La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, subrayó que el Parlamento tiene la responsabilidad histórica de discutir a profundidad la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 1 de febrero, ya que tendrá impacto en la posibilidad del país para cumplir el Acuerdo de París, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el T-MEC.
Al participar en la inauguración del Parlamento Abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, consideró que el tema levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, pero sobre todo estará en el debate el bolsillo de las familias mexicanas, que por la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz.
Estimó que las grandes preguntas que estarán presentes en el Parlamento Abierto son ¿Cómo generar la energía eléctrica que necesita al país para crecer? ¿Cómo garantizar un suministro eléctrico seguro, abundante y de bajo costo para las familias mexicanas? y ¿Cómo hacerlo cuidando el medio ambiente?
También surgirán cuestionamientos sobre si se está pensando en construir nuevas centrales hidroeléctricas, en qué estados, con qué presupuesto y en cuánto tiempo.
Una primera respuesta, comentó, es impulsar las energías limpias y convertir la fuerza del sol, viento, agua y vapor del subsuelo en energía eléctrica.
La diputada presidenta mencionó que una solución que han seguido otros países es construir parques eólicos y solares con tecnología de punta para producir energía económica y amigable con el medio ambiente. Justo en la pandemia, países europeos y Estados Unidos han logrado días donde la mayor parte de su consumo energético proviene de la generación limpia.
Todo esto, continuó, requiere una firme rectoría del Estado, y en los países desarrollados tanto el regulador energético, como el despachador del sistema eléctrico son entes públicos, técnicos y autónomos que establecen las reglas del juego para la participación de los sectores privado y social.
“También es cierto que México tiene en la CFE una potente empresa estatal que cumple las funciones estratégicas de transmitir y distribuir la energía eléctrica; además, es el principal generador y comercializador de energía eléctrica del país”, expuso.
Destacó que México cuenta con importantes centrales hidroeléctricas que aprovechan los principales ríos del país. Y la iniciativa preferente reconoce su importancia.
“Pero también es verdad que el sector eléctrico se ha abierto a la competencia a las actividades de generación y comercialización siguiendo el principio de economía mixta que fija la Constitución en su artículo 25”, agregó.
No obstante, puntualizó, el éxito del empeño de llevar electricidad a los hogares se registró en el Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos resultados dio a conocer el INEGI, ya que más del 98 por ciento de la población cuenta con este servicio.
Dijo que en sí misma la iniciativa es importante y más aún si se analiza desde la perspectiva del futuro energético, porque el cambio climático es una realidad que golpea al orbe. “Inundaciones y sequías, duros inviernos y lluvias torrenciales recuerdan la urgencia de cumplir de manera plena el Acuerdo de París, de lo cual celebramos el reingreso de Estados Unidos a ese Acuerdo mundial para salvar al planeta”.
Los plazos para atender la iniciativa preferente
La diputada Dulce María Sauri resaltó que el ejercicio de Parlamento Abierto es parte del cumplimiento del plazo constitucional de 30 días naturales para analizar, discutir, dictaminar y votar la iniciativa preferente que el Ejecutivo Federal envió el 1 de febrero al Congreso.
La tarea de esta Cámara, subrayó, deberá concluir ineludiblemente antes del 2 de marzo, para que posteriormente la colegisladora, como Cámara revisora disponga de 30 días para culminar el proceso de esta reforma.
Refirió que los apretados plazos no serán obstáculo para hacer un trabajo a conciencia de revisión y análisis, tampoco impedirán que las voces y puntos de vista sean escuchados y, espero, tomados en cuenta por la Comisión para integrar el dictamen.
“Espero que el Parlamento Abierto contribuya a tomar las mejores decisiones sobre la iniciativa y para ganar el futuro con energía suficiente, limpia y barata para México”, concluyó.
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DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Mensaje virtual durante la inauguración del Parlamento Abierto sobre la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”
Un saludo a todas y a todos; al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ignacio Mier; a las señoras y señores coordinadores de los grupos parlamentarios; al presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez, y responsable de la organización de este Parlamento Abierto; compañeras y compañeros diputados, señoras y señores participantes en este Parlamento Abierto.
El mundo ha cambiado con la pandemia del COVID-19, la forma en que hoy nos reunimos para iniciar los trabajos de este Parlamento Abierto es prueba de ello; lo hacemos cuidando la sana distancia, usando una tableta, computadora o laptop, una plataforma digital y una conexión de internet que se han vuelto materiales de trabajo indispensables. Todas estas tecnologías utilizan energía eléctrica, bien sea para conectarnos directamente a la red o para recargar las baterías que permiten su funcionamiento.
