VEINTE INICIATIVAS DE REFORMA PARA PERDER UNA ELECCIÓN

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

El 5 de febrero de 2024 el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en calidad de Cámara de Origen durante el proceso legislativo correspondiente, veinte iniciativas de reforma, constitucional (18) y legal (2); mismas que, como ya se ha escrito en diversos medios, se trata de propuestas irresponsables que ponen en riesgo el ambiente de negocios, la viabilidad fiscal futura del país y la democracia misma de México.

 

El antecedente remoto de esta acción político-electoral se remonta al 19 de abril de 1928, fecha en la que el general Álvaro Obregón presentó ante la Cámara de Diputados una serie de iniciativas de reforma constitucional en diversas materias (por ejemplo: gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales superiores de justicia locales, entre otras). 

 

Solamente que para ese momento el general Obregón apenas era candidato presidencial sin facultad alguna para promover iniciativas, a pesar de lo cual las reformas fueron aprobadas, promulgadas y publicadas el 20 de agosto de 1928; aunque para esta fecha el general Obregón ya había muerto asesinado el 17 de julio del mismo año. Por cierto, también habían muerto asesinados, por órdenes del general Obregón, sus contendientes en la elección presidencial, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano.

 

Pero el antecedente más cercano de estas otras iniciativas presidenciales de reforma constitucional y legal en condiciones “políticamente incorrectas” -las veinte ahora en comento-, corresponde al presidente José Lopez Portillo, quien el 1 de septiembre de 1982, durante su último informe presidencial y ya habiendo sido electo presidente el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, anunció una inesperada nacionalización de la banca privada y el control de cambios con el exterior.

 

La materia de las 20 iniciativas presentadas por el presidente López Obrador son equivalentes a las de sus predecesores mencionados, pues proponen modificar también la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales superiores de justicia locales, más aún, del Poder Judicial en su conjunto; pero también proponen una nacionalización, modificar el sistema federal de gobierno e, incluso, desaparecer organismos constitucionales autónomos y otros organismos de relevancia constitucional, surgidos durante la transición mexicana a la democracia para limitar, contener, el poder presidencial desorbitado -del que los generales Obregón y Calles son un buen ejemplo, pero también otros presidentes posteriores-, además de llevar al control exclusivo del Estado una serie de funciones hasta ahora propias del sistema de economía mixta.

 

Las iniciativas y materias cuya reforma propone el presidente López Obrador en su último año de mandato presidencial y con el proceso electoral para su propia sucesión en curso, son las siguientes: 

1. Derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua.
2. Protección y cuidado de animales.
3. Adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
4. Protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas.
5. Prisión preventiva oficiosa para, entre otros delitos, defraudación fiscal y emisión de facturas apócrifas.
6. Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
7. Programas de bienestar (pensiones no contributivas a personas con discapacidad permanente y adultos mayores de sesenta y cinco años).
8. Austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas que serán inferiores al salario nominal del presidente de la República en la forma que ahí se define. 
9. Incremento del salario mínimo superior a la inflación e incremento de salarios de determinadas personas servidoras públicas.
10. Atención médica integral universal gratuita.
11. Reforma electoral.
12. Cambios al sistema de pensiones.
13. Trenes de pasajeros (derecho del Estado).
14. Empresas públicas del Estado (internet y energía)
15. Reforma al Poder Judicial.
16. Sistema de vivienda para personas trabajadoras.
17. Jóvenes construyendo el futuro (apoyo económico mensual).
18. Desaparición de Organismos Constitucionales Autónomos y otros de relevancia constitucional (simplificación orgánica constitucional).
19. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (reforma legal).
20. Simplificación orgánica (reforma legal).

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En un seminario recientemente organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que participé -participación de la que ya he dado cuenta en estas páginas digitales-, se analizó el conjunto de dichas iniciativas de reformas distribuidas temáticamente de la manera siguiente: 1. Iniciativas de reformas en materia judicial y materia electoral; 2. Iniciativas de reformas de contenido político-electoral; 3. Iniciativas de reformas de contenido político administrativo; y 4. Iniciativas de reformas de justicia social y laboral. Hubo un seminario más en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al que solo asistí, dedicado exclusivamente a analizar la elección popular directa de ministros, así como de magistrados y jueces federales y locales.

