Al menos tres mandos del Ejército que fueron ascendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana están vinculados con casos de presunta corrupción, espionaje y violaciones a derechos humanos.
El tercero es el coronel de arma José Sigifredo Valencia Rodríguez, quien a su paso por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue señalado de haber adquirido el software empleado para espiar a candidatos en la elección de 2018.
Esta mañana, López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos a 25 mil 767 elementos de las Fuerzas Armadas, entre los cuales destacó la promoción de siete generales de División (Secretaría de la Defensa Nacional), tres nuevos almirantes (Secretaría de Marina) y tres generales de División piloto aviador (Fuerza Aérea Mexicana).
En su discurso, el jefe de las fuerzas armadas dijo que al gobierno federal se le han encomendado nuevas tareas que harán con “orgullo”, porque están encaminadas a la “transformación de México”, y en ello también participan militares.
No obstante, en la lista de quienes fueron ascendidos hay tres miembros del Ejército relacionados con escándalos de la pasada administración federal.
Francisco Ortega Luna
El nuevo general divisionario encabeza actualmente la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, pero antes de obtener ese cargo, con el impulso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, se desempeñó primero como mando adscrito de la XXII Zona Militar, con sede en Rancho Sanabria, Estado de México, y posteriormente como comandante de la VI Zona Militar en Saltillo, Coahuila.
Según el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a su paso por la XXII Zona Militar habría sido, por “cadena de mando”, uno de los responsables del 102 Batallón de Infantería que en 2014 recibieron la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, lo que derivó en la masacre de ocho personas dentro de una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El informe del Centro Prodh “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, destaca que el teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los mandos de tropa de la patrulla adscrita al 102 Batallón de Infantería, recibió la la siguiente orden: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.
Tres de las víctimas que sobrevivieron a las masacres, acompañados de Mario Patrón Sánchez, entonces director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron que altos mandos de la Sedena fueran llamados a declarar ante la PGR por la ejecución extrajudicial.
Entre ellos el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda; el comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y el adscrito Francisco Ortega Luna, así como el responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y el teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.
Hasta el momento, sólo han recibido sanciones algunos soldados que participaron en el operativo.
Con Información de Proceso
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