¿Cómo vamos a generar la energía eléctrica que requiere México para crecer? ¿cómo garantizar un suministro seguro, abundante y de bajo costo para las familias mexicanas? ¿cómo lo haremos cuidando el medio ambiente y protegiendo a la salud pública? Este es el contexto general y las grandes preguntas que estarán presentes en el Parlamento Abierto convocado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
De esta manera se inicia el cumplimiento del plazo constitucional de 30 días naturales para analizar, discutir, dictaminar y votar la iniciativa preferente que el Ejecutivo Federal envió al Congreso el pasado primero de febrero.
La tarea de esta Cámara deberá estar concluida ineludiblemente antes del 2 de marzo, martes, para que a la vez sea turnada a la colegisladora, que como Cámara revisora dispondrá así mismo de 30 días antes de culminar el proceso de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.
Los apretados plazos legislativos –estoy segura- no serán obstáculo para realizar un trabajo concienzudo de revisión y análisis, tampoco impedirá que las distintas voces y puntos de vista sean escuchadas y, espero, tomadas en consideración cuando la Comisión convocante emita su dictamen, con opinión de las Comisiones de Economía y de Presupuesto.
En sí misma la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es relevante, más aún si la analizamos desde la perspectiva del futuro energético de México; el cambio climático es una realidad que golpea rudamente al urbe entero, las inundaciones y las sequias, los crudos inviernos y las lluvias torrenciales recuerdan constantemente la urgencia del cumplimiento pleno del Acuerdo de París.
Por cierto, celebramos la determinación del nuevo gobierno de Estados Unidos de reingresar a este Acuerdo mundial para salvar al planeta y, por lo tanto, a quienes lo habitamos; la misma pandemia del COVID alerta sobre la incertidumbre de un futuro que no tome en cuenta a la naturaleza.
Entonces, ¿qué hacer? Una primera respuesta proviene del impulso a las energías limpias, a la posibilidad de convertir la fuerza del sol, del viento, del agua y del vapor del subsuelo en energía eléctrica que beneficie al pueblo de México.
México cuenta con importantes centrales hidroeléctricas que aprovechan los principales ríos del país; la iniciativa preferente reconoce su importancia.
En este Parlamento seguramente surgirán cuestionamientos como se estará pensando en construir nuevas centrales hidroeléctricas, en cuáles ríos, en qué estados, con qué presupuestos, en cuánto tiempo.
Una solución que han seguido otros países es la de impulsar la construcción de parques eólicos y solares, utilizando tecnología de punta para producir energía económica y amigable con el medio ambiente. Precisamente en esta pandemia, países europeos y Estados Unidos han logrado días donde la mayor parte de su consumo energético proviene de la generación limpia; por supuesto que esto requiere una firme rectoría del Estado en el sector energético.
En los países desarrollados, tanto regulador energético como el despachador del sistema eléctrico, son entes públicos, técnicos y autónomos, que establecen las reglas del juego para la participación de los sectores privado y social.
También es cierto que México tiene en la CFE a una potente empresa estatal que cumple las funciones estratégicas de transmitir y distribuir la energía eléctrica y que es el principal generador y comercializador de energía eléctrica del país.
En lo personal y como yucateca le tengo un gran reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad, el decreto de su creación elegido por el Presidente Lázaro Cárdenas el 14 de agosto de 1937 fue firmado en Mérida, en el marco del reparto agrario de las haciendas henequeneras, jornada histórica que transformó a Yucatán.
Pero también es cierto que el sector eléctrico se ha abierto a la competencia a las actividades de generación y comercialización, siguiendo el principio de economía mixta que fija la Constitución en su artículo 25.
El éxito del empeño en llevar electricidad a los hogares mexicanos se registra en el Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos resultados dio a conocer el INEGI recientemente, más del 98 por ciento de la población mexicana cuenta con este servicio.
Este Parlamento tiene la histórica responsabilidad de discutir a profundidad la iniciativa preferente que recibió al inicio del periodo ordinario; el tema levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, la votación consecuente tendrá impacto en la posibilidad del país de cumplir con los acuerdos de París en reducción de emisiones contaminantes, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el T-MEC; pero sobre todo, estará presente en el debate el bolsillo de las familias mexicanas que en la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz.
Como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, espero que este Parlamento Abierto contribuya a tomar las mejores decisiones sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y también para ganar el futuro con energía suficiente, limpia y barata para el pueblo de México.
Muchas gracias.
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