Frase: “Solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses. En ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma, que adquirí junto con mi esposo en el año 2009, hace 10 años. (…) yo di la instrucción de que se publicara”
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación
Frase: “La plataforma DeclaraNet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros.”
Secretaría de la Función Pública (SFP)
La existencia de un departamento en Houston, propiedad de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, provocó este martes un cruce de declaraciones entre ella y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre el responsable de omitirlo en la declaración patrimonial de la exministra.
En las declaraciones para explicar el hecho, tanto la SFP como la titular de Gobernación incurrieron en imprecisiones y falsedades.
Sánchez Cordero aseguró que sí incluyó el departamento de Houston en su declaración patrimonial y añadió que dio la instrucción de que se diera a conocer junto con el resto de sus bienes, por lo que, dijo, había que pedir explicaciones a la SFP sobre la omisión.
Sin embargo, en la declaración oficial que se hizo pública el pasado 30 de enero en la plataforma Declaranet no aparece el departamento, aún cuando el propio documento tiene una nota que cita: “Sólo se proporcionan los bienes que reportó el servidor público a nombre del declarante o del declarante y su cónyuge, en este último caso se omite el monto”. También señala que la información de la declaración patrimonial “fue capturada directamente por el servidor público”.
La titular de Gobernación pudo haber comprobado que se omitió la propiedad en su declaración, pues cuando cualquier funcionario la realiza, el sistema entrega un acuse de recibo y una copia de la información declarada. Animal Político pidió a Comunicación Social de Segob ese acuse, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La Secretaría de la Función Pública, por su parte, explicó este mismo miércoles que si el departamento de Houston no aparecía en la declaración pública era porque es una copropiedad de Sánchez Cordero con su marido y, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales, no se publica información de los cónyuges de los funcionarios.
“La plataforma DeclaraNet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros”, indicó en un comunicado.
Esta explicación es falsa.
Copropiedades reportadas y contradicciones
Irma Eréndira Sandoval dijo en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que el funcionario Fernando Martínez le advirtió a Sánchez Cordero que “la información que incluye a terceros o copropietarios, no aparecería en la versión pública”, y que el propio sistema de Declaranet, donde se hacen públicas las declaraciones, está diseñado para proteger la información de quienes no trabajan en gobierno.
Agregó que para publicar bienes de los cónyuges, hace falta su autorización expresa y que el funcionario escriba en una nota aclaratoria los bienes o valores que posee su pareja.
Sandoval se puso como ejemplo a ella misma, que el 14 de diciembre de 2018 transparentó en una nota el valor de tres departamentos y dos casas que, explicó, al ser en copropiedad con su marido, “el sistema refleja los bienes pero no sus valores”.
Sin embargo, esta explicación contradice lo que supuestamente ocurrió en el caso de Sánchez Cordero, pues en su declaración original, del 5 de diciembre, Irma Eréndira Sandoval sí informó de la existencia de las copropiedades con su esposo aunque no reportó públicamente su valor, a diferencia del caso del departamento en Houston que no apareció en el documento de la declaración patrimonial de la secretaria de Gobernación.
Comunicación Social de la SFP insistió en citar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para explicar que sólo se publica la información de terceros si éstos dan su consentimiento, definido en el artículo 3 como “manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos”.
El documento que reglamenta el funcionamiento de la plataforma Declaranet es el Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2015 y reformado en octubre de 2016.
“Si el declarante se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal, deberá declarar los bienes del cónyuge, y si es bajo el régimen de separación de bienes sólo aquellos que hayan sido adquiridos total o parcialmente con ingresos del declarante”, expone el artículo 3.4 en su apartado F. Es decir, la ley obliga a reportar cualquier propiedad que posea el servidor público, aunque sea en una parte y no en su totalidad.
El punto 3.5, sobre la publicidad de los datos patrimoniales, detalla que el funcionario puede seleccionar la opción “sí” para hacer pública su declaración, o hacerla parcialmente pública marcando los rubros que quiere no revelar, que pueden ser el valor de los inmuebles, de los bienes muebles, vehículos o cuentas bancarias. Pero entre las opciones no está la de ocultar información sobre los cónyuges.
De modo que Sánchez Cordero debió declarar la parte proporcional de cualquier bien que posea y, al aceptar hacer pública su declaración, esa propiedad debió aparecer en Declaranet, independientemente de la protección de datos personales de quienes no son funcionarios.
Se declara el porcentaje de esa copropiedad
Si un servidor público posee el porcentaje de un bien, tiene la obligación de declarar esa parte. Tenerlo en copropiedad no implica que se pueda ocultar en su totalidad argumentando proteger la información de los otros propietarios, explicó a Animal Político Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y uno de los promotores de la llamada Ley 3 de 3.
“Eso es falso. Porque ella lo que está haciendo al reconocer que está en copropiedad, es que un porcentaje del inmueble, que no determina, es de ella. Sobre ese porcentaje, sea el que sea, sí es parte de su patrimonio y no mencionarlo sería una omisión a la declaración patrimonial”, aseguró.
“Aunque es cierto que la ley protege los datos personales de un tercero y que un servidor público no está autorizado para hacer pública la información de un tercero, en este caso no se trata de la información de un tercero; se trata de la información del servidor público porque es copropietario de un porcentaje”, señaló Bohórquez.
Sánchez Cordero señaló al titular de la Dirección General de Responsabilidades y situación Patrimonial de la SFP, Fernando Martínez García, como responsable de no publicar los datos del departamento en Houston.
Según Bohórquez, si este funcionario decidió no hacer pública esa propiedad, podría investigarse si cometió una irregularidad, porque decidió por la secretaria qué información se revela o no.
Animal Político preguntó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la versión del funcionario, pero la respuesta fue que la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, ya había explicado el tema.
Animal Político.
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