Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Como es de todos conocido, después de un intento fallido por cuantificar su “desbordante” popularidad -inflada con ayudas sociales para sus “animalitos” (como cariñosamente le llama a su base electoral)- mediante un resultado contundente en la consulta popular o mecanismo de revocación de su mandato presidencial -obviamente para explorar la viabilidad de impulsar una reforma constitucional que pudiera permitir su reelección (ilusión nunca abandonada, a juzgar por la militarización rampante), no precisamente para revocarlo-; el presidente de la república actualmente en funciones adelantó el proceso interno de elección del candidato presidencial al interior de su propio partido, al darse cuenta que la caballada estaba muy flaca -como en su momento, hace muchos años, dijo un gobernador del PRI- o que su favorita era ampliamente desconocida por el electorado nacional además de poco o nada carismática.
Dicha sucesión adelantada tiene por lo pronto dos rasgos que la distinguen, aunque hay muchos más que en seguida veremos. De una parte, viola las disposiciones constitucionales y legales sobre el tiempo previsto para la elección y postulación del candidato presidencial -o a cualquier otro cargo público- al interior de los partidos políticos con registro legal. Pero, de otra parte, a diferencia del anterior partido hegemónico y después dominante -donde el desenlace de la sucesión presidencial por múltiples razones ocurría después del quinto informe de gobierno-, esta sucesión adelantada casi a la mitad del sexenio también cambia las formas del proceso sucesorio al interior del partido gobernante sin cuidar la necesidad o pertinencia -nunca exigencia- de elecciones partidistas internas; mucho menos las previsiones que facilitaban y conducían necesariamente a un candidato de unidad partidista designado por el presidente en funciones.
Porque, por ejemplo, ese periodo de gracia era no solo para permitir la reflexión presidencial sobre el “tapado” más conveniente -ahora llamado “corcholata”- sino también para asegurar la disciplina y unidad al interior del partido gobernante, pero asimismo para no erosionar la autoridad política del presidente en funciones. La cual por razón natural se deteriora conforme se acerca el fin de su mandato y sobre todo si ya tiene un relevo identificado -o sea, para que no se le fuera de las manos o se saliera de su control su propia sucesión-. Pues un nuevo sol empieza a brillar entonces y le hace sombra al gran elector de su propio sucesor.
Para demostrar que su estilo personal de gobernar es distinto del de sus predecesores -con partido hegemónico o dominante (distinción que explicaré en otra ocasión) como el suyo -, el presidente en funciones no solo adelantó el proceso interno de su propia sucesión, sino que además propuso que el método de selección del candidato del partido gobernante fuese mediante una encuesta -últimamente ya se habla de dos encuestas, pero las características de cualquiera de ellas hasta el momento son desconocidas, pues la forma como se realizarán se trata de un secreto muy bien guardado -aunque el propio presidente hace más de un año adelantó las preguntas a formular al pueblo bueno-.
Durante varios años me he dedicado a leer entre otros libros académicos algunos relacionados con las elecciones en democracia. Hasta la fecha no he leído un solo libro en el que se diga que la encuesta es un método democrático para designar candidatos a cargos de elección popular -ni siquiera la Ley General de Partidos Políticos y sus antecedentes legales que han sido muy indulgentes al respecto se atreven a afirmarlo, por lo que mejor lo dejan en una sana ambigüedad donde cabe todo y su contrario-. En nuestro país siempre se ha tenido mucho cuidado de que la democracia nacional -que algún día habrá- no se convierta antes en democracia al interior de los partidos políticos, tal vez para no contradecir la Ley de Hierro de la Oligarquía de Robert Michels; así es que las y los ciudadanos mexicanos frente a la sucesión presidencial nada más nos quedamos como el chinito: “milando”; a lo sumo, escribiendo textos como el presente.
En cualquier tipo de elección -pero sobre todo en las elecciones de cargos públicos con responsabilidades ejecutivas- las encuestas permiten orientar tanto a los electores como a los dirigentes partidistas para definir su preferencia por los candidatos con mayor posibilidad de ganar la elección -aunque haya otros indicadores, a veces inesperados, igualmente determinantes-, así como a los candidatos para mantener o retirar su propia candidatura, pero sobre todo las encuestas orientan a quienes financian las campañas -para no tener que echarle dinero bueno al malo-. El capitalismo de compadres se sustenta en buena medida en este tipo de apoyos mutuos, pues el candidato triunfador después tiene muchos contratos de obras y servicios públicos, permisos y concesiones o favores a repartir entre los donantes a su campaña electoral.
