La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que es necesario fortalecer el Sistema Penal Acusatorio, en vez de debilitarlo o revertirlo a más de una década del inicio de su instrumentación.
Ello, dijo en un comunicado, para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, evitar que haya tantos presos sin juicio ni sentencia, acabar con la impunidad y garantizar verdadera justicia a las víctimas, en especial infantes y mujeres.
La diputada por Jalisco consideró indispensable vigorizar los mecanismos alternativos de controversias, establecer las condiciones para que la ciudadanía sienta que vale la pena denunciar y crear las herramientas necesarias para que los procesos penales sean expeditos y den resultados.
Se debe -agregó- vigorizar la justicia, para lo cual es indispensable abatir los índices de impunidad, al mismo tiempo que se despresuriza la justicia penal, por lo que es necesario garantizar la autonomía de los poderes judiciales y las fiscalías, igualmente profesionalizar a las policías, todo ello con recursos suficientes.
Durante su participación en el Foro “Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?”, que organizó la Comisión de Justicia e inauguró la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, la legisladora se pronunció además por asignar recursos suficientes a tales instituciones para sus tareas.
Juárez Piña reconoció que, a 12 años de la reforma legislativa en materia de seguridad y justicia para transitar de un sistema penal inquisitivo a un sistema adversarial y garantista, se incumplieron los plazos, se incurrió en fallas y se debieron hacer cambios a las normas, porque las instituciones no estaban preparadas para enfrentar un reto como éste.
Ni abogados litigantes, ni defensores, ni ministerios públicos, ni muchos de las y los integrantes de los poderes judiciales estatales y federales tenían las bases, ni la preparación para que las y los presuntos responsables, las víctimas, y las y los defensores pudieran acercarse a este nuevo procedimiento con seguridad bajo condiciones de certeza jurídica.
“Por supuesto, quienes menos estaban preparados son las y los policías, que ahora tienen funciones de primer respondiente y cuya capacitación, ya deficiente de por sí, en muchos casos nunca se ha llevado a cabo porque los recursos que para ellos estaban destinados fueron desviados para otros fines”, denunció.
Ahora -agregó- es necesario garantizar la autonomía, independencia de todas las fiscalías de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República, pero también garantizarles los recursos necesarios para su operación, de modo que éstos no puedan ser disminuidos por los poderes legislativos o ejecutivos.
Urgió a que todas las fiscalías contemplen estructuras especializadas policiacas y de investigación en materias de violencia de género y de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, a fin de que estos grupos sean efectivamente protegidos.
Reiteró la urgencia de atender y resolver la problemática del sistema penitenciario nacional, como el hecho de que sean controlados por los propios delincuentes o “autogobernados”. El Estado -dijo- debe recuperar su control y evitar violaciones a los Derechos Humanos de las que son víctimas otros presos, en particular las mujeres.
Para ello, es necesario reconocer, aceptar y aplicar que ya no es correcto que, si alguien presuntamente cometió un delito, automáticamente sea encarcelado, aunque no haya tenido juicio ni sentencia.
“Debemos hacer conciencia de que no todas las personas que se encuentran privadas de su libertad son culpables, pues existen muchas que han pasado años en prisión y nunca se ha probado su culpabilidad”.
También -continuó- se debe erradicar la errónea percepción de que la prisión preventiva oficiosa resuelve los problemas de impunidad y la de que la cárcel es la respuesta para garantizar a las víctimas la reparación integral del daño.
Sostuvo que la finalidad última de todo este esfuerzo, es que el sistema de justicia penal mexicano se encuentre sólidamente basado en el respeto a los Derechos Humanos y principalmente garantice el derecho a la justicia de todas y todos quienes se ven involucrados en el proceso penal.
“En fin, hemos vivido un largo periodo de transición en el que no sólo las instituciones deben adecuarse al nuevo procedimiento, sino que la sociedad debe introyectar los principios de un nuevo sistema y anteponerlos a las ideas arcaicas que aún predominan en la mayoría de la gente”, señaló.
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