La Comisión de Educación, presidida por la diputada Adela Piña Bernal (Morena), aprobó el procedimiento para la elaboración, análisis y discusión de la legislación secundaria en materia educativa, en coordinación con el Senado de la República.
La legisladora señaló en declaraciones al término de la reunión que el plazo para aprobar las leyes secundarias en materia educativa es de 120 días, que culminan el 12 de septiembre. “Queremos tenerlas antes de que inicie el ciclo escolar; entonces, estamos considerando, incluso, poderlas aprobar en un periodo extraordinario, probablemente en las dos primeras semanas de agosto”.
Dijo que son cinco leyes secundarias, pero las apremiantes son: la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Ley General de Educación; la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación; mientras que las de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen margen hasta 2020.
Además, informó que habrá reformas a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Cultura Física y Deporte, y de Infraestructura Física Educativa.
El documento prevé para la elaboración de los proyectos tres audiencias públicas: el lunes 24 de junio, con el tema “Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”, en la Cámara de Diputados.
Para el martes 25 de junio, “Ley del Organismo a que se refiere la fracción IX del artículo 3º de la Constitución Política”, en el Senado de la República, y el miércoles 26 de junio, “Ley General de Educación, y otros ordenamientos”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Entre el 1 y 19 de julio habrá mesas de trabajo con legisladores federales y locales, grupos magisteriales y organizaciones de la sociedad civil, con participación de la Secretaría de Educación Pública.
En una segunda etapa del proceso, se establece que una vez presentadas las iniciativas de legislación secundaria, ya sea en la Cámara de Diputados o bien en el Senado de la República, los trabajos para su análisis y discusión se desarrollarán en tres audiencias públicas.
Para el lunes 29 de julio, con el tema “Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”, en la Cámara de Diputados; el martes 30 de julio, “Ley del Organismo a que se refiere la fracción IX del artículo 3º de la Constitución Política”, en el Senado de la República, y el miércoles 31 de julio, “Ley General de Educación, y otros ordenamientos”, en San Lázaro.
El documento precisa que para fortalecer el parlamento abierto se creará una página de Internet, a fin de recibir propuestas para la elaboración de los proyectos de legislación secundaria. El periodo de recepción de los comentarios será entre el 27 de junio y el 12 de julio.
Añade que las presidencias de las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, requerirán a los centros de estudios e instituto correspondientes, proporcionen servicios de apoyo técnico, acompañamiento de análisis y de investigación para el cumplimiento del acuerdo.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena) consideró que corresponde al Legislativo vigilar que la ley se cumpla y la nueva reforma educativa, en uno de sus apartados, establece que todos aquellos efectos de la pasada reforma que puedan ser en detrimento del derecho de los maestros quedarán sin efecto.
Enfatizó que es responsabilidad del Legislativo hacer que las autoridades educativas cumplan con ese párrafo y no queden desprotegidos los maestros que presentaron su examen y resultaron idóneos y merecen una plaza laboral.
La diputada Estela Núñez Alvarez (Morena) estimó que los legisladores podrán reunirse con los secretarios de educación de sus estados para conocer sobre la reinstalación de los maestros cesados.
De la misma bancada, la diputada María de Jesús García Guardado también manifestó su preocupación respecto de lo que pasará en el próximo ciclo escolar con los maestros que resultaron idóneos y no tienen plaza.
Piña Bernal comentó que poco más de 150 mil maestros fueron determinados como idóneos en la administración pasada, los integraron a listas de prelación en los distintos estados en las propias secretarías de educación y se les está concluyendo su contrato, lo cual es un efecto de la reforma educativa anterior.
Hay muchas personas que fueron determinadas como idóneas, pasaron exámenes y, a pesar de ello, no les dieron plaza. Consideró que deben tener los techos financieros en las distintas entidades para empezar a darles una clave. Reconoció que es un asunto complicado porque son listados interminables. “Tenían únicamente contratos y hubo un engaño, no les dieron nada; los obligaron a someterse a constantes exámenes”.
