El domingo 25 de junio de 2023, los guatemaltecos acudieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y diputadas al Parlamento Centroamericano. Los resultados de las elecciones fueron sorprendentes y celebrados en las calles de distintas ciudades del país, pero a la vez fueron cuestionados por los candidatos oficialistas y otros candidatos perdedores, quienes denunciaron irregularidades en el proceso electoral.
En una segunda vuelta el día 20 de agosto se dio el triunfo del Partido Movimiento Semilla, con Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos por una amplia mayoría de votos, todos los resultados fueron auditados conforme a la ley y certificados por el organismo autónomo encargado de organizar las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral.
En los meses posteriores a las elecciones, el país se vio envuelto en una crisis política. Los candidatos perdedores, influencers conservadores, grupos de abogados vinculados a fuerzas anti democráticas, y algunas instituciones públicas cooptadas realizaron denuncias penales, enviaron mensajes en redes sociales desinformando, convocaron a manifestaciones y amenazaron para exigir la anulación de los resultados.
Las acciones contrarias al respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones llevaron a hablar de un verdadero golpe de Estado, lo cual incluyó investigaciones de parte del Ministerio Público (fiscalía de la Nación) que se consideran injustificadas y persecutorias, ya que el partido político ganador no pertenece a la alianza conservadora que domina al país.
Estas acciones motivaron una legítima, espontánea y masiva reacción popular en el mes de octubre, en la cual distintas expresiones comunitarias mayas y populares encabezadas por las autoridades ancestrales 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá (en el altiplano occidental del país), a las que se unieron distintos grupos rurales y urbanos lograron paralizar el país y atraer la atención de la comunidad internacional, incluidas sanciones específicas a actores políticos anti democráticos de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que llevó a reducir las acciones gubernamentales directas contra los resultados electorales.
Finalmente, el máximo órgano constitucional del país, la Corte de Constitucionalidad, en diciembre de 2023 resolvió que no puede impedirse la toma de posesión de los cargos electos, pese a que han continuado las investigaciones de carácter penal, decisión que permitió llegar a la semana previa al cambio de mando sin mayores intentonas parte del candidato perdedor y sus seguidores.
En este contexto, expresamos nuestro apoyo a la democracia guatemalteca y al respeto a la voluntad popular.
Reiteramos que las elecciones de 2023 fueron libres y justas, y que los resultados deben ser respetados. La democracia es el único camino para garantizar la paz y el desarrollo de Guatemala.
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