Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Según señala la prensa nacional, dirigentes y cuadros operativos del partido gobernante, MORENA, están dedicados a tiempo completo a recolectar firmas para reunir el porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y el número de entidades federativas en que éstos habiten, conforme dispone la Constitución, para solicitar al Instituto Nacional Electoral y asegurar que se inicie el proceso electoral para la revocación de mandato del presidente de la república.
No deja de ser extraño, al menos, que dirigentes y cuadros operativos de un partido gobernante estén dedicados a convencer a la ciudadanía a que, primero, solicite un proceso de revocación de mandato del presidente de la república que es, al mismo tiempo, el fundador y líder máximo del partido gobernante. Para, posteriormente, invitarlos a votar en dicha consulta pública para que sea ratificado su mandato. Es decir, primero piden que se abra la consulta popular de revocación del presidente y, luego, que lo ratifiquen.
Ya he dado suficientes argumentos en un artículo anterior para demostrar que se trata de un ejercicio que no sirve absolutamente para nada, si de resolver los grandes problemas nacionales se trata. Pero, sirve, desde luego, y mucho, para que al ratificar el mandato presidencial del líder máximo del partido gobernante se abran las puertas a alguno de los tres procesos políticos siguientes: la reelección del jefe máximo de MORENA como presidente de la república, o bien, si esto no es posible -por las razones que veremos en seguida-, promover la prórroga de su mandato uno, dos o tres años más, hasta que su “proyecto transformador” -que bien a bien nadie sabe ni explicar ni comprender en qué consiste, pues lo mismo se vanagloria del T-MEC que de intentar convertir en un monopolio estatal la Comisión Federal de Electricidad- logre su culminación.
Pero si no fuese posible lograr ni la reforma constitucional que permita la reelección presidencial, ni la otra que haga posible la prórroga del mandato, el “respaldo popular” ratificado por una mayoría -la que fuese, poco importa- que concurra a la consulta popular -cuyo resultado sea o no vinculante, pues igualmente poco importa- a votar a favor de que el presidente sea ratificado en su encargo, sería interpretado -al menos por sus partidarios, simpatizantes y beneficiarios- como un claro indicio de que su liderazgo político al interior del partido que fundó y que lo llevó a la presidencia debe mantenerse y seguir marcando los objetivos y metas del “proyecto transformador” del que es autor.
Si algo queda claro después de sus tres intentos -dos de ellos fallidos- por llegar a la presidencia de la república, es evidente que la ambición por alcanzar el poder presidencial es el signo más distintivo del presidente de la república en funciones. Le puede usted dar las explicaciones y justificaciones que estime más convenientes a tan perseverante ambición. Veamos algunas.
Entre las más obvias y nobles podrían estar las de lograr la grandeza de México, sacar de la pobreza a los pobres, castigar a los corruptos o lograr una cuarta transformación de la república -sea esto lo que cada uno quiera o interprete que sea-. Lo importante es que pudiera sacrificarse por la Patria, nobleza obliga. Por lo que la ambición por llegar a la presidencia ha sido, sin duda, el fruto más deseado de nuestro actual presidente, y me parece fundadamente que nadie lo puede poner en duda. La ventaja y consuelo para él y sus seguidores es que ya lo logró. Seguramente para todos ellos es muy gratificante verlo pernoctar en un palacio virreinal.
Porque, además, lo logró de una manera extraordinaria: obtuvo más votos que todos sus contrincantes juntos -y, precautoriamente, a su opositor que consiguió más votos ya lo obligó a autoexiliarse, no vaya a ser que en una siguiente elección obtenga más votos todavía-. Pero el caso es que, de paso -gracias al transfuguismo electoral-, obtuvo mayoría absoluta en ambas Cámaras federales; mayoría absoluta que -con el apoyo de sus partidos satélite- refrendó en las elecciones intermedias de este año para la renovación de la Cámara de Diputados y, para su buena estrella, su partido político obtuvo también este año la mayoría en la mitad más una de las legislaturas de las entidades federativas.
