El Grupo Parlamentario del PAN respaldó la ley “3 de 3 en contra de la violencia” para que ningún violentador pueda ocupar un cargo público, lo que es un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres aseguró en un comunicado que este dictamen es ejemplo de probidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres, para que, sin simulaciones, se tenga un verdadero compromiso con la atención y erradicación de la violencia; “por nuestras mujeres y niñas mexicanas, ni un agresor más al poder”.
Explicó que con estas modificaciones se promueven acciones contundentes para depurar a la política de los vicios y la depravación e impide que el poder público continúe siendo utilizado por algunos como una vergonzosa herramienta de impunidad, vejación de la dignidad de las mujeres y de protección de violentadores.
“Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con cargos”, afirmó la diputada panista.
“Un violentador que es un servidor público tiene una doble responsabilidad, es victimario directo de las mujeres cercanas a las que agrede e indirecto de las mujeres gobernadas por las que no vela, por las que no hace nada, a las que no les cree y que revictimiza, porque se pone del lado de los agresores, porque se identifica con ellos, porque es su cómplice”, sostuvo.
La diputada expuso que el objetivo de la “ley 3 de 3” es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.
La diputada por el Estado de México consideró que la lucha por el acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia requiere formar alianzas estratégicas entre todas y todos, ya que no puede ser una labor individual, sino un esfuerzo colectivo, plural e incluyente.
“En nuestro camino hacia la igualdad sustantiva hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, pero este aumento cuantitativo debe ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia, que aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión”, agregó.
Para finalizar, la también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales hizo un llamado para tener una reforma social verdadera que garantice la justicia, la igualdad y la libertad de las mujeres y niñas mexicanas.
Explicó que el dictamen reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público y fue aprobado en lo general y en lo particular por mayoría calificada, y fue turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
EGV
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