunció que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha cometido delitos como retención ilícita de sueldos y recursos sindicales, así como “amedrentamiento a nuestras compañeras discapacitadas de seguridad y persecución política en contra de integrantes del comité ejecutivo, la represión policial en estas manifestaciones e institucional a nuestras guarderías y centros escolares, y un adeudo general de más de 69 millones de pesos”.
Edna Sandoval González del Sindicato Nacional. de Trabajadores Administrativos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ratificó las denuncias por intromisión del INAH y sus autoridades en la vida sindical, presentando actos de acoso y hostigamiento hacia los sindicatos y sus miembros, incluyendo a segmentos de cárteles del narcotráfico.
“Nosotros tenemos registro y toma de nota. No tenemos participación real dentro de la toma de decisiones colectivas dentro del sindicato, no recibimos apoyos, que otros sindicatos sí reciben, y eso significa que los derechos de los trabajadores agremiados a nosotros, son limitados en su acción y en su práctica”.
María Luisa Sáinz, del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán, destacó: “tenemos trabajadores que están en las tierras bajo condiciones de hostigamiento por el crimen organizado; estamos solicitando que a estos trabajadores se les garantice su protección: la protección a la vida, a la salud, al trabajo, pero la institución ha hecho caso omiso a estas denuncias y tenemos muchas denuncias más de diferentes tipos. Esto es sólo una muestra del panorama que el Instituto está viviendo y haciendo caso omiso, vulnerando los derechos de los trabajadores y hostigando de diferentes maneras”.
JCHW
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