La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, expresó que la transparencia y rendición de cuentas, así como el acceso a la información son elementos esenciales para consolidar el Estado de derecho.
Por ello, dijo, la Cámara de Diputados, en uso de las facultades establecidas en los artículos 69 y 93 de la Constitución, citó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a comparecer y rendir un informe del estado que guarda la dependencia.
Al dar por concluida ante el Pleno Camaral la comparecencia, la diputada Sauri Riancho expuso que de conformidad con el artículo séptimo, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.
Combate a un lastre administrativo de muchos sexenios
En la segunda ronda de preguntas-respuestas-réplica, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) expuso que México además de enfrentar la pandemia combate un lastre administrativo de muchos sexenios anteriores. Cuestionó ¿cómo y cuál ha sido la capacitación de los servidores públicos durante este periodo de crisis sanitaria para garantizar que la transformación de las instituciones ni se postergue ni se omita y no haya corrupción?
También de Morena, la diputada Lucinda Sandoval Soberanes consideró necesario que la Secretaría de la Función Pública emprenda acciones para sensibilizar y concientizar a los funcionarios para que se manejen bajo los principios de rectitud y honestidad. “La Cuarta Transformación tiene como premisa la regeneración de la vida pública y el no claudicar a la honestidad y a los máximos valores republicanos”.
Obligación, fomentar el apego a la legalidad
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba expresó que su fracción ha denunciado la omisión de funcionarios en materia de salud, porque su negligencia daña a la ciudadanía y a los niños con cáncer. Urgió a que la SFP investigue y sancione las faltas de los titulares del Insabi y de Salud. Pidió revisar las compras realizadas por la pandemia, y en qué se gastan los 40 mil millones de pesos extraídos del Fondo Nacional para el Bienestar.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Marcos Aguilar Vega destacó que el funcionamiento de diversas áreas federales, la actuación de servidores públicos y el manejo de los recursos, no se apega a los principios de transparencia y rendición de cuentas, e incluso la SFP actúa selectivamente en la investigación y sanción de funcionarios públicos y personas.
Las medidas de austeridad no han dado resultados
Óscar Jiménez Rayón, diputado del PRI, puntualizó que la eliminación de los fideicomisos, estancias infantiles, la suspensión de compras a medicamentos y la cancelación del nuevo aeropuerto generan un impacto negativo en sectores vulnerables y no se ven resultados. Ante la crisis sanitaria preguntó ¿cuál es el funcionamiento general del Gobierno y el monto del descuento salarial y la retención de prestaciones a los servidores públicos?
Combate a la corrupción con cambios normativos
El diputado José Mario Osuna Medina (PT) mencionó que su grupo parlamentario está consciente de que el combate a la corrupción e impunidad se acompaña de cambios normativos necesarios para institucionalizar esta tarea. Preguntó ¿de qué forma se garantizará la certeza y seguridad jurídica del ciudadano que se ha denunciado de mala fe por un alertador público? ¿Cuál es la sanción para aquellos alertadores que se conducen de mala fe?
Corrupción, pretexto para destruir lo que gobiernos han dejado
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) dijo que existe la percepción de que el “supuesto combate a la corrupción ha servido para destruir lo que gobiernos del pasado han dejado, no solamente lo malo, sino también lo bueno”. Ejemplo de ello es la cancelación de programas y la eliminación de 109 fondos y fideicomisos. Indicó que presentaron una denuncia ciudadana por responsabilidad administrativa ante la SFP contra el subsecretario Hugo López-Gatell.
Procesos de adquisiciones de medicamentos
De Encuentro Social, la diputada Claudia Báez Ruiz indicó que en la SFP se ha puesto como tema de máximo interés la revisión de las compras del gobierno, sobre todo en el sector salud. Preguntó si derivado de la creación de una nueva área de auditoría de adquisiciones se encontraron deficiencias en los procesos de adquisición de medicamentos y si en éstos, especialmente para atender la pandemia, ha habido eficiencia y eficacia.
Tasa de corrupción se incrementó
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) cuestionó cómo se explica la tasa de corrupción que se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes, en 2017, a 15 mil 732 en 2019. Pidió explicar si los contratos por adjudicación directa siguen representando únicamente el 40 por ciento del monto de los contratos y por qué la administración pública no registra todas sus contrataciones.
