Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Eso de reformar la Constitución, de un tiempo para acá, se volvió el deporte favorito de los presidentes de la república. Pero, como me propongo comentar en seguida, se trata de una afición deportiva que tiene su historia y sus dificultades para que, al final de cuentas, salga bien y sirva para algo que, si no resulta tan bueno, por lo menos parezca necesario, aceptable o útil. Aunque, como veremos más adelante, esto no siempre ha sido así y menos ahora durante la autodenominada Cuarta Transformación de la República, mejor conocida como 4T.
Cuando el nuevo presidente salía del gabinete y había conocido con alguna o bastante cercanía los problemas del gobierno y la administración pública que requerían de una reforma constitucional, pues una vez llegado a la presidencia se inmediato enviaba su paquete de reformas constitucionales para modificar -a veces mucho, a veces poquito- la Constitución que acaba de protestar cumplir y hacer cumplir.
Además, durante la campaña presidencial, donde el candidato presidencial del partido hegemónico, prácticamente único, recorría el país atravesando arcos triunfales y recibiendo la ovación de las masas ciudadanas, pues recibía múltiples peticiones y quejas que le permitían, de una parte, confirmar la necesidad de las reformas constitucionales que ya desde antes había pensado necesarias, o que, por otra parte, le permitían imaginar otras nuevas que no se le habían ocurrido.
Si tiene usted en cuenta que el partido entonces mayoritario tenía mayoría suficiente en ambas cámaras federales y en todas o casi todas las legislaturas locales, pues le resultaba más que sencillo alcanzar la mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes de los integrantes de las dos cámaras federales y la mitad más una de las legislaturas de los estados de la república, para rápidamente reformar la Constitución como mejor le pareciera.
Los diputados y los senadores del partido entonces mayoritario eran nombrados candidatos o palomeados en las listas que pasaban de la Secretaría de Gobernación al partido mayoritario, así es que puede usted imaginar que con especiales ganas unos y otros, diputados y senadores, emitían su voto a favor de las iniciativas de reforma constitucional que enviara el señor presidente. Ahora ya no hay listas, hay encuestas. Así es que solo hay que estar bien con el que manda hacer las encuestas, es decir, el que las paga -y supongo que usted ya sabe quién es-.
Las cosas empezaron a cambiar cuando el partido hegemónico dejó de serlo para convertirse solo en un partido dominante, con mayoría, pero ya sin ser el único que decidía lo que se tenía que reformar en la Constitución y las leyes secundarias que debían aprobarse también.
Incluso, se pensó que cuando el presidente dejó de tener mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, ese deporte presidencial iba a desaparecer, pero sucedió todo lo contrario. Así es que, imagínese usted, ahora que el presidente tiene mayoría en ambas cámaras -mayoría absoluta, ciertamente, pero al fin y al cabo mayoría -, imagínese, repito, la cantidad de reformas y de leyes que puede lograr que se aprueben.
Además, el presidente actual hizo tres campañas presidenciales después de haber sido nada menos y nada más que jefe de gobierno de la ciudad capital de la república. De tal forma que era de suponerse que traería un paquete enorme de reformas constitucionales a proponer al Congreso de la Unión al día siguiente de haber rendido protesta como presidente de la república.
No está por demás recordar que, desde que se aprobó la reforma a la Constitución de 1857, mejor conocido ese documento como Constitución de 1917, pues se dijo que era un modelo ideal de lo que debería ser el país y, por lo tanto, era al mismo tiempo un programa de gobierno; que si bien hasta la fecha todavía no llega a cumplirse, pues por lo menos sirvió de guía o de bitácora de las cosas que cada nuevo gobierno se debería proponer hacer o alcanzar, una vez que el presidente había ganado las elecciones y la mayoría en las cámaras, como ya dije.
Una 4T pues iba a necesitar muchas reformas constitucionales. Solamente que, para sorpresa de muchos, entre los cuales me incluyo, el presidente no traía su paquete de reformas constitucionales bajo el brazo, ni a la mano como si fuera baraja. Así es que durante los primeros tres años de gobierno de la 4T este asunto de las reformas constitucionales ha funcionado así: el primer año hubo siete reformas constitucionales, el segundo hubo cuatro y el tercero hubo siete más, en total, dieciocho.
Independientemente de si son muchas o son poquitas, primero habrá que ver por lo menos cómo fueron preparadas y de qué tratan. Así es que, aunque las comparaciones son odiosas, dicen, pues hay que compararlas con las reformas durante el gobierno de su predecesor; las cuales fueron planeadas, una vez que el entonces presidente electo ganó la elección presidencial, mediante un proceso de concertación y acuerdo político con los partidos que eran sus opositores, al que se le llamó “Pacto por México”.
