Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Los ciudadanos mexicanos, por primera vez, estamos convocados por el Instituto Nacional Electoral para ir a votar el próximo 10 de abril de este año 2022 en un proceso electoral sobre la eventual revocación de mandato del presidente de la república; quien fue electo por nosotros mismos en 2018 para un periodo casi de seis años. Incluyo desde luego aquí a los que no votaron a favor y votaron por otro candidato, porque de cualquier forma legitimaron el proceso electoral en el que ganó el presidente en funciones; ganó, aunque no se requiera un determinado porcentaje de ciudadanos que vaya a votar para que el resultado de la elección presidencial sea vinculante, como sí sucede en el caso de la revocación donde se requiere que acuda por lo menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores. O sea que si el presidente es revocado del cargo, pero asistieron a votar -a favor y/o en contra- menos de ese 40%, de todos modos seguirá en la presidencia porque fue electo por casi seis años -pues la reforma constitucional de 2014 estableció que a partir de este sexenio el periodo presidencial concluye en septiembre y ya no en noviembre-.
Hasta donde estoy enterado, pocas personas quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente, independientemente de que cada día sea mayor el número de electores que ya se arrepintió de haber votado por él o que quienes nunca le tuvieron simpatía y no votaron a su favor le tengan la misma antipatía o desconfianza, si no es que más. Estoy seguro que tampoco quieren que se vaya sus partidarios que solicitaron las firmas en la etapa de petición del proceso de revocación, mucho menos los que les pagaron para que reunieran las firmas y pudiera convocarse a la jornada electoral del proceso de revocación que ya tenemos encima.
Curiosamente, salvo los militantes o simpatizantes del Frente Nacional Ciudadano (FRENA) -aunque ya empiezo a ver a un legislador opositor que se anima a invitar a revocar el mandato (también veo a otro senador que pidió licencia para ir a promover la participación ciudadana en el proceso electoral de revocación, pero a favor de la ratificación)-, me parece que al menos las personas con las que platico o intercambio por redes sociales no tienen interés en que el presidente se vaya, reitero, independientemente de la antipatía o desconfianza que le profesen, como ya también he dicho. Aunque sí he notado, y con mucha frecuencia, muchas dudas de muchas personas sobre si deban o no ir a votar, sobre todo por la falta de información y de certeza sobre las consecuencias de su abstención o de su voto. Así es que por eso escribo esta nota que puede ser llamada aclaratoria.
El caso es que menos aún desean que sea revocado, o por lo menos no lo dicen expresa y puntualmente, los dirigentes de los diferentes partidos de oposición -salvo la excepción ya comentada-; por eso no han llamado, ni llamarán, públicamente a sus militantes y simpatizantes a votar por la revocación o a abstenerse. No lo hacen, porque la Constitución (artículo 35, IX, 1º 2º y 7º) y la Ley Federal de Revocación de Mandato no se los permite (artículo 14, por lo que toca a las firmas; el artículo 32 dice que sí pueden promover la participación ciudadana por lo que toca a la votación, pero la Suprema Corte ya dijo que es inconstitucional, si bien muy pocos se han enterado de esta sentencia pronunciada en la acción de inconstitucionalidad 151/2021 apenas el pasado 3 de febrero de este año). Aunque los dirigentes del partido MORENA y su coalición de partidos que apoya al presidente de la república no se cansan de pronunciarse, una y otra vez, a favor del proceso de revocación; antes, para que la gente firmara porque hubiese jornada electoral y, ahora que ya la va a haber, para que voten por la ratificación del presidente. Lo cual por lo menos resultaría extraño, chistoso, paradójico, contradictorio o como usted lo quiera calificar, si al parecer no fuese todo cuidadosamente preparado.
Como probablemente es sabido por usted, amable lector o lectora, todos los teóricos y estudiosos serios de la democracia liberal, occidental -Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, Dieter Nohlen, Arend Lijphart, por ejemplo-, coinciden en que la llamada democracia participativa -referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato, etc.- es pura vacilada, una pérdida de tiempo y de dinero. Desde luego que no usan estas expresiones porque son teóricos y estudiosos ortodoxos en sus expresiones, aunque seguramente no dejaron de pensar en esos términos coloquiales, sobre todo porque saben o sabían -Sartori y Bobbio ya fallecieron- que hasta estos momentos de la democracia representativa lo que prevalece por todos lados es la partidocracia y que muy difícilmente podría darse una revuelta o iniciativa o revocación de mandato o movilización masiva y decisiva para un cambio político o social sin una dirigencia colectiva formal -que FRENA está muy lejos de ser-, es decir, la que materializan y aseguran o encarnan los partidos políticos nacionales, aunque luego usen el nombre de movimientos -sobre todo cuando se visten de partidos políticos antisistema para atacar el sistema que los condujo o conduce al poder político estatal o que ahí los mantiene-.
