Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
En principio, el proyecto nacional, es decir, lo que se supone que todas y todos los mexicanos deseamos que México sea algún día, o bien, pretendemos que ya es o debería ser desde ahora, se encuentra en la Constitución General de la República. Tal vez no todos lo saben, por eso es bueno recordarlo.
La idea de “proyecto” plantea una visión de futuro y reconoce de manera implícita que hay algunas o muchas cosas que, aunque estén escritas en la Constitución, es obvio que no se han alcanzado. Así es que cada seis años un nuevo candidato presidencial ofrece el oro y el moro para alcanzarlo, completarlo, perfeccionarlo y todo lo que usted guste y mande.
En consecuencia, la Constitución se convierte en un documento con múltiples funciones. De una parte, establece derechos y obligaciones de las personas que nacieron, habitan o andan dándose una vuelta por el territorio nacional. Pero, por otra parte, también establece la estructura, las atribuciones, las prohibiciones y los procedimientos para que las autoridades, sean de elección popular o de designación cupular, lleven a cabo el trabajo de gobierno que en beneficio de la colectividad se supone les corresponde realizar.
Ahora bien, la Constitución también define de manera general y digamos que más o menos objetiva qué es lo que le corresponde en su conjunto realizar a las autoridades que gobiernan el país para llegar a una serie de fines o propósitos que algunos podrían llamar horizonte prospectivo, por ejemplo, para que se oiga rimbombante. No es algo -ese horizonte prospectivo- que estuviera desde un principio en la Constitución, por lo menos como hoy está, pues es algo que le aumentaron después -y mucho antes de que llegara AMLO-, pero que de cualquier manera se escucha muy interesante. Veamos.
El artículo 25 -y también varios más pero, por falta de espacio, me quedo solo con el 25- de la Constitución Federal establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Pero, además, agrega que “La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
Se supone que para que este escenario prospectivo -dije antes que así se le podría llamar- pueda alcanzarse algún día, si no es que ya se alcanzó y ni cuenta nos dimos, requiere que “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”. Además de que “El Estado -también- planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”.
Así es que, entre otras, por estas razones, cada seis años un nuevo presidente de la república se dedica a hacer muchas cosas que aseguren lo que ya transcribí y ahora repito: 1) Garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable; 2) Fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático; 3) Permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza; 4) Promover la inversión y la generación de empleo, gracias a la competitividad. Además de que hay áreas estratégicas -exclusivas del sector público- y prioritarias. Claro que todo esto desde la muy personal manera de verlo y pensarlo cada presidente -sobre todo si tiene mayoría en las cámaras federales-, pues cada cabeza es un mundo.
Cada seis años un nuevo presidente, insisto, trabaja muy duro, entonces, para cumplir lo que dice este mismo artículo cuando señala que “La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional”, entre otras medidas, promoviendo la competitividad y el desarrollo industrial sustentable.
Pero no crea usted que nada más deben cuidar hacer esto, también “Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”.
Desde luego que lo más bonito de todo esto es ese asunto de que se permita el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, peros sobre todo porque habrá, o ya hay y no me he dado cuenta, una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
Bueno, pues todo esto viene a colación porque en estos días que acaban de pasar me compré un libro de la autoría del presidente Andrés Manuel López Orador, intitulado “A la mitad del camino”, publicado por Editorial Planeta. En el que, aunque no lo diga expresamente, se muestran algunas de las actividades más importantes que, a la mitad de los seis años para los cuales en principio fue electo, nuestro presidente está muy dedicado a sacar adelante para asegurar este escenario prospectivo que acabo de transcribir, y que está escrito en la Constitución General de la República. Pero al que cada presidente de la república, insisto, le quiere imprimir su sello personal.
Así es que estoy muy contento de enterarme que “lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación: a solo dos años ocho meses de ocupar la Presidencia, puedo afirmar -escribe el presidente AMLO- que ya logramos ese objetivo; repito, sentar las bases para la transformación de México; ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, y se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal; el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres; se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México” (página 85). Es decir, que todo lo que antes estaba mal ahora sí ya está bien.
Pero no crea usted que nada más esto, “México, nuestro gran país, es una nación libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo; se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una república justa, igualitaria, libre, democrática, soberana y fraterna” (páginas 85 y 86). Suena tan bonito que ni lo puede uno creer, sobre todo porque ya se trata de un hecho consumado eso de que es una nación respetada y respetable. Sobre todo, por el presidente Donald Trump.
Desde luego que el presidente AMLO dedica también un buen número de páginas de su libro a señalar y a denunciar a todos los que se oponen a la transformación cuyas bases, afirma, ya están sentadas. Por eso es que, señala con énfasis: “Debo reconocer que la labor de zapa de potentados, medios de información, columnistas e intelectuales que medraron al amparo del viejo régimen ha atraído la atención y ha influenciado en contra nuestra a un amplio sector de las clases medias”.
Pero previene de inmediato a sus lectores: “Debe tenerse presente que en México y en el mundo, las clases medias han sido históricamente las más susceptibles de manipulación; lo fueron en la Alemania de Hitler y en Chile, cuando se les instrumentó en contra del presidente Salvador Allende. En nuestro país se manifestaron, como hemos visto, a favor de Huerta y en contra de Madero, al que llegaron a tratar como traidor a su clase. Durante el cardenismo, un sector de la clase media también se entregó a la reacción e incluso al fascismo” (página 255).
A reserva de que en un próximo artículo pueda dar mejor cuenta del contenido y contradicciones del libro ahora en comento, me adelanto a las páginas finales donde el presidente AMLO confiesa: “Estoy consciente de que al final del gobierno no solo me reconocerán o juzgarán por mi labor en beneficio de los pobres, del crecimiento económico y del avance democrático por garantizar plenas libertades, sino también por la imperiosa necesidad de reducir la violencia y vivir en paz” (páginas 310 y 311). Por lo que no tiene duda en afirmar que: “Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe” (página 318).
Concluye entonces con un anuncio sujeto a interpretación: “deseo concluir mi mandato a finales de septiembre de 2024 para retirarme en definitiva del ejercicio de la política y vivir en Palenque el resto de mi vida con salud y alegría” (página 319).
Puesto que solo “desea” concluir su mandato, a lo mejor es un deseo que no se le cumple, toda vez que -como ya lo he señalado en estas páginas digitales- a lo mejor tiene la mala suerte de que su mandato sea prorrogado o, peor aún, de ser reelecto presidente de la república o, por lo menos, de ejercer un Maximato para que el o la próxima presidenta de la república vaya a recibir el acuerdo presidencial a Palenque.
Aunque, después de todo, puede haber la ventaja de que el proyecto nacional que cambia con cada presidente, esta vez pueda vencer la frontera sexenal. Todo depende del cristal con que se mire.
Ciudad de Oaxaca, 3 de enero de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudio Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (Estados Unidos de América); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF).
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