Claro que el actual presidente, a diferencia del anterior, sí tiene mayoría en ambas cámaras. Así es que como que mucha necesidad de andar concertando con sus opositores, además de que no se le da, no es lo suyo -más bien lo contrario, a juzgar por lo que dice todas las mañanas en el Palacio Nacional-, pues no la tiene.
Además, a este presidente eso del Estado de Derecho tampoco se le da. Primero, porque no es licenciado en Derecho sino en Ciencia Política y Administración Pública. Segundo, porque dice que es de izquierda -aunque inició su carrera política como miembro activo y dirigente estatal del entonces partido hegemónico en su entidad natal-; ideología política que tradicionalmente tampoco le apuesta mucho -en países subdesarrollados como el nuestro- a eso de respetar las reglas del juego, llamadas principios jurídicos, para llegar al poder y ejercerlo.
De tal forma que, para acabar pronto, ni hubo una planeación y programación de las reformas constitucionales necesarias a ser discutidas y aprobadas en las cámaras legislativas -que se supone que, entre otras cosas, para eso son-; y, menos aún, hubo una concertación con los partidos opositores para preguntarles algo así como que qué reformas les parecían bien o qué opinaban de las que pensaba enviar el presidente electo a las cámaras.
Así fue como llegamos a las siete primeras reformas: 1) En materia de extinción de dominio (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14-03-2019); 2) En materia de Guardia Nacional (DOF de 26-03-2019); 3) En materia de prisión preventiva oficiosa (DOF de 12-04-2019); 4) En materia educativa (DOF de 15-05-2019); 5) En materia de paridad entre géneros (DOF de 06-06-2019); 6) En materia de reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanos (DOF de 09-08-2019); y 7) En materia de consulta popular y revocación de mandato (DOF de 20-12-2019). Dos en materia penal (extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa), una en materia de seguridad pública (Guardia Nacional), una para echar abajo la anterior reforma constitucional en materia educativa, dos supuestamente democratizadoras (revocación y extinción de dominio, así como paridad de género) y, una más, en materia digamos que simbólica (afromexicanos).
En el segundo año, tuvimos las siguientes reformas, para continuar la numeración: 8) En materia de condonación de impuestos (DOF de 06-03-2020); 9) Para establecer un sistema de salud para el bienestar (DOF de 08-05-2020); 10) En materia de movilidad y seguridad vial (DOF de 18-12-2020); y 11) En materia de juventud (24-12-2020). Tenemos así una reforma para movilizar al electorado en contra de los ricos a los que se supone ya no les van a condonar impuestos, pero les siguen dando todos los grandes contratos de obras y compras públicas (¿a quiénes otros?); otra para desmantelar el sistema de salud por uno que ya ven ustedes cómo está; la de movilidad y seguridad vial más bien parece otra reforma policiaca; y la de juventud para intentar movilizar al electorado que empieza a votar.
Durante el tercer año: 12) En materia de fuero (DOF: 19-02-2021); 13) Sobre el Poder Judicial de la Federación (DOF: 11-03-2021); 14) En materia de nacionalidad (DOF: 17-05-2021); 15) Para cambiar el nombre de Michoacán por el de Michoacán de Ocampo (DOF: 17-05-2021); 16) Para cambiar el nombre de Veracruz por el de Veracruz de Ignacio de la Llave (17-05-2021); 17) En materia de partidas secretas (DOF: 17-05-2021); y 18) En materia de seguridad privada (DOF: 28-05-2021). Aquí tenemos una reforma en materia de fuero, para que todo siga igual; otra, para intentar la prórroga del mandato del presidente de la Corte y, si se puede, también del de la república; una más en materia de nacionalidad que para nada me incumbe, pues soy mexicano indígena; dos simbólicas, por llamarlas de alguna manera; otra más para movilizar al electorado creyente (partidas secretas); y la de seguridad privada, que bien podía haberse evitado con una buena regulación legislativa.
Desde luego que cada reforma merece un análisis de fondo, al que ya estoy dedicado para redactar por lo menos un artículo para revistas universitarias. Pero, además de la metodología autoritaria para su aprobación -de la que por ahora no entro en detalles-, habría que ver su verdadera inutilidad para resolver los grandes problemas nacionales; con la excepción, hasta el momento de dos (Educativa y Salud), que lejos de resolver problemas nacionales los complican de manera exponencial al desmantelar lo que estaba funcionando.
Así es que, desde mi muy particular punto de vista, las reformas constitucionales de la 4T sirven para muy poco, como no sea para hacer creer a los lectores cautivos, fieles y creyentes, de que puedan servir para algo.
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (EUA); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF); autor de libros de derecho público, privado y social.
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