CRÓNICA POLÍTICA: PES, y violencia política de género en Oaxaca

Rosy RAMALES

Qué grave para la democracia el contexto en torno del Partido Encuentro Social (PES).

En 2014 consigue su registro como partido político nacional, y desde entonces se dio a la tarea de sobrevivir a expensas de otras fuerzas constituidas y poderes fácticos.

De los 3 partidos creados en ese año, solo Morena logró trascender y rebasar a los más poderosos: PRI; PAN y PRD; casi los desaparece en las elecciones del 2018.

Precisamente en tales comicios el PES se colgó de la fuerza de Morena con dos fines evidentes: Conservar el registro y obtener, de paso, posiciones en el Congreso de la Unión, en Congresos Locales y en ayuntamientos.

Consiguió lo segundo, pero no lo primero. Y lo primero entre comillas porque muchos de los candidatos que ganaron postulados por el PES provenían de otros partidos; incluso, le fueron prestados por Morena mismo.

¿Cuál fue la consecuencia? Que pronto Encuentro Social vio reducido su número de legisladores en las cámaras de Diputados Federales y Senadores, y en Congresos Locales. Todo ello evidenció la falta de consistencia como partido político.

Las posiciones obtenidas por el PES no fueron per se, sino más bien fueron producto del efecto de ir en coalición con Morena, cuya fuerza radica (o radicó) en Andrés Manuel López Obrador.

Naturalmente, Encuentro Social no alcanzó el 3% de la votación exigida por la ley. No es fácil cuando se carece de militancia y de simpatizantes; incluso de cuadros competitivos propios.

Las y los consejeros del Consejo General del Instituto nacional Electoral (INEI) lo tienen clarísimo. Por eso, en base a los resultados de las elecciones, tal y como lo ordena la normatividad procedió a declarar la pérdida de registro nacional del PES.

Y ahora, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pretenden revivir a Encuentro Social, bajo el argumento de haber alcanzado posiciones en el Congreso de la Unión; eso según un documento filtrado al diario Reforma.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 diputados federales y 8 senadores, lo que en el primer caso representa 11.2 por ciento del total de diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de senadores. En contraste, por ejemplo, con el porcentaje de representación del PT (5.6%), MC (5.6%) y PRD (4%). Lo lógico es que, si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputados, el PES lo conserve también”.

Según eso indica el documento de propuesta para revivir al PES. ¡Imagínense! ¿Cómo es posible que personas con el honroso cargo de magistrados electorales pretendan violentar la ley? Cochinadas, pues. Incluso, al margen de la Constitución Política General.

La ley es clarísima: Es causa de pérdida de registro no obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales si es partido político nacional. Es más, establece que tal pérdida no tiene efectos en relación a los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en elecciones de Mayoría Relativa.

Es decir, son dos cosas distintas: Perder el registro y conservar los triunfos. Una no está condicionada a la otra.

Entonces, ¿por qué el proyecto de sentencia elaborado por Felipe de la Mata propone que el PES mantenga su registro como partido político nacional tan solo porque tiene senadores y diputados federales; incluso muchos más que otros partidos (otrora grandes)?

En serio, Felipe de la Mata ¿propone semejante atrocidad? No lo podemos creer.

Vaya, los magistrados electorales tienen facultad de interpretación y el Pleno de la Sala Superior tiene plena jurisdicción, pero no se pasen. Una cosa es privilegiar derechos, y otra cosa muy distinta (y hasta fea) es torcer la ley.

Cuando ocurren casos como estos sale a flote toda la partidización y compromisos en los órganos electorales, que anulan la imparcialidad, la independencia y la objetividad. Imagínense al Tribunal encargado de cuidar la legalidad y constitucionalidad de actos y resoluciones, haciendo todo lo contrario.

Por eso México está como está. Corrupción no es solo desviar recursos públicos.

PERSISTE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN OAXACA; CASO TEZOATLÁN

Con sus honrosas excepciones, durante todo el proceso electoral concurrente 2017-2018 en Oaxaca los partidos políticos realizaron acciones constitutivas de violencia política de género. Muchas de ellas al amparo de los mismos órganos electorales.

Las acciones se recrudecieron en el procedimiento de registro de candidaturas: Bajaron y subieron sin discreción. Y hasta hicieron pasar a hombres cisgénero como mujeres transgénero.