Emite opinión al PND 2019-2024
La Comisión avaló su opinión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 al considerar que sí incluye los fines del proyecto nacional contenidos en el artículo 3º constitucional, que son garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, e incluye acciones frente a los retos educativos.
El documento sugiere considerar las observaciones planteadas en el apartado de conclusiones por las diputadas y diputados, a fin de enriquecer y mejorar el PND. Además, adjunta las opiniones de ciudadanos y organizaciones, así como un extracto de las audiencias y foros realizados.
Piña Bernal indicó que se integraron todas las propuestas y opiniones, “hay algunas que no comparten, incluso, el Plan o la propuesta del Plan, las estrategias que ahí vienen, pero nosotros las estamos integrando”.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena) señaló que debe anexarse la calidad de la enseñanza en los niveles básico, medio superior y referirse a la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades. Se pronunció por el acceso de todos a educación y formación docente de excelencia en las escuelas Normales. Añadió que hay un compromiso del gobierno de mejorar las condiciones materiales y de equipamiento de planteles, así como dotarlas de recursos humanos necesarios.
De la misma bancada, Idalia Reyes Miguel indicó que el PND debe garantizar dinamismo y solidez económica, ser democrático y deliberativo; recuperar la capacidad estatal para intervenir en la economía y corregir la falta de crecimiento, pobreza, desigualdad, la corrupción y la impunidad. Estimó que es necesario abatir el rezago, acceso desigual a educación para reflejar el incremento del índice de eficiencia educativa en cada nivel.
El documento incluye observaciones de los legisladores de Morena, Adela Piña Bernal y Juan Pablo Sánchez Rodríguez, así como Marcela Torres Peimbert (PAN), respecto a que es necesario que el concepto de “excelencia” se plasme en el PND con el fin de armonizarlo con el nuevo texto del citado artículo.
Señala la propuesta de Torres Peimbert de contar con un diagnóstico detallado de las fortalezas y debilidades del cuerpo docente, directivo y supervisión a efecto de crear un sistema de capacitación; además un plan para rehabilitar la infraestructura física, con costos y fuentes de financiamiento y ruta crítica. Asimismo, establecer un plan de labores consensuado con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para determinar las debilidades normativas del federalismo educativo.
Agrega el planteamiento del diputado Sánchez Rodríguez, de añadir indicadores de la educación inicial, la evolución de los centros educativos por tipo, nivel y modalidad, así como de la población por grado educativo.
Se incluye que la diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena) mencionó que el documento rector hace una referencia somera de derechos laborales que deben ser objeto de mayor énfasis y que los cambios deben efectuarse por la vía legal, mediante el diálogo entre Ejecutivo, Legislativo y magisterio.
Contiene, además, la propuesta de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) a fin de incorporar la educación integral de la sexualidad en planes y programas de estudio en todos los niveles, para impulsar un desarrollo sexual e integral pleno en niñas, niños y adolescentes, libre de prejuicios sexistas, discriminación y violencia de género.
Refiere el planteamiento del diputado Azael Santiago Chepi (Morena), de modificar la redacción, “revertir la mal llamada reforma educativa”, ya que dicha reforma fue abrogada como atribución propia del Poder Legislativo.
También abarca la solicitud del legislador José Luis Montalvo Luna (PT) para que el gobierno federal instrumente políticas que garanticen la alimentación escolar en planteles con mayor rezago social, y se comprometa a lograr una educación de excelencia que preserve y fomente las aportaciones de los pueblos indígenas. Sugirió integrar el texto “asimismo el ejecutivo federal instrumentará una Estrategia Nacional de la Mejora de las Escuelas Normales”.
Igualmente, de la diputada de MC, Kehila Abigail Ku Escalante, sobre la importancia de las mediciones y alcances de las estrategias que el citado Plan determina, así como el impacto presupuestal.
Incluye el planteamiento de la diputada Cynthia López Castro (PRI) respecto a que en el documento desarrollado por la Secretaría de Hacienda e incluido como anexo, prevalece una visión de la educación centrada en el acceso. “Pareciera que lo único que interesa es cuántas niñas, niños y jóvenes están en la escuela y no la relevancia ni la pertinencia de lo que ahí aprenden”.
