El Grupo Parlamentario de MC expresó su respaldo a la controversia constitucional interpuesta por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, contra el acuerdo del Ejecutivo Federal que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Sostuvo que no se pretende contradecir al Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas, sino cuidar su investidura en su carácter de Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así también, garantizar la protección de los derechos humanos y otorgar mayor certeza jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en forma extraordinaria.
En un comunicado, expuso que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional prevé la consolidación de la nueva institución civil y la desincorporación gradual de las Fuerzas Armadas en la realización continua de tareas de seguridad pública.
“Desde la discusión de esta reforma, el Congreso de la Unión llevó a cabo un amplio ejercicio de Parlamento Abierto y como resultado de este diálogo y de cara a la reforma constitucional en la materia, se reiteraron las obligaciones del Estado de cumplir con los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales suscritos por México”, indicó.
Asimismo, subrayó, atender los criterios emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente en materia de seguridad pública, pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el reconocimiento generalizado a las Fuerzas Armadas por su trabajo, patriotismo, institucionalidad y lealtad a la República y las instituciones del Estado.
En ese sentido, los diputados de MC apuntaron que la controversia constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo Federal permitirá a la SCJN analizar la suplantación de una facultad que corresponde al Congreso de la Unión, rompiendo con el Pacto Constitucional.
También la mutación material de regímenes legislativos cuya regulación y desarrollo forma parte del marco competencial del Congreso de la Unión y la posible violación al principio de división de poderes en conexión con el de reserva de ley de fuente convencional y constitucional.
Además, el posible uso desbordado por parte del Ejecutivo Federal respecto de la competencia conferida por el artículo quinto transitorio contenido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
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