Cabe aclarar, también, que los líderes populistas latinoamericanos que se han afanado en promover la revocación de mandato presidencial la han aprovechado muy bien para mantenerse en el poder. Puesto que interpretan, a su conveniencia, que un voto a favor de que no sean revocados es una forma de apoyo o ratificación para que sigan en el cargo que ocupan hasta que la muerte los separe, por lo que de inmediato se reeligen. Y luego, aunque los revoquen, si es que los revocan como sucedió en Venezuela, pues simplemente no acatan el mandato de las urnas, pues para eso tienen a sus milicias armadas y, si es necesario, a las Fuerzas Armadas.
Así sucedió con el venezolano Hugo Chávez y en esas anduvo el boliviano Evo Morales, hasta que llegó asilado a México en un avión del Ejército Mexicano -cuyos tripulantes fueron condecorados por ese heroico rescate-; al grado que, ahora, hasta ya ganó la elección presidencial de su país uno de sus pupilos, mientras la presidenta que lo sucedió creo que está en la cárcel. Los que sí estoy seguro que están en la cárcel son los opositores políticos -nada más candidatos presidenciales- en contra de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien ya lleva reeligiéndose en el cargo, ahora junto con su esposa que es la vicepresidenta, varios periodos obviamente constitucionales. También están en la cárcel algunos de los opositores de Nicolás Maduro, el heredero designado por Hugo Chávez, pero los que hasta el momento se han salvado de ser encarcelados pues le siguen amargando sus días en el poder. Maduro, para reelegirse mejor desapareció a la autoridad electoral que pudiera impedirlo mediante la organización de elecciones auténticas, después de haber gobernado con “leyes habilitantes” para gobernar por decretos presidenciales que le permitieron establecer una forma peculiar de elegir una asamblea constituyente para establecer una nueva constitución -aunque no fue redactada, por lo menos pudo obstaculizar lo suficiente las funciones de la Asamblea Nacional-.
Así es que con estos aleccionadores ejemplos latinoamericanos -hay más pero no creo necesario abundar-, es natural que muchos electores mexicanos se preguntasen en su momento para qué servirían las firmas que el año pasado anduvieron solicitando los partidarios del presidente de la república para que hubiese una jornada electoral sobre su revocación, es decir, el proceso electoral en el que ya estamos. Así es que muchos no firmaron, aunque después de hacer la investigación correspondiente, las autoridades del INE dijeron que algunos de los que firmaron ya estaban muertos, y que otros que firmaron ni siquiera se enteraron de que habían firmado.
Creo que a estas alturas de la presente nota aclaratoria usted ya se podrá haber ido dando cuenta que el riesgo de ratificar al presidente de la república, votando porque continúe en el cargo de presidente el 10 de abril, es que se quiera quedar por un tiempo más de los casi seis años por los que inicialmente fue electo; y si usted va a votar para revocarlo, también, por lo que adelante expongo.
No está por demás recordar que nuestro presidente nunca ha reconocido el resultado de una elección en la que haya perdido, pues ha responsabilizado de sus derrotas a las autoridades electorales y a sus opositores; además, ya empieza a coleccionar opositores políticos que, sujetos a investigación penal, mejor han puesto tierra de por medio, es decir, se han autoexiliado. También, ya ha intentado gobernar mediante decretos presidenciales que han sido impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tal vez un día de estos sean resueltos, puesto que las Suprema Corte es muy cuidadosa en sus reflexiones y se toma su tiempo para resolver. Algo ha de tener que ver que tres de los once ministros -se requieren ocho votos en este tipo de asuntos- ya fueron designados por el presidente en funciones, y que el presidente de la Corte -designado años antes- ha declarado que los jueces constitucionales deben ser sensibles a la voluntad del electorado -algo parecido ya dijo también el secretario de la Defensa Nacional-.