Las encuestas sirven para hacer vaticinios, más o menos confiables, sobre quién o quiénes pueden triunfar en un proceso electoral -o en que espacios de su clientela electoral deban trabajar con más ímpetu-, pero no sustituyen al proceso electoral. Así es que todo indica que, respecto a la encuesta para “elegir” candidato presidencial, solo se trata de una novedad para sustituir el anterior “dedazo” presidencial durante el gobierno del PRI -cuando finalmente se destapaba al “tapado”, para tranquilidad y regocijo del respetable público “elector”-. Por esto el propio presidente en funciones ha llamado “corcholatas” a la y los precandidatos de su partido, por aquello de que una o alguno finalmente será “destapado” -igual que antes, pero de manera distinta porque dice que no son iguales-. La diferencia estará en que ya no serán los sectores del partido gobernante los que se pronuncien a favor del “bueno”, sino que alguien dará a conocer el resultado de una o dos encuestas contratadas a quién sabe qué empresa, diseñada y aplicada conforme a quién sabe qué metodología y desde luego no reguladas por ley electoral alguna.
Hay países en los que el financiamiento de las campañas electorales se realiza completamente mediante financiamiento privado. En México prevalece el financiamiento público sobre el privado, aunque sobran estudios que confirman que el costo de las campañas electorales en México es muy superior, varias veces, al tope legal oficialmente señalado para el financiamiento de las campañas. Lo que necesariamente indica que el financiamiento privado de las campañas políticas es superior al financiamiento público. Más grave aún es el hecho de que dicho financiamiento “privado” se haga en la realidad con dinero proveniente de recursos públicos; pero tan grave esto como que provenga de otras fuentes ilegítimas y obscuras de financiamiento privado. La verdad es que resulta difícil decidir de entre las dos opciones cuál es la peor.
Pero como las precampañas de las “corcholatas” presidenciales -con pronunciamientos desde las “mañaneras” en palacio nacional a favor de los que supuestamente mantendrán la cuarta transformación- al interior del partido gobernante -por cierto, precandidatos señalados como tales por el propio presidente de la república en funciones- se llevan a cabo, además de su franca ilegalidad -aunque precampañas y pronunciamientos hayan sido recientemente avalados por la nueva integración del Consejo General del INE, incluida su presidenta (que para eso sacaron tan buenas calificaciones en el examen y aparecieron en las quintetas insaculadas durante el proceso de su “elección”); aunque también la propaganda de las “corcholatas” por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, sin reglas internas previas para su realización, pues surgen varios problemas.
Para empezar, es evidente que dichas precampañas de los precandidatos o “corcholatas” se llevan a cabo mediante presentaciones, mítines y recorridos a lo largo y ancho del territorio nacional con el apoyo de los gobernadores -y presidentes municipales- surgidos del partido gobernante o de sus partidos aliados (el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México). El PVEM, por ejemplo, anuncia ya una convención nacional en la que participarán además de las “corcholatas” presidenciales su propio precandidato presidencial -aunque ya se imaginará usted quién será la o el triunfador de esa consulta o contienda interna en ese partido aliado o “satélite”-. En tanto que un precandidato del PT se queja de que nadie lo toma en cuenta como “corcholata” -sin duda porque no lo es-.
Recientemente, como un indicador o una suposición fundada de que dichos eventos se llevan a cabo con apoyo de los gobernadores surgidos del partido gobernante y sus partidos aliados y sus respectivos recursos presupuestales, el diario “El Universal” (17 de mayo de 2023), publicó los datos de los gobernadores identificados con cada precandidato o “corcholata” a quien apoyan, así como el presupuesto anual de cada gobierno local. El apoyo mayoritario hacia la única candidata de género femenino -la jefa de Gobierno de la Ciudad de México- solo puede mostrar de dos cosas una: el liderazgo, carisma y arrastre popular de la precandidata -lo que resulta difícil de cuantificar cuando ni siquiera hay una propuesta de gobierno u oferta electoral personal de ella (otros precandidatos o “corcholatas” ya hasta publicaron libros)- o que se trata de la precandidata designada para ser la candidata del partido gobernante ganadora de la encuesta.
