Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Para quienes lean estas páginas digitales desde fuera de la República Mexicana y les interese saber algo acerca de la lucha por el poder político en México, estimó conveniente informarles que nos encontramos en un proceso electoral para renovar autoridades -20 mil cargos públicos- en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Para quienes leen estas líneas dentro del país, saben muy bien que las elecciones se llevan a cabo en una cancha muy dispareja y con árbitros electorales de dudosa imparcialidad.
Así es que modalidades y resultados del primer debate que tuvo lugar el domingo pasado entre las dos damas candidatas presidenciales -auténtica innovación democrática, pues una de ellas va a ganar- y el candidato varón, se explican de la manera más natural en este contexto de cancha dispareja que algunos no dudan en llamar elección de Estado; para hacer notar tanto el monto cuantioso de recursos y apoyos con que cuenta la candidata presidencial del partido gobernante -uno de cuyos coordinadores de campaña y voceros es nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inmediato anterior-, así como la imposibilidad de investigar su origen y sancionar oportunamente a quienes hayan infringido las leyes electorales en materia de financiamiento de campañas -si es que los autores forman parte de la coalición partidista gobernante-.
En las autocracias centroamericanas y sudamericanas, donde solo gobierna una persona sin necesidad de rendir cuentas -a las que cada día nos parecemos más-, persiguen, inhabilitan, asesinan o expulsan del país a los candidatos presidenciales opositores; en Cuba no es necesario porque es una dictadura donde hay un solo partido, el Partido Comunista de Cuba; en Rusia, Vladimir Putin -cuyos soldados vinieron a desfilar en la Ciudad de México el 16 de septiembre del año pasado junto con soldados de China, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba (puras “democracias” de izquierda)- ganó con el 87% de los votos, a pesar de la guerra contra Ucrania y sus consecuencias para toda la población de su propio país.
En el debate presidencial del domingo pasado muy fácilmente fue posible advertir las consecuencias de una competencia desigual. La candidata oficial lució altiva, arrogante, segura de que nada de lo que se le pudiera imputar -y se le imputó- como infracción podría ser probado y castigado, puesto que las indagatorias corresponden al gobierno que la postula y respalda. En tanto que la candidata opositora en algunos momentos lució nerviosa e incómoda, pues sabía que sus mejores argumentos y acusaciones -por lo demás bien conocidos de antemano, pero al parecer sin causar efecto alguno (creo que ya nada nos asombra)- no serían motivo de investigación por ninguna autoridad.
Por razón natural, el nerviosismo de la candidata opositora pudo corresponder más bien a los actos de violencia que nuevamente, recientemente, se han presentado en las campañas electorales en contra de personas que aspiran a cargos públicos y sus familias sin que para nada hayan sido castigados, mucho menos hayan podido ser evitados -pero también hay agresiones violentas a diferentes servidores públicos de índole administrativa, como la más reciente a uno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-.
Razones suficientes para que el nerviosismo de la candidata presidencial opositora la situara tan lejos de su habitual autenticidad, espontaneidad y efectividad comunicativa, puesto que en los días anteriores al debate circuló en redes sociales lo que se puede entender como un aviso evidente de que su familia más cercana está siendo observada y exhibida. Así es que quienes esperaban un nocaut técnico se tuvieron que conformar con una decisión unánime a su favor -aunque después de ver bien el debate y escuchar de nuevo las preguntas, ya saben quién se inconformó con el resultado, como veremos más adelante. Lo que puede hacer suponer fundadamente que a lo mejor sí hubo nocaut, pero que no fue tan aparatoso-.
Con respecto al candidato varón en discordia, baste señalar que entre sus propuestas incluyó la solicitud -entre ruego y exigencia- de que sean aprobadas cuanto antes las iniciativas de reforma constitucional y legal que el presidente de la República presentó apenas el 5 de febrero pasado; que desde luego ya forman parte de la oferta de gobierno de la candidata presidencial del partido gobernante. Mejor apoyo a su oferta política no podía haber esperado de su opositor en la contienda la candidata oficial.
Desde luego que el formato del debate presidencial impidió no solo la presentación por ellos mismos -de la y el candidato que son opositores; bueno, el candidato varón supuestamente opositor-, quienes tuvieron que ocupar algunos preciosos segundos de su tiempo disponible para presentarse ante el electorado nacional. Obviamente la candidata oficial no necesitaba mucha presentación, pues todo el territorio nacional ha estado inundado con su imagen y leyendas de apoyo desde hace varios meses -nada más un par de años-.
Inicialmente los temas del debate eran Educación, Salud y Seguridad -una mina de oro para constatar promesas no cumplidas-. Pero surgieron otros temas, además de que las promesas incumplidas fueron exhibidas a través de una serie de preguntas seleccionadas de antemano, propuestas por la ciudadanía, provenientes de tres regiones geográficas del territorio nacional. Estas series de tres preguntas impidieron, o por lo menos restaron tiempo a los debatientes, para poner mayor atención a sus propias propuestas y explicar su oferta política. Por lo que hubo temas que ellas y él apenas alcanzaron a bosquejar.
Los periodistas invitados como moderadores jugaron un honroso papel de maestros de ceremonias y lectores de las preguntas recibidas, sin mayor intervención adicional para moderar efectivamente el debate. Restricciones impuestas tal vez por el temor de que alguno de ellos pudiera formular preguntas o tener intervenciones incómodas o sesgadas que finalmente favoreciesen o perjudicasen a alguna o algunos de los contendientes.
