Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Un señor con orden de aprehensión girada por una fiscalía autónoma en contra de él, su mamá, su esposa y su hermana -cuyas cuentas bancarias se encuentran debidamente congeladas-, denuncia a sus cómplices con lujo de detalles que muestran el modus operandi habitual de las élites del poder en cualquier país del mundo, cuando buscan beneficiarse con negocios multimillonarios hechos gracias a la complejidad burocrática y en el ejercicio de sus responsabilidades públicas ganadas con el voto popular. La novedad es que, en México, aunque ha habido antes varios políticos perseguidos y encarcelados, nunca se había conocido una confesión con tanto detalle sobre su forma de operar -y las familias de los políticos encontrados culpables no habían sido molestadas-; también es novedad que el perseguido -y extraditado- se vuelve ahora denunciante y al mismo tiempo confiese y coopere en la persecución de sus cómplices. Aunque no resulta novedad la utilización política de la justicia, sea para inculpar o exculpar a quien sea necesario.
Justamente indignado (más indignado aún, tal vez, porque quienes aparecen denunciados son sus adversarios políticos que amenazan con disputarle la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un proceso electoral que empieza el mes próximo), pero respetuoso de la autonomía de la fiscalía que persigue al implicado, el presidente de la república solo sugirió que la denuncia fuese dada a conocer. La denuncia fue debidamente filtrada, aunque la fiscalía autónoma negó de inmediato estar involucrada en dicha filtración, pero el caso es que ahora cualquiera puede leer en su teléfono, mediante WhatsApp (aunque por su extensión es más fácil leerla en la pantalla de una computadora), la denuncia de Lozoya en contra de la clase política opositora al presidente de la república.
Una de las pruebas del denunciante -oportunamente dada a conocer por el propio presidente de la república en sus conferencias de prensa que ofrece por las mañanas (quién sabe cómo se enteró)- es la filmación de la entrega de sobornos -debidamente filtrada también por alguien desconocido y de cuya autoría también se autoexculpó la fiscalía autónoma-, para que legisladores de la oposición de entonces, dos de ellos gobernadores de estados de la república ahora, votaran a favor de una reforma energética siempre cuestionada por el presidente actual (el primer gobernador de oposición, el panista Ernesto Ruffo Apel -quien votó en contra de dicha reforma-, algo empezó a decir ya acerca de sus compañeros de partido, cercanos al expresidente Felipe Calderón -cuando todavía éste era panista, ahora intenta formar un partido político al que ya casi le dan el registro-, señalados en el asunto ese de vender su voto a favor de la reforma energética); pero también para pagar a los publicistas de la campaña electoral presidencial de su antecesor, según dice el denunciante y ya se conocía desde antes.
Por cierto, el presidente en funciones ha participado en tres campañas presidenciales, incluida la que ganó; un video (el que a videos mata a videos muere, o lo que es lo mismo, el que se lleva se aguanta) que circula en redes sociales, protagonizado por su hermano Pío -y un funcionario recientemente designado por el presidente para acabar con la corrupción en la compra de medicinas-, muestra su estilo de financiamiento de campañas ya desde antes supuesto y probado, pero nunca aceptado por el beneficiario y menos por su esposa que hasta puso de ejemplo para justificar a su marido a doña Leona Vicario (aunque, pasados algunos días, ya todos aceptan que el video es auténtico pero dice el presidente que solo fueron aportaciones del pueblo a favor de su movimiento político -peor tantito pues el delito electoral queda confeso-; nada relacionado con financiamiento ilegal aportado por el entonces gobernador de Chiapas y hoy senador de la república -del que el propuesto y luego defenestrado zar anticorrupción se ostentaba entonces como su colaborador y operador político-).
Regreso a los panistas y al presidente. El secretario privado del actual gobernador -panista- del estado de Querétaro aparece en la filmación dada a conocer antes del video del hermano ahora incómodo, cuando recibe fajos de billetes. Hace algunos años, el secretario particular del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy presidente de la república, apareció en otra filmación cuando recibía igualmente fajos de billetes (el señor que grabó esta entrega de aportaciones y quienes le ayudaron, por cierto, tienen ahora bastantes dificultades con la justicia mexicana además de las que tuvieron antes). El 19 de agosto de este año, gobernador y presidente dieron una conferencia de prensa donde el gobernador clamó su inocencia, igual que lo hizo hace años el presidente que estaba a su lado.
En 2014 hubo una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a la anterior Procuraduría General de la República, ahora llamada Fiscalía General de la República, pues antes su titular era nombrado y removido libremente por el presidente de la república, después dicha propuesta tenía que ser ratificada por el Senado; ahora hay un complejo procedimiento para nombrarlo y removerlo en el que intervienen el presidente y el Senado, donde el presidente tiene mayoría parlamentaria, aunque no la calificada de dos tercios -necesaria para nombrar al fiscal-; pero quién sabe cómo le hizo -aunque todos podamos suponerlo- para que el fiscal nombrado haya obtenido el voto de la mayoría necesaria de dos tercios.
La persona que ejerce ahora el cargo de fiscal general ha sido antes servidor público en gobiernos de diferentes partidos políticos, pues la alternancia partidista en el Ejecutivo Federal se ha convertido en un rasgo de nuestra supuesta consolidación democrática, con la consecuente presencia de los mismos servidores públicos en cargos relevantes en gobiernos de diferentes partidos, sobre todo en cargos tan delicados y de tanta responsabilidad como la fiscalía general.
La Constitución General y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén una figura que se llama criterios de oportunidad, para que, mediante un acuerdo de colaboración en la investigación penal, el imputado por haber cometido un delito pueda lograr que se extinga la acción penal en su contra -y solo en su contra- si ofrece información que permita la condena de sus cómplices siempre que éstos hayan cometido delitos de mayor gravedad. Tanto el presidente como el fiscal se han referido a dichos criterios de oportunidad cuya aplicación, por cierto, está regulada por la propia fiscalía que los hace valer; y cuyos alcances, modalidades y retruécanos en beneficio del imputado, por razón natural, se mantienen en sigilo.
Los opositores al presidente de la república ya han presentado una denuncia penal en contra de su hermano Pío, así es que el asunto ofrece ponerse interesante pues no creo que el hermano, al igual que Lozoya, invoque el mismo criterio de oportunidad que tanto le ha servido a Lozoya, al fiscal y al presidente. Pero independientemente de las argucias para superar la denuncia en contra del hermano incómodo, lo que resulta decepcionante es la procuración de la justicia con criterios políticos. Todo cambia para seguir igual y entre más cambia más se parece.
Se anuncia una próxima reforma al sistema de justicia en México, en la cual destaca, entre otras iniciativas, la presentada por el presidente de la república y preparada por el presidente de la Suprema Corte, según éste lo ha dicho expresamente. La característica más relevante de esta iniciativa es el empoderamiento al interior del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte del presidente de ésta, aliado político del presidente de la república. El Senado ya ha realizado un foro de consulta al respecto y seguramente habrá otros más. Pero ninguna de las diferentes propuestas de reforma (hay un libro publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado que las compila y que también conseguí vía WhatsApp)) propone al menos regular con precisión la forma como deben aplicarse los criterios de oportunidad. Así es que me da la impresión que la confianza ciudadana en la justicia a partir de la Constitución y la ley puede mantenerse incólume: la justicia es para favorecer a quien está en el poder.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2020.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
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