Ciudad de México, 3 de junio de 2026. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las recientes acusaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado deben obligar al Estado mexicano a investigar y sancionar a los responsables, independientemente de su militancia partidista.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que más allá de si las investigaciones involucran a uno, dos o más gobernadores, lo verdaderamente importante es fortalecer las instituciones para evitar que continúe la protección a criminales y presuntos narcopolíticos.
“Si de verdad queremos hablar de soberanía, esta situación debe obligarnos a investigar y a sancionar a los políticos ligados con el narcotráfico, más allá de su militancia partidista, más allá de si forman parte o no del mismo partido que hoy gobierna”, sostuvo.
López Rabadán consideró lamentable que los señalamientos contra funcionarios y políticos mexicanos provengan del extranjero, al señalar que en México no existen mecanismos institucionales suficientemente eficaces para combatir los presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado.
La diputada advirtió que las acusaciones recientes no se limitan a personas relacionadas con actividades ilícitas en Sinaloa, sino que podrían extenderse a otras entidades del país, por lo que calificó la situación como un señalamiento “brutal” que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
Asimismo, cuestionó que, pese a los señalamientos públicos sobre presuntas alianzas entre actores políticos y organizaciones criminales, no existan investigaciones objetivas que ofrezcan certeza a la ciudadanía.
“Es inaceptable que, habiendo señalamientos claros de componendas, alianzas y vínculos con los cárteles, no haya una investigación objetiva que dé certeza a los propios mexicanos”, expresó.
La legisladora panista afirmó que la verdadera soberanía radica en contar con fiscalías e instituciones capaces de investigar y sancionar cualquier conducta ilícita, sin importar el cargo o la filiación política de los involucrados.
Finalmente, advirtió que proteger a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico genera un ambiente de impunidad que afecta la confianza ciudadana en las instituciones y debilita el Estado de derecho.
“Si en lugar de sancionarlos los proteges, lo que generas es un ambiente político de impunidad, donde parece que no pasa nada sin importar la gravedad de los hechos”, concluyó.
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