A pesar del formato del debate, la candidata opositora pudo plantear una serie de denuncias sobre actos de corrupción y negligencia en sus funciones, atribuidas tanto a la candidata oficial como al propio presidente de la República y a sus hijos; pero no habiendo tiempo suficiente para insistir y enfatizar, ni haber acusado recibo la candidata oficial aludida, aparentemente las acusaciones pasaron desapercibidas, en un contexto en el que ambas candidatas se cruzaron acusaciones. Por cierto, la candidata opositora respondió a cada uno de los señalamientos que le fueron hechos por la candidata oficial, pero ésta no se dio por aludida ni consideró necesario respaldar una airada respuesta: “es falso”. Más aún, un observador acucioso da cuenta en un artículo editorial (“Reforma”, 10 de abril de 2024) de una seña obscena de la candidata oficial al ser cuestionada -por lo menos una forma de burlarse del cuestionamiento… y de quienes veíamos el debate-.
Hubo postdebates en la televisión para analizar los pormenores del debate entre candidatas y candidato presidenciales y pronunciarse sobre sus detalles. En el canal comercial que pude ver, los postdebatientes prácticamente coincidieron todos en señalar que la ganadora del debate había sido la candidata oficial -tal vez porque no fue noqueada, como muchos esperaban-, pero ninguno hizo alusión a la cancha dispareja o elección de Estado, ni a los demás datos que me ha parecido importante aquí introducir al análisis.
En la prensa del día siguiente, salvo contadas excepciones, los aplausos también fueron para la candidata oficial. O se trata de una candidata con tal arrastre y carisma -lo que no me parece que ocurra-, o resulta que la cancha dispareja incluye ya también a los opinadores y comentaristas de los medios de comunicación -respecto al control de los medios de comunicación también me he referido en páginas digitales anteriores-.
Desde luego que el formato no permitía réplica y menos contra réplica -ni mayor intervención de los supuestos moderadores-, por lo que cada candidato contestó las preguntas que quiso -sobre todo la candidata oficial-, sin tiempo suficiente para abundar en sus propuestas, insisto. Pero, ahora resulta que el presidente de la República -como acostumbra- se victimiza porque las preguntas mostraron por sí mismas -de manera evidente- las deudas que el gobierno actual tiene con quienes lo eligieron. Creo que finalmente se dio cuenta de que habían perdido el debate él y su candidata.
Una reflexión final respecto al efecto del debate -éste y los dos que faltan- en la intención de voto de los electores. Desde luego que debates, encuestas y demás propaganda política se inscriben en la mercadotecnia electoral para posicionar o “vender” la imagen de las y los candidatos. En principio, a la luz de experiencias nacionales -e internacionales- pasadas, me parece difícil que el resultado de un debate televisado defina el resultado de una elección, pues en éste hay muchos otros factores que intervienen.
Supongo, o más bien deseo, que la intención de voto dependa, esencialmente, de la cultura política democrática de los electores, es decir, de su interés y capacidad de análisis de las propuestas de gobierno, personalidad y comportamiento de los candidatos, gestión de gobierno de quienes han gobernado y solicitan nuevamente su voto y, desde luego, el contexto nacional e internacional. Pero reconozco que esto no pasa de ser una suposición o a lo sumo un buen deseo. Pues los resultados electorales se definen de otras muchas maneras, tanto de parte de los propios electores como de los operadores político-electorales, pero fundamentalmente de éstos, sobre todo los que tienen a su disposición la estructura y recursos gubernamentales.
Regreso al debate del domingo para resumir de manera esquemática su contenido: la candidata oficial no reconoció un solo error de la gestión de gobierno que ahora será evaluada por los electores y aseguró que todo será por lo menos mejor -no dijo que los servicios de salud iban a estar mejor que en Dinamarca, pero sí dijo que la población está muy satisfecha con el IMSS Bienestar-; sin entrar en muchos detalles -a una pregunta específica sobre fuentes de financiamiento solo afirmó: “tenemos presupuesto”-. La candidata opositora hizo denuncias y formuló propuestas -algunas incompletas que incluso se prestaron a confusión, pues no pudo detallar procedimientos de designación de directivos de órganos autónomos, por ejemplo-.
Además de la violencia política de la que todos nos damos cuenta -y por la misma- percibo un clima político enrarecido caracterizado por el silencio y el temor de la ciudadanía. Por lo pronto, esto ayuda a restar credibilidad a las encuestas pues las personas o se abstienen de responder o contestan sin mostrar sus verdaderas preferencias; sobre todo si los encuestados reciben o dependen -en su economía familiar- de las ayudas sociales (por lo que una opinión pudiera identificarlos y, suponen, condenarlos a perderlas).
De tal suerte que la única encuesta creíble deba ser la del 2 de junio, el día de la jornada electoral. Pero, aún ahí, puede haber nuevos sesgos ocasionados por una operación política destinada a obtener resultados favorables por parte de la élite gobernante; se trata de comportamientos posibles como consecuencia natural de las múltiples conductas observadas. Son temas que es indispensable seguir analizando desde una perspectiva estrictamente académica, es decir, objetiva y sistemática.
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Con gusto anuncio a las y los amables lectores la publicación en Amazon, en edición de autor, de mis artículos semanales publicados en estas páginas digitales este último año, ahora bajo el título: “20 INICIATIVAS DE REFORMA EN CONTRA DEL MODELO DEMOCRÁTICO. Temas de gobierno y elecciones en México al finalizar la 4T”; nuevo libro del que mucho les agradecería su adquisición y difusión. Es momento de iniciar nuevos proyectos académicos.
Ciudad de México, 14 de abril de 2024.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA); tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
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