Agrega las consideraciones del diputado Eudoxio Morales Flores (PES), respecto a que el PND y su anexo contienen los elementos constitucionales y de la ley secundaria en materia de planeación, suficientes para ser aprobado en sus términos, dado su carácter de documento general rector del desarrollo político, social y económico.
Ley de Infraestructura Física Educativa
Se aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para que el sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la infraestructura educativa sea de observancia general para dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de esas necesidades.
La diputada Piña Bernal dijo que se busca emprender el sistema nacional de información para que los datos locales y estatales se concentren y haya claridad en los recursos que se dan a los planteles. “A veces llega el recurso, pero no se aplica a la necesidad de la institución, ni se sabe de las necesidades de cada escuela, por lo que se debe tener un sistema con información actualizada”.
Señaló que la idea es iniciar el ciclo escolar con este planteamiento para que las instancias correspondientes estén obligadas a informar y se accione todo el sistema nacional de infraestructura física educativa con datos precisos.
Añadió que el recurso se llevará directamente a las escuelas, “no pasará por autoridades locales, llegará a los directores porque son los que tienen más conocimiento de las verdaderas necesidades, para que vean cómo se va a aplicar.
La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), secretaria de la Comisión, señaló que es un dictamen asertivo que permitirá tomar mejores decisiones al momento de destinar recursos a infraestructura educativa. “Fue de lo que más careció la educación, del apoyo de recursos públicos”. Además, combate el tema de corrupción haciendo transparente el uso de los recursos efectiva y eficientemente.
Del PT, el diputado José Luis Montalvo Luna manifestó su preocupación respecto a la actualización permanentemente de dicho sistema de información e interrogó cómo se contemplará a los estados donde su Secretaría de Educación se ocupa del mejoramiento, construcción y equipamiento de esas instalaciones.
El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) propuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa tenga los recursos necesarios para atender estas necesidades. Añadió que no sólo se trata de transparentar información en cada plantel, sino que padres de familia, maestros y asambleas participen en vigilar, conservar, cuidar y proponer diferentes modelos de acuerdo con el contexto que enfrenten”.
Jorge Luis Montes Nieves (Morena), resaltó que es fundamental el revisar el PEF 2020 en este rubro pues existen necesidades en todas las escuelas del país en materia de infraestructura, como en baños, drenajes, salones, oficinas, salones de usos múltiples, y aunque siempre se trata de aportar, la ayuda es paliativa, “no son soluciones de fondo”. Consideró que la minuta es un avance para tener claridad y un diagnóstico del país.
La diputada María de Jesús García Guardado (Morena) manifestó la importancia de poner atención en el proyecto de presupuesto del año entrante para responder a las necesidades de infraestructura.
De la misma bancada, el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, reconoció que la aprobación de este dictamen constituye un paso en la transparencia, mediante la realización de diagnósticos puntuales y precisos de las carencias de las escuelas, pues hay recursos que llegan a estados, municipios y dependencias federales “pero no se sabe dónde se aplicaron”.
El diputado Eudoxio Morales Flores (PES) indicó que existe una deuda social con escuelas de educación básica donde hay muchas solicitudes que no se han solucionado. Planteó que las partidas que se utilizaban para los llamados “moches” sirvan para hacer eficientes en términos de infraestructura. Resaltó la importancia de que los recursos lleguen a los planteles educativos y que el sistema de información sea de observancia general.
Opinión en Finanzas Públicas
Asimismo, se emitió opinión en sentido positivo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al Primer Trimestre de 2019. Sugiere considerar las observaciones planteadas por los legisladores a fin de enriquecer y mejorar dicho Informe. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuente Pública para los efectos a que haya lugar.
Acuerdos
La Comisión también aprobó dos dictámenes con punto de acuerdo. Uno para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe impulsando y favoreciendo la operación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas.
El otro pide a la SEP y a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con las autoridades agrarias correspondientes, se otorgue certeza jurídica sobre su patrimonio al Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco, y así se favorezca su operación.
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