Ante la investigación sobre una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente de dicho organismo negó la acusación y solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, las Secretarías de la Función Pública, de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron que realizan una investigación sobre una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses por parte de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE.
Ello, por omitir datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por CRE, una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.
Las Secretarías de la Función Pública y de Energía advirtieron que continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar, que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, con una de las cuales contrató durante su gestión.
“La UIF diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes. En total, fueron ocho empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE”, informaron.
Por su parte, García Alcocer señaló que, desde 2016, año en que asumió el cargo de Comisionado Presidente de la CRE, puso a disposición del público y las autoridades competentes, su declaración de intereses.
“En este sentido, es importante aclarar algunos conceptos para no dar lugar a interpretaciones y suposiciones erróneas. En principio, declarar intereses es una obligación legal, y hacerlo no implica incurrir en conflicto de intereses. Declarar intereses es un compromiso con la rendición de cuentas, con la transparencia, así como una muestra de honestidad. En mi declaración quedó asentado que un pariente por afinidad en segundo grado trabaja en una empresa proveedora de la industria de energía eólica, la cual, reitero, no es regulada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, justificó.
Insisitió en que la CRE está para favorecer el interés público, no el de particulares.
“Tan es así que, la empresa transportista tiene presentados 5 amparos ante resoluciones de la CRE. Por lo tanto, es claro que no existe trato preferencial ni con esta, ni con ninguna otra empresa”.
“Y es por eso, que desde aquí, públicamente, le pido una audiencia al Presidente López Obrador. Verá que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de nación”, expresó.
Quadratín.- Teléfono Rojo
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