MONOPOLIO Y MONOPSONIO

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

Durante estos días he seguido -a veces en el canal de Congreso, otras veces en YouTube y también por Internet, aunque las transmisiones por Internet son bastante deficientes (tal vez porque se conecta mucha gente)- con el mayor interés y cuidado las sesiones o foros del Parlamento Abierto, convocado por la Cámara de Diputados en su calidad de cámara de origen en el proceso de reforma constitucional, en materia de energía eléctrica, iniciado por el presidente de la república -tema al que ya me he referido en un artículo anterior (“¿Reforma o contrarreforma eléctrica?”, 12 de octubre de 2021), escrito cuando acababa de presentarse la iniciativa presidencial; por el que Foro Jurídico me invitó a una entrevista con ese título que puede verse en YouTube-.

 

Las modalidades del llamado Parlamento Abierto -que para acabar pronto en realidad es una consulta popular, es decir, es como las llamadas a misa, porque los diputados que quieran hacerle algún caso a los expositores retomarán sus argumentos y los demás ni por enterados se darán- son tres: diálogo en la Junta de Coordinación Política -órgano de dirección política formado por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos- de la Cámara de Diputados; sesiones ante las comisiones que habrán de dictaminar la iniciativa de reforma (Puntos Constitucionales y Energía, con la opinión de la de Medio Ambiente); y debate en el Canal del Congreso.

 

Lo curioso de este dichoso Parlamento Abierto es que todos los expositores, independientemente de la modalidad de que se trate, son agrupados en dos grandes grupos: los que están en contra de la iniciativa presidencial y los que están a favor de la iniciativa (si de confrontar y polarizar el debate sobre el tema se trata, pues las medidas adoptadas para llevarlo a cabo vienen como anillo al dedo; nada más que a ver cómo le hacen para ponerse de acuerdo en algo).

 

Aunque debo decir, también, que todas y cada una de las exposiciones ha sido muy interesante y con muchos datos duros, algunos de los cuales, desde luego, pueden ser interpretados dependiendo del cristal con que se mire el debate. Los expositores han sido conocedores del tema, todos, y algunos, obviamente, verdaderos expertos sobre lo que exponían por ser o haber sido actores centrales de esos temas. Es el caso, por ejemplo, del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; del dirigente empresarial de la CONCAMIN, José Abugaber; y del ex rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro.

 

Recuerdo ahora que algunos de los expositores han sido altos funcionarios públicos con responsabilidades en este momento en el Sector Eléctrico durante el gobierno que promueve la reforma; otros más, aunque no tantos como fuera de esperarse, fueron altos funcionarios del Sector en gobiernos anteriores; pero también ha habido servidores y exservidores públicos de nivel medio del Sector, incluso alguno ya jubilado, pero también colegas académicos especializados en el tema, así como consultores externos especializados desde luego en la materia a discusión.

 

Por parte de los organismos empresariales, a su vez, extrañamente solo recuerdo haber escuchado hasta el momento al presidente de la Confederación de Cámaras de la Industria de la Transformación (CONCAMIN) ya mencionado. Espero que en los días siguientes vayan llegando otros líderes empresariales y empresarios del ramo, cuyo conocimiento como tales es tan importante en este asunto.

 

Bueno, pues el caso es que el debate ha sido de mucha altura, muy técnico, con muchos argumentos a favor y en contra, algunos de ellos -sobre todo los que han sido en contra- ampliamente ideologizados y politizados, según yo. Aunque la verdad es que, como ya he escrito antes, el tema es, en principio, necesariamente ideológico y político desde donde se le quiera ver: más Estado o menos Estado en el Sector Eléctrico, es decir, servicio público eléctrico o competencia de mercado en el sector.

 

Y aquí es donde me detengo para reflexionar en serio sobre el tema: ¿a partir de qué momento este debate deja de ser ideológico y político partidista -lo que, desde luego, no tiene nada de malo- para convertirse en una decisión basada en números, pero también en procedimientos -lo que resulta indispensable-? Pues son, en esencia, los elementos que deberán orientar y definir la decisión que habrán de tomar los legisladores que voten el dictamen sobre esta iniciativa presidencial para aprobarla tal cual, modificarla -mucho o poquito- o desecharla. Barnés de Castro dijo que hay que desecharla y yo también pienso lo mismo, pero no es tan sencillo por lo que vamos a ver.

