La mitad de los militares sobre los que se emitió la orden de arresto pertenecen al Ejército de Tierra, mientras que el resto se reparte en las Fuerzas Aéreas, la Marina, la Gendarmería y la Guardia Costera. Entre ellos, hay dos coroneles, un teniente coronel, ocho comandantes y diez capitanes; el resto tiene menor rango.
La investigación por la que han sido detenidos se basa en las comunicaciones mantenidas entre los sospechosos por medio de líneas fijas o teléfonos móviles con tarjetas de prepago. Ya en diciembre, el ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, advertía de que las investigaciones contra la infiltración gülenista en el seno de las Fuerzas Armadas habían llegado a un “punto crítico” después de que fuesen purgados altos mandos del Ejército —entre ellos unos 150 generales— a los que se acusa bien de haber tomado parte en la asonada de 2016, bien de ser parte de la cofradía que dirige el polémico clérigo Gülen desde su exilio en EE UU, o de ambas cosas. Soylu afirmó que la mayor parte de la purga del estamento castrense ha sido completada, pero aseguró que “la amenaza no ha sido completamente eliminada”.
El exmilitar Metin Gürcan escribía entonces en la web Al Monitor que unos 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas están siendo investigados a causa de sus comunicaciones internas, en concreto si sus llamadas siguen patrones considerados “anormales”. Por ejemplo, recibir frecuentes llamadas desde cabinas de teléfono públicas. El exmilitar ahora analista, citando fuentes del seno del Ejército, aseguraba que se prepara una purga de unos 4.000 militares más antes de las elecciones municipales del próximo mes de marzo.
Desde el fallido golpe de Estado hasta el pasado noviembre, 15.153 integrantes de las Fuerzas Armadas han sido expulsados del cuerpo —más de la mitad de ellos, oficiales—, según cifras del Ministerio de Defensa. De ellos, más de 8.500 han sido también detenidos, aunque aproximadamente la mitad están en libertad en espera de juicio (solo 574 han sido hallados inocentes y liberados sin cargos).
La infiltración de los gülenistas en diversos estamentos de las Administraciones Públicas es un hecho conocido y documentado en Turquía desde finales de la década de 1980. Sin embargo, la organización que dirige el clérigo islamista conoció el cénit de su poder tras la llegada al poder en 2002 del actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ambos se aliaron para acabar con la antigua elite kemalista (nacionalista y laica) que dominaba la judicatura y las Fuerzas Armadas, pero, una vez conseguido este objetivo, Erdogan y Gülen rompieron su alianza y se lanzaron el uno contra el otro. Fiscales y policías de adscripción gülenista iniciaron investigaciones sobre el entorno de Erdogan y de los ministros de su Gobierno por corrupción, a lo que se reaccionó incautando la amplia red de academias privadas, medios de comunicación y empresas gülenistas (es decir, atacando el músculo financiero y la red de captación de la cofradía). Los gülenistas contraatacaron haciendo públicas decenas de grabaciones captadas ilegalmente y que ponían en serios aprietos al Gobierno, a lo que Erdogan respondió declarando al movimiento de Fetulá Gülen “organización terrorista” y “amenaza a la Seguridad Nacional”. En este sentido, el intento de golpe de Estado de 2016, en el que, cuando menos, hubo algunos gülenistas implicados, fue el último capítulo de esta larvada guerra entre dos antiguos aliados de parecidas ideas islamistas.
Sin embargo, durante los juicios, algunos de los militares detenidos han negado su vinculación al gülenismo. Otros, exiliados fuera de Turquía, han denunciado que su persecución se debe a sus ideas contrarias al actual Gobierno, cuya doctrina militar se ha alejado en los últimos años de la OTAN de la que forma parte para acercarse a países como Rusia.
con información de el pais
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