Como es de todos conocido, durante el siglo XIX el general Porfirio Díaz se levantó en armas con la bandera de “Sufragio efectivo. No reelección” en contra, primero, del presidente Benito Juárez y, cuando éste murió, en contra de su sucesor el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. A Juárez no le pudo ganar, pero Lerdo de Tejada mejor salió exiliado para conservar la vida, aunque haya muerto en el exilio.
Una vez en el poder presidencial, el general Díaz, primero, reformó la Constitución (1878) para que quedara establecida la posibilidad de reelección por una sola vez, siempre que no fuese de manera inmediata. Así es que convocó a elecciones y dejó la presidencia cuatro años en manos del triunfador, el general Manuel González (1880-1884). Por lo que tranquilamente pudo reelegirse una vez terminado el periodo presidencial del general González. Vinieron después nuevas reformas constitucionales para permitir, primero, la reelección inmediata, pero pudiendo reelegirse después de pasado un periodo presidencial (1887); más tarde, sin límite de ocasiones pues ya la Constitución nada más dejó de referirse al tema (1890). Después (1911), siendo ya presidente Francisco I. Madero, vino la prórroga del mandato presidencial de cuatro a seis años, pero sin posibilidad de reelección. Nadie sabe para quién trabaja.
Por cierto, en 2015, al cumplirse el centenario del fallecimiento del general Porfirio Díaz, con dos colegas, amigos y paisanos oaxaqueños -Raúl Ávila Ortiz y María del Pilar Hernández- que entonces coincidimos como investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México -recientemente denunciada como “neoliberal”, cualquier cosa que esto signifique-, organizamos conjuntamente un seminario sobre “Porfirio Díaz y el derecho. Balance crítico”.
Las ponencias presentadas por veintitrés investigadores sobre dicho periodo de gobierno aparecen publicadas en un libro con el mismo título. El tema de mi contribución a ese seminario y al libro respectivo es “Derecho electoral y presidencialismo durante el gobierno de Porfirio Díaz”. Me parece que es el único libro publicado desde una perspectiva estrictamente jurídica acerca de ese periodo de gobierno autoritario. Está disponible para su consulta en la página web del IIJ de la UNAM o simplemente tecleando su título en la red.
Pero el general Porfirio Díaz no es el único de los presidentes mexicanos que le tomaron cariño y gusto a permanecer en la presidencia de la república. Hubo otros antes y, también, otros después del general Díaz. De los de antes, el más conocido es el general Antonio López de Santa Anna, y de los de después, el caso más exitoso -aunque a costa de muchas vidas, entre otras la suya- es el del general Venustiano Carranza -aunque formalmente no era presidente todavía, nada más se le llamaba “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista” pero hacía funciones de presidente -pues estaba “encargado del Poder Ejecutivo”-; funciones que no quiso abandonar cuando la Convención de Aguascalientes -que él mismo convocó- nombró presidentes, primero, a Eulalio Gutiérrez, después a Roque González Garza y, finalmente, a Francisco Lagos Cházaro-. Pero, sin duda, el de la tragedia más inmediata es el caso del general Álvaro Obregón.
Por fortuna en este caso, en principio, el único muerto fue él, aunque después fusilaron al que lo asesinó y también al sacerdote que dijeron que bendijo la pistola con la que fue asesinado -fusilado sin necesidad de juicio alguno ni desahogo de pruebas, y no obstante que ya había un amparo a su favor-, pues alguien tenía que pagar los platos rotos. Pero no hubo enfrentamientos militares como en el caso de la ambición del general Carranza. Esto, debido a que el presidente en funciones, Plutarco Elías Calles, con quien el presidente Obregón había pactado su reelección y la permanencia de Calles durante un periodo de cuatro años -la nueva prórroga del mandato presidencial a seis años (1928) vino un año después de la reforma que permitió la reelección (1927), aunque para entonces Obregón ya había muerto, por lo que se estableció de nuevo la no reelección-, tuvo la habilidad de controlar los daños -aunque la voz popular respondía con ironía a la pregunta “¿Quién mató a Obregón?”, con un simple “Cállese usted”-.
