Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Si usted está leyendo estas líneas supongo fundadamente que es egresada o egresado del Sistema Educativo Nacional. Supongo, igualmente, que por diversas razones usted mantiene su vinculación o por lo menos su interés sobre lo que sucede en materia educativa en nuestro país, México, o en cualquier país; sea porque forma parte del sistema educativo como alumno o docente -como es mi caso-; o porque es usted padre de familia de escolares -fue mi caso, mis hijos son egresados del sistema educativo y gracias a ello tienen una actividad productiva socialmente útil que les permite obtener un ingreso económico para cubrir sus necesidades y las de su respectiva familia nuclear-; o, por lo menos, tiene usted algún familiar que actualmente forma parte del sistema educativo -es mi caso, soy abuelo de dos alumnos del sistema y tío de muchos más que son miembros de mi familia ampliada-. Por todo lo anterior, supongo fundadamente también que le puede interesar lo que voy a relatar en seguida.
El 15 de agosto de 2022, la Presidencia de la República Mexicana emitió un comunicado en el que anunció la designación por el presidente de la república de Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. El comunicado de prensa textualmente dice así: “El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez Amaya como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez”.
Sin embargo, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de agosto de 2022, aparecen publicados tres nuevos ordenamientos internos de la Secretaría de Educación Pública, aunque su contenido es aplicable en todo el país -gracias a la muy conveniente (para algunos) centralización de nuestro sistema federal de gobierno-, que son los siguientes:
- ACUERDO número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria;
- ACUERDO número 15/08/22 por el que se determina que los Lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, emitidos mediante diverso número 01/01/20, continuarán aplicándose durante el ciclo escolar 2022-2023; y
- MANUAL de Organización General de la Secretaría de Educación Pública.
Lo curioso del asunto es que dichos documentos rectores del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional -no son los únicos documentos rectores, hay otros, pero nadie puede dudar de la importancia de estos tres- no están suscritos por la secretaria de Educación Pública designada por el presidente de la república el pasado día quince sino por ¡la anterior!
Como son documentos institucionales que involucran a muchas personas y lleva mucho tiempo preparar, es posible suponer que la nueva titular de la SEP tuvo la cortesía institucional con su antecesora de permitirle reivindicar su autoría, coautoría o coordinación en la elaboración de dichos documentos. Pudo haber sucedido también que la cortesía haya sido del propio presidente de la república con su antigua colaboradora; sobre todo ahora que ella comparte funciones como secretaria de Educación Pública de facto y precandidata del partido político MORENA a la gubernatura del Estado de México. Así es que no se quiera salir con eso de que las fechas son las fechas -o que la ley es la ley-, primero las campañas.
Cabe recordar que ahora que estamos iniciando el cuarto año de gobierno de esta administración federal y de este presidente de la república, la nueva secretaria de Educación Pública sería la tercera persona titular de dicha secretaría de Estado. En consecuencia, creo que debemos irnos acostumbrado porque, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sucedido lo mismo, pues ya también van tres titulares del ramo.
El primer secretario de Hacienda que tuvo este gobierno resulta que ahora es un notable crítico de cuanto hace o deja de hacer esta administración. Sus opiniones son muy interesantes no solo por el trabajo que tuvo, aunque por poco tiempo, que le da una gran experiencia; sino, sobre todo, por su valía profesional como académico y estudioso de temas sobre gobierno y administración pública. De tal forma que como publicó en estos días un artículo periodístico criticando de manera muy inteligente el nuevo Plan de Estudios -con argumentos distintos a los que en seguida espero le interese leer-, pues me di a la tarea de buscar en el Diario Oficial de la Federación dicho acuerdo y me encontré con lo que usted ya sabe: no se trata solo del (supuestamente) nuevo Plan de Estudio para educación preescolar, primaria y secundaria, sino también de otro plan de ajuste, llamado Lineamientos, así como nada menos que del Manual de Organización de la Secretaría de Educación Pública.
Sucede que cuando terminé la licenciatura en Derecho en la UNAM impartía cursos como profesor y también era empleado administrativo del Colegio de Bachilleres de la hoy Ciudad de México, así es que mi investigación para obtener el grado la realicé sobre el tema “Las Relaciones Jurídico-laborales entre los Organismos Descentralizados dedicados a la Enseñanza y sus Trabajadores”. Como seguía trabajando en esa institución cuando concluí mis estudios de maestría en Administración de Empresas -iniciados en esta área porque estaba en funciones administrativas, pues muy brevemente estuve en el departamento Jurídico-, mi nueva investigación para obtener el grado fue sobre “La Planeación de la Educación Media Superior en México”.