 

Hubo un momento, hace muchos años, en que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en el Sector Eléctrico -para no meter también al petróleo-, eran indispensables. Porque no se sabía en México cómo funcionaba eso de la electricidad y porque tampoco había dinero, ni público ni privado, para invertir en esa cuestión que, de cualquier forma, era indispensable para el crecimiento industrial y para alumbrar calles y casas. Así es que don Porfirio Díaz abrió las puertas a la inversión extranjera y dejó que las empresas extranjeras vinieran a ganar dinero y a enseñar a los nacionales cómo funcionaba el asunto.

 

Naturalmente que los nacionales empezaron a aprender pronto y empezó ese modelo económico de empresas locales de electricidad que abastecían ciudades y regiones industriales, agrícolas y mineras. Desde luego que las grandes ciudades e industrias eran negocio para las grandes empresas transnacionales de la época, y las ciudades pequeñas, industrias familiares locales incluidas, para los empresarios nacionales del nuevo sector eléctrico, pero empresarios locales -pioneros, creativos y arriesgados- nunca reconocidos en su aportación al desarrollo del país.

 

En la ciudad de México, por ejemplo, cuando se pasó de los tranvías de mulitas a los eléctricos, el negocio estaba más bien en los tranvías eléctricos, hasta que empezaron a llegar los autobuses y, además, el gobierno favoreció a los sindicatos de trabajadores para hacerle la vida pesada a los empresarios que, primero, se vendieron entre sí las empresas extranjeras, para después vendérselas al gobierno; aunque algunos de ellos, por fortuna, siguieron en el negocio de la electricidad por lo menos para autoabastacerse en otros giros industriales. A mediados del siglo pasado la generación de energía eléctrica era mitad del gobierno y mitad de los productores privados. Eso dicen las láminas que presentó un funcionario de la CFE. Dicen los moderadores en cada foro que todas las láminas de Power Point de los expositores van a estar en el micrositio del PA en la página web de la Cámara, pero yo solo he encontrado láminas de tres exposiciones y ya van más de veinte.

 

El caso es que así fue como surgieron, primero, la Comisión Federal de Electricidad, en 1937, y después, con la compra de todas las acciones de las empresas extranjeras, pomposamente llamada “mexicanización” de la industria eléctrica, por allá de los años sesenta del siglo pasado, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro -que cuando desapareció hace algunos años, durante un gobierno del Partido Acción Nacional, sus servicios fueron absorbidos y son prestados por la CFE-.

 

Como la luz eléctrica es indispensable para la industrialización, la urbanización y el consumo doméstico, todos los países del mundo han tenido que resolver el problema de la generación, transmisión, distribución y todo lo demás que es necesario para que haya luz. Así es que cada país o ha dejado este asunto en manos de los particulares o lo ha resuelto el gobierno solito o lo han hecho entre los dos, particulares y gobierno -obviamente con regulación estatal, mayor o menor (y es lo que están discutiendo ahorita mismo en el mentado Parlamento Abierto: qué tanto regular, todo o nada más bastante o un poquito menos; aunque no sepan exactamente dónde y cómo, o los que saben no lo quieran decir, aunque tal vez salga el peine en los siguientes foros)-.

 

Durante estos ires y venires de las empresas públicas del Sector Eléctrico Mexicano sucedió la apertura comercial y con ello la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y otros más. Pero también ocurrió eso de que alguien, o muchos, se dieron cuenta del cambio climático causado por los gases de efecto invernadero y todas esas cosas que han traído como consecuencia otra serie de tratados internacionales, desde luego suscritos por México, para evitar el calentamiento global y disminuir las emisiones contaminantes. Por lo que son necesarias nuevas fuentes de energía, limpias, es decir, a partir del sol y del viento y/o fotovoltaicas -aunque se enfrente el problema de que ni siempre hay sol ni siempre hay viento, por lo que hay que seguir utilizando las fuentes contaminantes basadas en materiales fósiles, esto es, carbón, pero también gas-. Pero resulta que la CFE ni tiene dinero ni ganas de invertir mucho en la generación de este tipo de energías limpias, según los datos que se han dado en los foros.

 

Ahora resulta que el gas viene de Estados Unidos y el año pasado que hubo heladas en ese país pues no llegó suficiente y entonces las plantas hidroeléctricas de la CFE ayudaron a resolver el problema de proveer energía. Este año ha habido algunos litigios también en materia de gas, porque el nuevo gobierno no está de acuerdo con los contratos que firmó el anterior. Así es que cuando no surge un problema aparece otro y esto parece cuento de nunca acabar.