Para efectos de evaluación de su desempeño todo parece indicar que las cosas le han ido saliendo mal, una tras otra, a nuestro señor presidente, tanto en materia de seguridad, de salud, de crecimiento económico, de tasas de inflación, de asesinato de periodistas, de abasto de medicamentos, de costos no previstos de sus grandes obras públicas, de relaciones internacionales, de corrupción y conflictos de interés de sus familiares y colaboradores más cercanos, etc., pero todos los encuestados parece que no se han enterado porque le mantienen su confianza alrededor del sesenta por ciento, dicen unos encuestadores, otros dicen que cincuenta por ciento. Pero, sin duda, sí saben que el golpe mediático más duro a su credibilidad ha sido la repetición del espectáculo de la Casa Blanca del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa, en su versión de las casas de Houston del hijo mayor del presidente en funciones y de su nuera.
Encuestas van y encuestas vienen todos los días señalando que el presidente de la república tiene una gran simpatía, aunque solo Dios sabe qué tanto estén cuchareadas. Así es que todo haría suponer que la mayor parte de los que vayan a votar el 10 de abril pues van a votar porque siga gobernando. Lo curioso del asunto, insisto, es que muchos, casi todos los líderes de opinión que tienen acceso a los medios masivos de información coinciden en motivar a que la gente para que ni se pare por las casillas ese día; me refiero desde luego a los que no simpatizan con el presidente y quisieran que se fuera y pudieran votar por su revocación, pero no se animan a decirlo y promoverlo. Las razones que dan son varias y vale la pena analizarlas.
Brozo, el formidable payaso tenebroso, en uno de sus videos tan vistos por tanta gente -puesto que durante este gobierno no aparece en las pantallas de televisión comercial abierta-, dice que el presidente de todos modos ganará porque en caso de perder por mayoría de votos a favor de su revocación y de que hayan ido a votar más de 40% de los empadronados, por lo que el resultado de la consulta sería vinculante, ganará toda vez que la ley no puede tener efectos retroactivos o algo así. Me parece que el asesor jurídico que le sugirió tal afirmación a tan famoso periodista, crítico de la 4T y de todos los gobiernos anteriores, nada más olvidó que se trata de un proceso electoral, el de la revocación de mandato, avalado por la Constitución, la ley y hasta ahora por todas las autoridades habidas y por haber en este país. Así es que se puede invitar a no ir a votar, pero por otras razones. Y el presidente puede no irse si es revocado en el cargo, ciertamente, pero también por otras razones, ninguna legal desde luego.
El hijo de un expresidente de la república que anda con ganas de suceder algún día a su papá en el cargo dice en otro video, también muy difundido, que propone no ir a votar porque, asegura, el presidente va a ganar porque tiene muchas simpatías; además de que va a movilizar no solo a su partido sino a todo su gobierno federal y los locales que también son de su partido político para asegurar que la gente vaya a votar por su ratificación. Así es que mejor ni ir a hacerle el caldo gordo, como se dice, pues se corre el riesgo de que se alcance el 40% de votantes y su ratificación sea vinculante -si bien, aunque no sea vinculante el resultado de la votación, el presidente de todos modos va a seguir en el cargo hasta cumplir su mandato porque así dice la Constitución pues fue electo por seis años o casi-.
Otros dicen que la Constitución no es muy clara en el caso de la revocación presidencial (artículo 35, IX, 6º y no hay ley reglamentaria del artículo 84 constitucional), además de que la ley federal de revocación tampoco lo es respecto al caso de que haya revocación (artículo 60 de esta ley que remite al 84 constitucional), por lo que se armaría un merequetengue entre los mismos partidarios del presidente, varios o muchos de los cuales querrían sucederlo en el cargo. Así es que por mera prudencia mejor no buscarle tres pies al gato.
Otros más señalan que como el presidente tiene el control de su partido y de la bancada mayoritaria en ambas cámaras federales, simplemente se aseguraría un Maximato como el de don Plutarco Elías Calles -desde que murió asesinado el presidente electo Álvaro Obregón hasta que el Jefe Máximo de la Revolución Mexicana, don Plutarco, le cansó la paciencia al presidente Lázaro Cárdenas, otro general de división con iguales ganas de ser presidente de a deveras-. Puesto que el presidente provisional sería el secretario de Gobernación en funciones -quien no podría remover ni designar secretarios de Estado, por lo que se quedarían los mismos designados por el presidente revocado (artículo 84 constitucional)- y el substituto que terminase su periodo sería designado por la mayoría legislativa que lo apoya, por la sencilla razón de que él mismo los nombró para ser candidatos y ganaron gracias al apoyo popular del presidente en funciones.