 

Por mi parte, para facilitar la comprensión del contenido de las veinte iniciativas (disponibles para su consulta en la página web de la Cámara de Diputados, micrositio “Información Parlamentaria”, Gaceta Parlamentaria del 5 de febrero de 2024), propongo la siguiente manera de agruparlas: 

 

1. Iniciativas que proponen nuevos derechos, ratifican o amplían los ya existentes, pero sin fuentes de financiamiento para hacerlos efectivos, ni formas de operación ni control de gestión para su ejercicio transparente y eficiente (en algunos casos tomando como parámetro el salario nominal pero no el salario real del presidente de la República). 

• Derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua.
• Programas de bienestar (pensiones no contributivas a personas con discapacidad permanente y adultos mayores de sesenta y cinco años).
• Austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas que serán inferiores al salario nominal del presidente de la República en la forma que ahí se define. 
• Incremento del salario mínimo superior a la inflación e incremento de salarios de determinadas personas servidoras públicas.
• Atención médica integral universal gratuita.
• Cambios al sistema de pensiones.
• Sistema de vivienda para personas trabajadoras.
• Jóvenes construyendo el futuro (apoyo económico mensual).

 

2. Iniciativas que proponen la captura político-partidista de las instituciones que garantizan la división de poderes y el control del Ejecutivo federal, tomando también como parámetro el salario nominal pero no el salario real del presidente de la República para justificar una supuesta austeridad republicana. 

• Reforma electoral.
• Reforma al Poder Judicial.

 

3. Iniciativas que proponen la centralización y estatización de funciones públicas en favor del Ejecutivo federal. 

• Desaparición de Organismos Constitucionales Autónomos y otros de relevancia constitucional (simplificación orgánica constitucional).
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (reforma legal).
• Simplificación orgánica (reforma legal).
• Trenes de pasajeros (derecho del Estado).
• Empresas públicas del Estado (internet y energía)

 

4. Iniciativas que proponen la violación de tratados internacionales y de jurisprudencia interamericana en beneficio de un gobierno autoritario (instrumentos internacionales violados de antemano en la configuración constitucional y legal vigente). 

• Prisión preventiva oficiosa para, entre otros delitos, defraudación fiscal y emisión de facturas apócrifas.
• Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

5. Iniciativa que propone la militarización del gobierno mexicano al desaparecer la limitante de que “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (además, se otorga fuero de guerra a la Guardia Nacional, cuyos miembros podrán exigir hospedaje, alimentación y otras prestaciones a los particulares según disponga la ley marcial). 

• Adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

6. Iniciativas para distraer la atención de la ciudadanía respecto a la regresión democrática, la centralización y la estatización rampante que significan las demás reformas (a pesar de la evidente contradicción existente con la muy conocida política pública de “Abrazos no balazos” con los nuevos delitos que ahora resulta que se proponen, pero no se persiguen). 

• Protección y cuidado de animales.
• Protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas.

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Por razón natural de su subordinación política al presidente de la República en funciones, la candidata oficial a la presidencia de la República en el actual proceso electoral federal, es decir, la candidata de la coalición partidista materialmente impulsada a dicha candidatura por el presidente en funciones desde luego que ha hecho suyas las veinte iniciativas aquí referidas. Esto implica, en mi opinión, que cualquier ciudadano que analice con detalle el contenido, el contexto y los antecedentes de las veinte iniciativas solo puede votar en contra de una candidata  que proponga hacerlas suyas y continuarlas -si es que gana, pues el propio presidente en funciones ha reconocido que por lo pronto ninguna será aprobada-. Por eso es que he titulado este artículo “Veinte iniciativas de reforma para perder una elección”, pues desde luego que un electorado informado y consciente solo puede votar en contra de quien proponga este tipo de reformas.

 

Por lo demás, la historia política de México nos confirma este desenlace a todas luces posible: pues el general Álvaro Obregón murió antes de poder aplicar las reformas que de manera inconstitucional inició y la privatización de la banca, al igual que la eliminación del control de cambios, empezaron una vez iniciado el gobierno siguiente al del presidente que nacionalizó. 

 

Solo me queda la duda de si el presidente actual -quien a todas luces se desempeña como candidato presidencial al participar como lo hace en el proceso electoral en curso- estaría dispuesto a abandonar el cargo. Solo una contundente victoria electoral opositora podrá disuadirlo, como ya sucedió con el resultado electoral de la revocación del mandato que pudo contener la reforma reeleccionista en ese momento a la vista -supuestamente avalada por treinta millones de votos que, como consecuencia de un ejercicio errático de gobierno, se han ido yendo como el agua entre las manos-.

 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2024.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).