Para mi buena fortuna -en buena medida por trabajar en el Sistema Educativo- obtuve una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para realizar estudios de doctorado en París, Francia; por lo que no le extrañará a usted que mi investigación para obtener el grado esa vez haya sido sobre el tema “La Relación entre Plan Nacional y Planes Regionales de Desarrollo. El caso de la administración y planeación educativa en Francia”.
A mi regreso a México naturalmente que seguí dedicado a la docencia, investigación y gestión educativa, así es que uno de mis primeros trabajos fue en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde participé en la coordinación de dos formaciones de posgrado: la Especialidad en Investigación, Administración y Planeación Educativa, así como la maestría en Administración de la Educación Superior. Por aquellos días, en la Universidad Pedagógica Nacional, también impartí la asignatura Planeación Educativa en la licenciatura en Administración Escolar.
La vida laboral profesional me ha llevado por otros rumbos y otros temas, pero como dice el refrán “un viejo amor ni se olvida ni se deja”, además de que nunca me he alejado de la docencia y la gestión educativa; así es que en cuanto leí el artículo del exsecretario de Hacienda -mi ahora de nuevo colega profesor e investigador- me puse a leer lo necesario para escribir estas notas.
Lo primero que encontré fueron los tres documentos citados desde el inicio. Pero, en cuanto leí el primero, es decir, el acuerdo número 14 por el que (supuestamente) se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria me di cuenta de una cosa todavía más interesante: que el Plan de Estudio que ya desde el día 19 de agosto pasado es obligatorio en los Estados Unidos Mexicanos para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional resulta que ¡todavía no está hecho!, y eso que ya vamos en el cuarto año de esta administración.
Ciertamente hay un boceto inicial, digamos que una fundamentación, algo así como su filosofía, que desde luego no forma parte del acuerdo número 14, está en un anexo. Dicho boceto está en un micrositio señalado al final del acuerdo publicado en el DOF, así como por no dejar. Es un documento de 214 páginas, de las cuales las últimas 72 son referencias bibliográficas, pero ¡tampoco tiene un plan ni programas de estudio!, como supuse o esperaba cuando vi que era tan extenso… y tan necesario. Habla de propuesta, estructura, organización curricular, ejes articuladores, campos formativos y termina con las fases y grados que todos conocemos, pero nada más.
La verdad del proceso de diseño e implementación del Plan de Estudio que supuestamente se inicia con dicho boceto o fundamentación o filosofía educativa -que igualmente sirve para todo y su contrario-, está expresamente señalada en el artículo cuarto transitorio del propio acuerdo, mismo que a la letra dice:
“Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio que se establece por virtud del presente Acuerdo, así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho Plan sean elaborados por la Secretaría de Educación Pública, con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la Fase 2 (solo primer grado de educación preescolar), Fase 3 (solo primer grado de educación primaria) y Fase 6 (solo primer grado de educación secundaria) de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida Dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.”
¿Cuántas horas serán ahora de Matemáticas o de Aritmética o como le quieran llamar finalmente en cada grado y en cada año? ¿y de Gramática? ¿y de Civismo? ¿volverá a impartirse la materia de Civismo? Como todavía no hay Plan de Estudio nadie sabe y nadie supo. Pero lo cierto es que el nuevo Plan de Estudio es obligatorio en toda la república, tanto en escuelas públicas como privadas.
Trataré de explicar y explicarme. Para empezar, está un poco raro que las partes sustantivas para la implementación del nuevo Plan de Estudio estén en los artículos transitorios del acuerdo. Este aspecto no es menor, pues además del Plan de Estudio y con base a éste se trata de elaborar programas de estudio para cada una de las asignaturas de dicho Plan; materiales didácticos de apoyo (los libros de texto para los alumnos y los manuales respectivos para los profesores); la actualización de los profesores para aplicar el nuevo Plan de Estudio; la actualización de las autoridades administrativas para coordinar lo nuevo que van a coordinar; y así sucesivamente. Pero sucede que en dos artículos de unos cuantos renglones pues ya quedó el flamante acuerdo con el nuevo Plan de Estudio, sin que haya plan todavía.
Pero seamos indulgentes y digamos que es una cuestión de estilo, ni siquiera de técnica, de redacción normativa -no vaya usted a pensar que se trata de un estilo personal de gobernar, para nada-. El caso es -y esto es lo importante- que ya tenemos todas y todos los mexicanos un nuevo Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria … que poco a poco se irá haciendo. Seamos optimistas.
Ciudad de México, 30 de agosto de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores); Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); El Presidencialismo Mexicano en la 4T (Universidad de Xalapa); Crónica de una dictadura esperada (Amazon); El presidencialismo populista autoritario mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato? (Amazon); coautor de los cuatro tomos de la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión); coautor de Rendición de Cuentas, Control Parlamentario y Políticas Públicas en México (Tirant lo Blanch); coautor de Aportaciones para la Fiscalización del Poder Legislativo en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).
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