Un evidente fraude a la ley cometido cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dijo a los partidos que habían excedido el registro de candidaturas de hombres, entonces a estos mismos los registraron como mujeres transgénero. ¡Y el órgano electoral aprobó los registros!

Lo peor ocurrió en enero en la transición municipal. Partidos políticos, detrás de los esposos o candidatos a síndicos, promovieron la renuncia de presidentas municipales para que subieran hombres.

Todo quedó en intentona después del escándalo nacional, y las presidentas municipales asumieron el cargo en San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Colorado, Santiago Tamazola, Pinotepa de Don Luis, Santa María Teopoxco y San Miguel Ahuehuetitlán.

En algunos casos la mujer que había renunciado regresó a ejercer el cargo, en otros solo había manifestado no querer asumir. Claro, a nadie le gusta la idea de que la posición la ocupe otra mujer y no el hombre que puso a la esposa para luego subir él.

Incluso, a una de ellas en su municipio no le entregaron el bastón de mando.

Pero todas fueron acreditadas por la Secretaría General de Gobierno donde cuidaron al máximo el cumplimiento del principio de la paridad de género.

Fue acreditada también una mujer como presidenta municipal en Tezoatlán de Segura y Luna, donde renunció la fórmula de candidatas pero el PRD no hizo la sustitución correspondiente.

¿Y qué creen? El espacio quedó vacío. ¿Por qué la renuncia se hizo vencido el plazo para la procedencia de la sustitución? ¿O como plan con maña para hacer subir al síndico? ¿O ambos? ¿Un hombre para un municipio previamente determinado para mujer?

El caso es que el Consejo General del IEEPCO dejó en blanco el espacio, sin precisar lo procedente. ¿Debió o no debió hacer el corrimiento pero no del síndico, sino de la mujer en el tercer lugar de la planilla para garantizar la paridad?

¿Por qué dejó la papa caliente a la Secretaría General? Esta dependencia otorgó la acreditación a la Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros, postulada por la coalición PT-Morena-PES, y quien en principio asumió como concejal de representación proporcional.

¿Por qué a ella? Porque había una ausencia absoluta de primer concejal, entonces el Cabildo eligió de entre las y los concejales a la persona a ocupar la presidencia municipal. Una aplicación por analogía del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal, pues no hay otro precepto relacionado con la ausencia total.

Por eso la acreditó la Secretaría General, lo cual enojó al síndico municipal, Moisés Castro Montesinos, quien consideró corresponderle el derecho de asumir la titularidad de la presidencia municipal; posición reservada por género a una mujer.

En todo caso, debió subir Alexa Cisneros Cruz, quien ocupa la tercera concejalía. Sin embargo, también ella fue víctima de violencia para evitar su llegada a la presidencia.

Menudo lío. ¿Y si el Congreso Local hubiera ordenado al IEEPCO convocar a elección extraordinaria en Tezoatlán solo para elegir a la primer concejal?

La paz en dicho municipio pudo haberse construido desde el Instituto, pero ocurrió lo contrario, al parecer. Incluso, desde el órgano electoral han llamado a reporteros para persuadirlos de que a Moisés Castro corresponde subir como presidente municipal.

¿Será el Secretario Ejecutivo, Luis Miguel Santibáñez Suárez?; él ha llamado a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para advertirles haber otorgado una acreditación sin fundamento.

¿Y por qué no resolvió el IEEPCO? ¿O también dejó en blanco los espacios donde se presentó la renuncia de candidatos y candidatas a concejales ante el vencimiento del plazo para la procedencia de las mismas? Por cierto, pulularon ese tipo de renuncias.

¿Plan con maña? Interesante. Y más interesante sería conocer la postura de las consejeras electorales, sobre todo cuando públicamente han salido a la defensa de las mujeres y no pierden oportunidad de acudir a foros nacionales sobre el tema.

Tezoatlán es el único caso en conflicto severo derivado de acciones de violencia política de género. A ver en qué termina porque la acreditación la han impugnado, al parecer, Moisés y Alexa; ambos reclamando el derecho de asumir la presidencia municipal.

¿Alguna instancia nacional puede dar seguimiento al caso? ¿El #INE? Porque está visto que en Oaxaca solo actúan cuando los casos rebasan el ámbito local con el consiguiente escándalo.

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Correo: rosyrama@hotmail.com

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