Como los partidos políticos de oposición al presidente en funciones ni pueden -constitucional y legalmente-, ni se ve que -políticamente- quieran llamar a sus militantes y simpatizantes a votar por la revocación del mandato, pues mejor le apuestan a ganar la elección presidencial en 2024, o por lo menos a tener más diputados y senadores en las cámaras federales después de la elección presidencial de 2024. Supongo que están esperanzados en que los efectos del discurso de combate a la corrupción hayan disminuido tanto, gracias a las asociaciones civiles y a los reporteros de investigación que no se cansan de investigar y comunicar, que le hagan perder muchos votos a favor a ya saben quién en todos los procesos electorales que vengan -sean de democracia directa o representativa-.
Y todo hace suponer que con los mismos procedimientos a la mexicana con que se consiguieron las firmas para que hubiera jornada electoral, se conseguirán los votos para que la gente vote por la ratificación del presidente. Más fácil todavía porque ninguna ley establece la menor sanción administrativa, y mucho menos penal, a quienes anden haciendo esas cosas que con tanto rigor se castigan en los otros procesos electorales, cuando no son para revocar sino para elegir presidente, senadores, diputados, etc. -con derecho administrativo sancionador electoral y delitos electorales y toda la cosa-. Por lo que, dicen los que saben e insisten en que mejor la gente ni se dé por enterada, que mejor no vayan a votar.
Solamente que mientras tanto el señor presidente en funciones está muy activo para convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio y en un monopsonio del Estado Mexicano -eficaz manera de aumentar su control político-; en modificar la estructura e integrantes del Instituto Nacional Electoral porque se pasa de autónomo e independiente -para mejor organizar las elecciones a la antigüita-; en incorporar la Guardia Nacional al Ejército Mexicano -para culminar la militarización de la administración pública federal-; y en sacar adelante su proyecto llamado por él mismo Cuarta Transformación de la República, que bien a bien nadie sabe en qué consiste -a lo mejor en un poquito de capitalismo de compadres, otro poquito de estatización y militarización rampantes y un mucho de pobreza compartida gracias a la ineficiencia económica y administrativa aderezada con corrupción-, salvo en que todo mundo que no esté de acuerdo con lo que dice y hace el señor presidente mejor permanezca calladito, porque así se ve más bonito, a no ser que quiera ser crucificado en una “mañanera” -algo que los sesudos politólogos llaman autoritarismo, despotismo o dictadura, dependiendo del cristal con que lo miren-.
Así es que el riesgo de que ésta -la de la revocación- sea la última elección convocada por una autoridad electoral autónoma e independiente como que es bastante grande. Y con otro INE, aunque se llame igual, pero con otros consejeros menos rejegos que algunos de los actuales que luego hasta quieren elecciones auténticas -vaya usted a creer, con tanta gente que apoya al presidente-, pues a ver cuántos diputados y senadores les permiten ganar a los partidos de oposición -como antes sucedía-; porque seguro la presidencia no la van a ganar los opositores, aunque el candidato del partido gobernante sea el mismo de hace casi seis años.
Pero como ya dije desde un principio que nunca ha habido en ningún lugar una movilización ciudadana importante sin dirección política -por lo que no es de suponerse que, en nuestro caso, solitos, sin dirección ni liderazgos políticos, los ciudadanos decidan ir a votar mayoritariamente por la revocación (aunque en una de esas pueda suceder lo imposible gracias a la prensa libre, las redes sociales, la población escolarizada y a sus efectos en un pueblo ávido de castigar culpables, ¿usted cree?)-.Además de que también en este caso hablamos de un proceso plagado de lagunas legislativas e incluso con declaratorias de inconstitucionalidad de la ley que lo regula -aunque alguna resulte contraproducente, la que ya vimos-; así es que nuestro presidente puede tener la tranquilidad de que será ratificado por el pueblo que lo aclama, sin que nadie pueda impugnar el proceso.
Además, con una válvula de seguridad: ni la Cámara de Diputados, ni la Suprema Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Secretaría de Hacienda le dieron, cuando pudieron -y les pidieron-, dinero al INE para organizar ni la petición ni el proceso de revocación, así es que cualquier problema que haya pues será culpa ¡del INE! Por lo que nuestro señor presidente podrá no sentirse obligado a aceptar si la mayoría de los ciudadanos que acudan a votar, aunque fuese en un porcentaje vinculante, le revoca el mandato ¿O usted qué cree? ¿Y usted que haría el 10 de abril: votar o no votar?
Ciudad de México, 14 de febrero de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (EUA); Especialidad en Justicia Electoral (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México); autor de libros de derecho electoral y de derecho procesal electoral.
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