Rosy RAMALES
Ojalá y las autoridades hacendarias y penales vayan por los peces gordos en la evasión y elusión fiscal aplicando –cuando entren en vigor— las disposiciones aprobadas ayer por el Senado de la República para sancionar la facturación falsa y las empresas fantasmas.
Porque como bien dijo el senador morenista, Alejandro Armenta Mier, el pueblo de México que “está harto de los políticos delincuentes, disfrazados de empresarios; es la hora de cerrarle el paso al influyentísimo, a la corrupción y a la impunidad”.
Claro, en este país nada se mueve sin la participación o complicidad de los políticos, legisladores y servidores públicos de alto nivel; al amparo de ellos han crecido los factureros falsos y las empresas fantasmas.
La llamada “Estafa Maestra” es claro ejemplo donde en las operaciones financieras hubo empresas fantasmas, además de casos donde están involucrados ex gobernadores.
Y quien sabe si en la “Cuarta Transformación” se terminen las acciones de tal naturaleza. Vaya, los mortales en ocasiones nos preguntamos cómo le hace el gobierno para comprobar gastos incomprobables generalmente hechos en asuntos electorales o la compra del voto de legisladores de oposición.
En fin, que el Pleno del Senado de la República ayer avaló “aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.”
Bien. Sin embargo, el riego lo correrán los contribuyentes en general. Porque, miren, ha habido casos en los cuales un contribuyente perfecta y legalmente establecido adquiere un bien o contrata un servicio y resulta que la factura que le expiden proviene de una empresa considerada “fantasma” aun cuando va timbrada.
Qué extraño, ¿no? Quizá lo entiendan los especialistas en materia fiscal, pero no las personas sin los conocimientos en materia fiscal. No obstante, la autoridad hacendaria dice que los contribuyentes deben cerciorarse de que no se trate de empresas fantasmas.
Y así hay muchos ejemplos, lo cual significa que los contribuyentes viven aterrorizados. Y con las nuevas disposiciones el terrorismo fiscal se endurece.
Claro, las empresas o comercios bien establecidos y cumplidos con sus obligaciones fiscales nada deberían temer. Sin embargo, en ocasiones por la simple omisión de un comprobante, la autoridad hacendaria da por hecho una operación inexistente.
Por eso, tiene razón la senadora priista Nuvia Mayorga Delgado al advertir que la reforma penal “criminalizará a los contribuyentes, personas morales y físicas, sin distinción alguna”, y que “uno de los absurdos de (la) ley es que hace que la delincuencia organizada sea un sujeto de derecho que debe pagar impuestos”.
Más claro lo dijo la senadora panista, Minerva Hernández Ramos, al señalar que con la reforma “se asume que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es el deporte nacional”.
Y así parece, aún cuando los senadores compadecidos hayan precisado montos en la presunta defraudación fiscal vía facturas falsas o empresas fantasmas.
En fin, ¿en qué país vivimos? Uno donde los contribuyentes ni siquiera tienen el beneficio de la duda, ni el derecho efectivo de la presunción de inocencia cuando se trate de fisco; por ley, antes de ser juzgados, ya pertenecen a la delincuencia organizada. Por lo menos así parece.
Ciertamente, la Constitución ordena que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público. Pero ¿cómo se tiene la certeza de que las contribuciones se emplean cabalmente en el gasto público? ¿Además con eficiencia y pulcritud?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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