La falta de reglas internas claras y precisas para designar candidato presidencial del partido actualmente gobernante -más las públicas inconformidades de algunos precandidatos o “corcholatas” sobre el procedimiento de encuesta y las pugnas que surgen entre ellos por la falta de “reglas claras y piso parejo”- podría hacer suponer la posibilidad de una ruptura al interior de este partido -exactamente como sucedió cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se salieron del PRI y se fueron por la libre, pero con antiguos partidos “satélite” que sí tenían registro legal-. Sin embargo, los diferentes mecanismos administrativos y de coacción que tiene el gobierno para asegurar lealtades -así como para mantener, impulsar o terminar carreras políticas-, haría suponer que todos los precandidatos perdedores optarán por la unidad partidista -a pesar de que las opiniones están divididas, pues son 11 de 22 los gobernadores surgidos de tanta transformación los que apoyan a la jefa de Gobierno-. Por lo que tampoco es de descartarse una implosión al interior del partido gobernante, causada por las “corcholatas” inconformes con el procedimiento o con el resultado.
Totalmente distinto es el caso de los partidos opositores en la selección de su candidato presidencial -cuyos dirigentes, supongo, están muy atentos a lo que pasa con las “corcholatas”-. En principio, por el efecto favorable que tendría la dispersión del voto -ante numerosos y diferentes candidatos presidenciales- para el candidato que sea postulado por el partido gobernante -claramente mayoritario por razones que esta vez no me alcanza el espacio (de un artículo convertido ya en ensayo breve) para explicar con detalle-, es natural suponer que la mayor competitividad, es decir, votación a obtener por los partidos opositores, podrá resultar de un candidato único, verdaderamente de unidad opositora -lo que para nada es seguro todavía que ocurra, pues el partido Movimiento Ciudadano le sigue apostando a confirmar su identidad partidista (como partido esquirol) y lograr un mayor número de legisladores (en lo oscurito) con un candidato presidencial propio, aunque fracture el voto opositor pero a buen precio-.
Además del monto y forma de distribuir el costo económico de dicho proceso electoral interno o de unidad entre diferentes partidos políticos -que en principio son opositores entre sí, pero unidos ante un opositor que de otra forma los avasallará a todos (hasta al partido esquirol, cono ahora mismo lo hace con sus partidos “satélites”)-, la principal dificultad está en el procedimiento de designación del candidato. Proceso electoral al interior o fuera de diferentes partidos ahora temporalmente unidos, métodos de encuesta -total o parciales, una sola o varias-, negociación cupular o de plano alguien llegado en paracaídas, he ahí el dilema -aunque la elección de la actual presidenta del INE y de los nuevos consejeros (cuya lealtad a la “cuarta transformación” ha quedado probada de inmediato) ya empezó a poner de moda la tómbola mejor llamada “insaculación”; pero a falta de quintetas a modo nadie querría jugar la candidatura presidencial en un “volado”-.
Si la decisión se tomara solo en función del costo económico del procedimiento sin duda que el de menor costo económico -pero el de mayor costo político, salvo la encuesta- sería la negociación entre las élites partidistas (hasta para dar la bienvenida al llegado en paracaídas) -aún reunidas las dirigencias partidistas con todos sus precandidatos una semana en el hotel de playa más lujoso del país para discutir y decidir sobre tan difícil cuestión, el costo sería menor al de convocar a una elección nacional abierta-, donde cada una tiene sus precandidatos y precandidatas -naturales e inducidos- o incluso ya su candidato perfectamente perfilado. Aunque no creo que ningún miembro de esas élites -dirigente o candidato- crea de manera sensata que pueda ganar la elección presidencial si va solo a la contienda.
Si la decisión fuese a favor del método de encuesta esto implicaría legitimar el procedimiento del partido gobernante que, como ya lo expliqué, es totalmente antidemocrático -además de favorecer el “dedazo” del gran elector, siempre que no se le salga de las manos (como dice Porfirio Muñoz Ledo que ya sucedió e invita a asegurar la insurrección, poniéndose como ejemplo de que sí se puede)-. Así es que tampoco creo que haya una gente sensata en esas élites partidistas opositoras que se incline por la encuesta o las encuestas.
Finalmente está el procedimiento de la elección interna de unidad entre varios partidos, el cual a su vez está lleno de cuestiones a resolver; otros tantos problemas a zanjar por los interesados. En primer lugar, definir quiénes participarían como precandidatos a buscar la candidatura presidencial y cuántos por cada partido. Hasta el momento hay trece -a los que ya me referí en un artículo anterior sobre el evento denominado de unidad para un gobierno de coalición, al que asistí puntualmente-, pero todavía puede haber algunos más con experiencia de gobierno, méritos políticos, carisma y ganas de buscar la candidatura opositora -uno nunca sabe si de pronto surge por ahí un candidato carismático de arrastre; un actor de cine, por ejemplo, que se quiera dedicar a la política (ya hay un futbolista que es gobernador y, como ya le gustó, ahora dicen que quiere ser alcalde en la Ciudad de México)-.