Licitaciones, problemáticas y burocratizadas
Al dar respuesta, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, puntualizó que hoy se tiene un Gobierno más transparente, gracias a la profesionalización y convicción de transparentar los patrimonios, haberes y conflictos de interés. Este año se recibieron más de 717 mil 851 declaraciones patrimoniales, el 126 por ciento adicional a lo de 2019.
Expuso que en el tema de las adjudicaciones directas se debe tomar en cuenta el contexto que se vive; están basadas en la ley, son fundamentadas moralmente por las necesidades de la pandemia y derivan de la autorización que hizo el Consejo de Salubridad con motivo de la emergencia.
En este momento, dijo, se tiene la oportunidad histórica de transformar la Ley de Adquisiciones; hoy por hoy los procesos competitivos a través de las licitaciones son muy problemáticos, burocratizados y dan lugar a que se abuse de la utilización de las adjudicaciones directas.
Aseveró que el objetivo de la austeridad republicana ha sido eliminar los gastos superfluos y fortalecer el presupuesto asignado a las necesidades de la gente. Destacó que se redujeron los salarios de los altos funcionarios.
Al presidente de la República se le redujo 47.2 por ciento al salario tabular; a secretarios de Estado, el 30 por ciento; subsecretarios, 28 por ciento; a titulares de unidad, 20 por ciento; directores generales, 12 por ciento; a coordinadores generales y mandos medios, 7 por ciento, y a niveles inferiores a subdirectores y directores de área, cero por ciento.
Se eliminaron también costos de comunicación social, gastos de oficina. “Evidentemente nos hemos visto forzados, de forma directa con la pandemia, al trabajo en casa, videoconferencias, todo esto son medidas administrativas que han dado ahorros por más de mil millones de pesos”.
Sobre la cancelación de los fideicomisos, expresó que deriva de un estudio realizado respecto de cómo se mal usaron. “Porque se permitió un abuso absoluto del dinero público que emerge del presupuesto es que se decidió proponer una reforma administrativa para eliminarlos”.
Detalló que existen cuatro mitos: el primero, que se terminará con los apoyos a cultura, deporte, ciencia, lo que es falso porque los objetivos del desarrollo están ahí y los programas van a continuar. Terminará el uso discrecional de las grandes transferencias al sector privado.
El segundo mito es que ya no habrá dinero para los rubros financiados a través de los fideicomisos. Es una mentira porque ahí siguen los programas prioritarios y presupuestados. Se tendrá más fiscalización y control. El tercer mito es que habrá más discrecionalidad; es al revés: habrá más transparencia y control.
Finalmente, el tema de que sin fideicomisos ya no se financiarán proyectos plurianuales; también es falso porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite la ejecución del gasto a través de proyectos plurianuales.
La funcionaria resaltó que se audita de manera regular el manejo de los padrones y afirmó que se toman cartas en el asunto en la fiscalización a todas las cuestiones del desarrollo social. Informó que en 2019 el Órgano Interno de Control realizó una auditoría de desempeño al Programa Sembrando Vida, a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos y metas, determinándose nueve observaciones; siete están en proceso de solventación y dos ya están concluidas.
Destacó que gracias a la consolidación de compras en medicamentos y materiales de curación, el Estado tuvo ahorros por más de 19 mil millones de pesos. Precisó que se hicieron muchas asignaciones directas, pero también se impulsaron compras consolidadas.
Detalló que si bien los mecanismos competitivos y de licitación pública son los idóneos, “las adjudicaciones directas no son ilegales y, sobre todo, hoy frente a la pandemia no son inmorales; pero lo más importante es que ni siquiera son sinónimo de corrupción”.
Respecto al COVID-19, “realizamos no solamente las auditorías y la fiscalización, sino también hicimos visitas in situ y de inspección a diversos institutos del más alto nivel de salud pública”. También los contralores han ido personalmente al IMSS e ISSSTE y “hemos realizado casi 200 visitas a hospitales y unidades médicas en más de una treintena de entidades federativas”.
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