El control de daños fue tan efectivo que el presidente interino, una vez que Calles se retira de la presidencia, fue un presidente civil, es decir, sin poder militar. Y el nuevo presidente electo fue también un civil -hubo un atentado en su contra el mismo día que tomó posesión-, que no duró mucho tiempo. Además, como era vecino del general Calles, la voz popular señalaba su residencia con una aclaración necesaria: “Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente”. Pues resulta que los integrantes de su gabinete habían sido nombrados por el general Calles.
Así es que lo sustituyó un militar, disciplinado, que permitió también, como los anteriores, que la última palabra la tuviera el general Calles; a quien, a falta de título oficial, mejor nada más le decían “el jefe máximo” del gobierno surgido de la Revolución Mexicana; por lo que a ese periodo de dominación o cacicazgo político de Calles se le denominó “el Maximato”. Periodo que terminó cuando un nuevo presidente, joven y con iguales ambiciones y bríos, el general Lázaro Cárdenas, puso a su disposición un avión y lo “invitó” a salir al extranjero.
Años más tarde, se dice, que hubo otros presidentes que coquetearon con la idea de reelegirse, pero no se animaron a llevarla a cabo. Mientras vivió el general Cárdenas, su presencia y ascendiente entre los militares tal vez sirvió para disuadir cualquier intento de reelección. Conforme se construyó la pluralidad política, mejor conocida como “transición mexicana a la democracia”, las fuerzas políticas organizadas en partidos de oposición -y las corrientes al interior del mismo partido gobernante-, supongo que contribuyeron a disuadir también a los interesados en avanzar en su intento, si es que llegaron a pensarlo. La no siempre discreta presencia política de los militares -cuyos fueros y privilegios han sido celosamente respetados por todos los presidentes civiles sin excepción- supongo que igualmente ha servido de valladar a cualquier intento reeleccionista. Esperemos que -de ser cierta mi suposición- así siga ocurriendo, aunque sus responsabilidades en la administración pública hayan crecido de manera exorbitante durante el actual gobierno.
Después de la guerra civil mejor conocida como Revolución Mexicana de 1910, y de la Constitución de 1857 reformada en 1917, nuestro sistema constitucional ha sido de tipo presidencial. Pero el sistema político, primero, fue un presidencialismo militar y, después, aunque con presidentes civiles, de todos modos, autoritario. La pluralidad política ya comentada redujo el autoritarismo, pero no lo desapareció, mientras el partido gobernante tuvo mayoría en las cámaras federales y en los congresos locales.
El periodo del gobierno dividido -presidente sin mayoría en las cámaras- fue bastante breve -de 1997 a 2018-, por lo que con facilidad reapareció el presidencialismo autoritario con un complemento político populista -donde todo se justifica en función de la voluntad, el interés o el beneficio del pueblo bueno-, sustentado en un partido dominante, de nuevo prácticamente único -por eso otros le dicen hegemónico-, y en políticas económicas de carácter monopólico -como la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica-, para asegurar el control burocrático -e inhibir cualquier intento de intervención política partidista u otra- de los empresarios privados; no vaya a ser que la oposición al partido gobernante actual se pueda consolidar.
Más aún, durante el gobierno del partido dominante o hegemónico actual ha habido dos intentos, por fortuna fallidos, de los casos que nos ocupan. Uno, de reelección del presidente de la Suprema Corte de la Nación y, el otro, de prórroga del mandato del anterior gobernador del estado de Baja California. El presidente en funciones, en su momento, hizo público su apoyo a ambos intentos, así como su molestia por no haber prosperado. Es por todos estos antecedentes que resulta sospechoso, por lo menos, el ejercicio de “democracia directa” para consultar al pueblo bueno sobre la revocación de mandato del presidente en funciones o la confirmación de su encargo. Usted, ¿qué opina?
Ciudad de México, 25 de octubre de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); autor de libros de derecho electoral y derecho procesal electoral, así como de dos tomos de la Enciclopedia Parlamentaria de México sobre sistemas, legislación y resultados electorales.
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