Más aún, ¿qué sucedería si hay una implosión al interior del partido gobernante y de ahí resulta un candidato con alguna simpatía -toda vez que carismático, carismático, ninguno-, mucha experiencia de gobierno, necesitado y deseoso de vengar agravios y que, además, adopte con los ojos cerrados el programa de gobierno de coalición -que ya para entonces deberá estar hecho y aprobado-, así como a los candidatos para todos los demás cargos convenidos previamente por los partidos que adopten al llegado en paracaídas, que le venga como anillo al dedo a las dirigencias opositoras -por ser viejos conocidos, por ejemplo- y que pueda también unir a los hasta entonces precandidatos opositores en competencia? El problema sería el de la gobernabilidad posterior entre tanta revoltura, pero los políticos profesionales saben cómo resolver esas minucias de reparto del poder -aunque a veces hay unos ambiciosos que no se conforman con nada, como ya se ha visto-, por lo que siempre es bueno confiar en ellos -a condición de que no sean autoritarios, ni protagónicos, ni demasiado ambiciosos de poder por el poder mismo (aunque eso solo se sabe con certeza hasta cuando llegan al poder)-.
Luego viene el problema de qué tan interna o abierta debe ser la elección -porque, aunque hubiese un candidato surgido de la hipotética implosión, de todos modos, tendría que competir con los dos o tres que no hubiesen declinado antes, aunque se retirasen después (pero antes de la jornada electoral interna)-. Pues podría ser con el padrón electoral del INE y participar todos los electores -lo que debe ser el procedimiento más costoso, aunque los partidos lo puedan pagar a plazos con sus prerrogativas (claro, si la nueva integración del Consejo General del INE lo permite y no inventa cualquier pretexto para impedirlo)-, o bien solo a partir de los padrones electorales de cada partido -cuya confiabilidad siempre es puesta en duda hasta por ellos mismos-.
Pero la capacidad de movilización popular demostrada por las diferentes organizaciones civiles que convocaron a las recientes marchas en todo el país en contra del gobierno y su partido -y las que vengan, como la anunciada en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones en lugar de ser acatadas son atacadas de diferentes maneras (incluidos grupos de “porros” a las puertas de la Corte) y “chicaneadas” con medidas dirigidas a retrasar su aplicación por el Ejecutivo Federal-, hace que los partidos opositores deban tomarlas en cuenta -pues a lo mejor tienen sus propios candidatos; de hecho, ya hay por lo menos uno que expresamente se ha lanzado al ruedo-. Nada más que esas organizaciones civiles no creo que tengan padrón de afiliados -ni políticos profesionales, pues se supone que apenas están aprendiendo a hacer política-, así es que los organizadores del proceso electoral interno de unidad tendrán que resolver la forma de tomar en cuenta de manera efectiva la participación electoral de dichas organizaciones sociales no partidistas -y dejar contentos a sus dirigentes para que no se desanimen y no sea que se vayan-; lo que tampoco es un asunto menor.
Pero además hay otros asuntos a resolver, sobre todo la forma de materializar el gobierno de coalición y el programa de gobierno respectivo -con el mayor grado de precisión posible, para que no después terminen haciendo todo lo contrario o, una vez más, lo que se les ocurra-, si es que ganan. Pues de nada sirve ofrecer levantar un tiradero para venir a dejar otro. Pero está también la cuestión de decidir las candidaturas a todos los demás cargos de elección popular que serán votados en 2024 y, además de las candidaturas, definir la oferta electoral en cada caso, para hacer un buen gobierno y no dejar otro tiradero igual o peor -de nuevo, reitero mi confianza en los políticos profesionales a condición de que sean verdaderamente profesionales-. Así es que hay que esperar al 4 de junio por la noche para conocer los resultados de las elecciones locales en los estados de México y Coahuila, los que desde luego van a empoderar a unos o a otros o a todos los participantes (en una de esas hasta a los ciudadanos) -depende de los resultados, a lo mejor todos ganan o todos pierden-; lo que nos permitirá seguir construyendo escenarios políticos alternativos. Siempre que ya saben quién no quiera cobrar el favor a los militares y después ni escribir escenarios prospectivos se pueda, menos aún salir a las calles a construirlos; aunque, por lo pronto, ya empezaron las expropiaciones con apoyo de las Fuerzas Armadas a la manera de la revolución bolivariana.
Ciudad de México, 22 de mayo de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones de sus artículos semanales anuales están publicadas y a la venta en Amazon; la compilación más reciente aparece bajo el título Puro Choro Mareador.
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