Rosy RAMALES
Como dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para garantizar la paz y la tranquilidad, es necesaria la actuación coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipales, los elementos de seguridad, ministerios y fiscalías.”
Por eso, es incorrecto culpar solo a los gobernadores de los niveles de inseguridad y de violencia, máxime cuando se habla de índices de delitos del fuero federal y estadísticas nacionales. Los mandatarios estatales no pueden hacerle toda la chamba a la federación.
Por el contrario, el Gobierno Federal debe ayudar a los gobernadores a combatir los males que asolan a la población en cada entidad. De entrada, debe proveerles recursos económicos destinados a la seguridad para patrullas, armamento y equipo, capacitación y un salario digno a los policías.
Y de la misma forma los gobernadores deben apoyar a los presidentes municipales. Porque hay municipios con una patrulla, y en ocasiones ni una. Y en municipios localizados en lo entrincado de las sierras, a duras penas existen los topiles armados con machetes.
Mejor los grupos criminales cuentan con armas suficientes y de alto poder. Entonces, habría que empezar preguntando cómo llega el armamento cuando se supone existe toda una estrategia de seguridad (¿nacional o estatal?) para evitar su entrada.
Incluso, hay pueblos armados por el mismo crimen organizado que se escudan en los pueblos y comunidades mexicanas, donde detrás de cada conflicto agrario o social se esconden situaciones inconfesables; con sus excepciones.
Ya se acabó el Gobierno Federal emanado del PRI, el PAN aguarda; ahora Morena está en el poder y, sin embargo, sigue habiendo violencia y tráfico de armas, de estupefacientes, de personas, de combustible y de cuánta cosa. Entonces, ¿qué pasa?
Quizá alguna de las siguientes circunstancias, o todas: La delincuencia común y organizada se halla hasta en el tuétano de nuestro país; existe una indestructible red de complicidad autoridades-crimen; el crimen tiene posiciones en los tres Poderes federales y locales, así como en los ayuntamientos; la sociedad presenta gran descomposición.
Por eso mismo es necesario revisar incluso los programas de televisión; algunos de los cuales fomentan la violencia; según que sirven de ejemplo para que la gente evite hacer lo mismo y resulta que más bien derivan en la imitación.
Para la seguridad es vital vigilar a gobernadores, concejales municipales (presidentes municipales y regidores) y legisladores (senadores y diputados federales y locales), para detectar quiénes forman parte de bandas criminales.
Igual que a las personas nombradas como titulares de las dependencias encargadas de la seguridad. Porque el ejemplo de Genaro García Luna pulula a lo largo y ancho del país; en entidades y municipios.
En las comunidades casi siempre es un secreto a voces la verdadera actividad efectiva de determinado gobernante, munícipe, legislador o servidor público; se saben incluso las razones mediante las cuales llegó al cargo, a veces corresponde a pagos por favores como, por ejemplo, el financiamiento a campañas electorales.
En fin, el Gobierno Federal debe hacer un examen de conciencia, una evaluación de los resultados de su política de seguridad y del gabinete en la materia; revisar con lupa la situación agraria y social del país porque, como ya se dijo, detrás de cada conflicto de límites o por tenencia de la tierra se esconden razones aviesas.
Lo mismo en los líos sociales, con sus salvedades, pues hay entidades federativas donde las organizaciones sociales son controladas por grupos políticos o por bandas criminales o por células guerrilleras.
Cabe recordar que parte de la fuerza del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) convergieron organizaciones y de distinta naturaleza, entonces no está por demás revisar el origen de aquellos y aquellas que en los estatutos partidarios se llaman “protagonistas del cambio verdadero”.
Igualmente es necesario husmear en el origen de las personas incrustadas en el poder vía Morena y aliados mediante candidaturas externas.
La llamada “Cuarta Transformación” tampoco escapa de las infiltraciones y corrupción. En serio, revisen los perfiles a los cuales han hecho llegar a posiciones de poder.
El Gobierno Federal debe analizar su política social y económica. Porque si bien los programas sociales palian las necesidades de la gente, no resuelven la situación de pobreza; hacen falta fuentes de empleo real, formal y efectivo, que detone el desarrollo.
Y menos alcanzará cuando se permite el ingreso de migrantes de países de Centro y del Sur de América, y todavía se les ofrece trabajo y hasta becas. ¿Y los mexicanos? Existe un sector de la población cuyas características no les permite el acceso a ningún programa social y, sin embargo, necesitan trabajo, ropa, comida, salud, educación.
No es válido manipular estadísticas para hacer creer que las condiciones de seguridad del país y de las entidades han cambiado, que ahora son mejores. A ningún nivel de gobierno le debería estar permitido mentir al respecto cuando por un lado dan cifras halagadoras y, por el otro, la nota roja aumenta su rating.
Los gobiernos de los estados y los municipales, por su parte, deben coadyuvar con la federación para combatir la inseguridad. En los municipios sería tan fácil empezar por poner en veda la apertura de antros mientras son revisados los existentes porque son la cuna de la proliferación de drogas al menudeo, violencia y trata de personas.
Las autoridades estatales bien que saben quiénes pisan el territorio local. Pero se hacen de la vista gorda o se convierten en cómplices.
En fin, como dijo el Presidente AMLO “para garantizar la paz y la tranquilidad, es necesaria la actuación coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipales, los elementos de seguridad, ministerios y fiscalías.”
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