Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Cada día que pasa, en los días actuales, el debate político en México se vuelve más y más agudo, por lo que la confrontación entre los interlocutores que sostienen puntos de vista diferentes tiende a convertirse en un diálogo de sordos. En una sociedad democrática no es lo deseable, pero México nunca se ha caracterizado por tener sus habitantes una cultura democrática por varias sencillas razones.
En primer lugar, porque la historia nacional festeja como grandes epopeyas, dignas de celebración permanente, episodios de violencia como la lucha por la independencia, la guerra de reforma, la lucha contra el imperio, la revolución mexicana, la guerra civil para derrocar al militar golpista que asesinó al presidente que depuso, y así sucesivamente.
Sin duda que el procedimiento normal para lograr la independencia de un país, habitualmente, es la correspondiente guerra de independencia. No hay un Mahatma Gandhi en cada país, así es que lo mismo los colonos británicos que se levantaron en armas para independizarse de su monarquía, que los mexicanos que conservan celosamente la imagen en un museo y el nombre de sus virreyes en algunas de sus calles -todo en Chapultepec-, pues tuvieron que recurrir a la violencia.
Pero, en México, una vez que se logró la independencia y se adoptaron formalmente o se copiaron tal cual -y se adaptaron a las necesidades de las respectivas élites nativas del momento– las instituciones democráticas europeas de la época, en lugar de transitar por los medios electorales previstos en las sucesivas constituciones se privilegió la guerra civil, la asonada, los golpes de Estado o el fusilamiento de los opositores derrotados.
Esa ha sido nuestra cultura política heredada y festejada por generaciones, pues las plazas públicas, los jardines y las escuelas normalmente llevan el nombre de algún caudillo militar que se sacrificó por la patria, aunque más bien hayan sido sacrificados muchos otros más junto con él o en lugar de él -a veces sin siquiera haberse enterado de la causa por la que murieron-, y rara vez sirven para homenajear a otro tipo de personas.
Por ejemplo, no conozco en la Ciudad de México una gran avenida que lleve el nombre de alguno de los mexicanos que han obtenido un premio nobel, y conste que los hemos tenido, varios y en diversos campos: por su obra literaria, por su labor científica e incluso por la paz.
Sin duda que la lucha por el poder implica siempre un enfrentamiento entre los contendientes donde en un extremo está la victoria y en el otro la derrota. Así es que la crispación que ahora se observa resulta de lo más natural, pues quienes están en el poder no quieren perderlo y quienes aspiran llegar al poder o recuperarlo comprometen, igualmente, todas sus armas para asegurar la derrota del adversario político.
Es una característica o una voluntad de exterminio que se extiende a sus simpatizantes o correligionarios, quienes, también, al hacer propias las banderas de los contendientes protagonistas de la lucha por el poder, se vuelven ellos mismos contendientes exaltados en sus respectivos ámbitos -laboral, vecinal, social-.
Se me ocurre entonces la necesidad de racionalizar el debate político sustentado, al parecer, solamente en simpatías o antipatías personales, emociones nacidas de alguna experiencia afortunada o desafortunada, pero que hasta ahora solo son emociones o experiencias que no admiten contradicción, ni debate, mucho menos la posibilidad de defenderlas en una discusión donde puedan salir derrotadas.
Si en lugar de propiciar un debate a partir de simpatías o emociones optamos por sustentar un debate, sobre los temas que hoy se discuten todos los días, pero a partir de argumentos, seguramente la molestia, la exaltación y el encono entre los interlocutores pudiese disminuir y lograr algún punto de acuerdo.
Un buen argumento es aquel que tiene capacidad justificatoria de la tesis que se defiende; si bien eso de los buenos argumentos es una cuestión de escala, pues habrá unos demoledores o definitorios de la discusión y otros que no lo sean tanto.
Así es que traigo a la argumentación política algunas condiciones y características importantes propias de la argumentación jurídica. En primer lugar, el argumento debe ser pertinente, venir al caso, y su pertinencia puede ser mayor o menor; aunque a veces deba ser acompañado de argumentos que lo refuercen.
Además, debe ser un argumento admisible, pues si tiene alguna característica que lo descalifique en el contexto de la argumentación no podrá servir para justificar la tesis que se defienda. También tiene que ser un argumento relevante, pues puede ser admisible y venir al caso, pero servir muy poco para defender la tesis que se defienda.
Se dice que un argumento está saturado o es exhaustivo cuando cumple en la mayor medida posible su función justificatoria. Al efecto, esta característica del argumento se logra mediante cadenasargumentativas o subargumentos. Finalmente, un argumento será más convincente y elegante si se expresa con calidad expositiva, es decir, sin insultar o ser malsonante.
Jürgen Habermas, el filósofo y sociólogo alemán, así como el filósofo del derecho Robert Alexy, también alemán, han propuesto las reglas siguientes para la esgrima argumentativa que suponen tanto el debate jurídico como ahora el debate político que comento y propongo en una modalidad constructiva para evitar enojos y discusiones banales y sin sentido:
En la vida cotidiana manejamos argumentos ordinarios sustentados en el sentido común. Pero también hay argumentos ordinarios con un sentido o una función específicos, por ejemplo, el argumento analógico. Finalmente, hay argumentos específicamente jurídicos, económicos, contables o de cualquier otra especialidad que venga al caso.
Tanto en el derecho como en el debate político son muy útiles los argumentos a contrario sensu como el argumento a simile o analógico y los argumentos a fortiori o a mayor razón (si está permitido lo más, con mayor razón lo menos). Pero creo que es posible agregar también el argumento lógico-sistemático, el argumento teleológico y el argumento a partir de los principios. Hay muchos más que se utilizan en materia jurídica, pero se usan para convencer al juez o para que el juez justifique sus resoluciones, lo que aquí no es el caso.
Pero lo que sí viene al caso señalar es que en Estado constitucional y democrático de derecho, como el que se supone existe en México, las decisiones del poder político se legitiman mediante los procedimientos deliberativos y democráticos que las constituciones -se supone que la nuestra también- quieren asegurar.
Finalmente, es obligatorio señalar que las ideas desarrolladas en este artículo y traídas al momento mexicano actual son resultado de la lectura reciente del libro “Argumentación Jurídica. Fundamentosteóricos y elementos prácticos” del profesor de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio García Amado; libro publicado por la Editorial Tirant lo Blanch (Valencia, 2023).
Ciudad de Oaxaca, México, 21 de octubre de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista AutoritarioMexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
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