 

Sucedió entonces que, durante el gobierno anterior, en 2013, hubo una reforma constitucional para ampliar la intervención del sector privado en la generación de energía y permitir competir, digamos que en igualdad de circunstancias entre los particulares mismos y, en la medida de lo posible, con la CFE -por lo que fueron creados órganos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía y también el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para ver de quién y cómo distribuirla-.

 

La CFE, a su vez, fue convertida en una empresa corporativa dividida en varias empresas para identificar sus funciones; nada más para poder conocer, medir y evaluar los resultados de cada uno de sus segmentos de operación. La reforma propone desaparecer a los órganos reguladores y al CENACE meterlo en la CFE. La CFE, se propone en la reforma, pasa de ser una empresa productiva del Estado a un órgano de Estado, cualquier cosa que esto quiera decir. Por mi parte -pero también de algunos expositores en los foros-, supongo que quiere decir monopolio del Estado, aunque ya sabemos que nuestra Constitución dice que los monopolios estatales mexicanos no son monopolios.

 

La denuncia que el director de la CFE hizo una y otra vez durante su exposición inicial y sus posteriores intervenciones, cuando le tocó participar -y lo hizo muchas veces, aunque las preguntas no fueran para él-, fue en el sentido de que las empresas de autoabastecimiento no eran tales, que cometían un fraude a la ley pues vendían la luz a sus supuestos asociados que en realidad son sus clientes. Lo mismo dice la iniciativa presidencial -y también otros expositores que cobran en CFE, pues son sus empleados-. Por esto es que desde que la leí la primera vez, lo primero que se me ocurrió fue preguntarme porqué el nuevo gobierno -el que ahora propone la reforma- no las sancionó luego que se enteró.

 

Pudiera pensarse que el marco jurídico no le daba los elementos suficientes para hacerlo, pero el director de CFE nunca entró en detalles -el que dijo algo al respecto fue el diputado Fernández Noroña, después de decir que Bartlett es un patriota-. Me parece que con frecuencia sucede que el marco legal, no solo en materia eléctrica sino en muchas otras, no es suficiente para una regulación efectiva y sancionadora de las faltas que observe, pues a veces la propia ley ni siquiera tiene previstas esas conductas; esto también lo dijeron ese día algunos de los expositores consultores o académicos, pero casi pasó inadvertido. Sin duda que éste tendría que ser uno de los aspectos a regular si es que ya está identificado -pero a lo mejor ni siquiera requiere reforma constitucional, como dijeron varios expositores, aunque otros juran y perjuran que sí-.

 

El presidente de CONCAMIN más o menos dijo una cosa parecida a lo que acabo de escribir, pero tuvo cuidado en no insistir en aquello de una regulación más explícita y sancionadora. Se limitó a decir que quien violara la ley -empresario del Sector Eléctrico- fuera sancionado. Hay que entender que los empresarios se juegan la suerte de sus negocios con sus opiniones, en tanto que los académicos podemos especular sin tanto riesgo pues no tenemos intereses empresariales creados.

 

Pero en el foro 5 de hoy lunes por la mañana, cuando escribo este artículo, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Francisco Barnés de Castro, tanto en su exposición inicial como en las posteriores, hizo una crítica integral de la iniciativa de reforma constitucional aportando múltiples elementos para demostrar sus limitaciones, contradicciones, violaciones a principios constitucionales, tratados internacionales y las consecuentes sanciones que tribunales internacionales necesariamente le impondrán a nuestro país y que terminaremos pagando los contribuyentes -igual que como está pasando con la famosa cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, aunque esto no lo dijo Barnés-, en caso de ser aprobada tal cual.

 

Son muchos los aspectos que involucra la reforma constitucional a discusión, la mayor parte innecesarios de estar en el texto constitucional, unos, pues otros son motivo de la gestión, eficiente o ineficiente, de la CFE -empresa que todo mundo dice que está quebrada, menos su director, quien dice que le sobra dinero para invertir en lo que sea necesario-, que podrá conducir a altos costos y a desabasto o apagones, según también se ha dicho -aunque no faltan los exégetas de la grandeza de la CFE, en cuyas manos colocan, al igual que la iniciativa presidencial, todo lo habido y por haber-.

 

Empresa que, para efectos prácticos, pretende ser convertida en único productor de energía y en único comprador de la energía que produzcan los particulares, sin nadie que la supervise -ni siquiera la propia Secretaría de Energía-, un Estado dentro del Estado, pues -y al frente de ella, don Manuel Bartlett-. Además de que, de por sí, siempre ha sido el único que la transmite y distribuye al usuario final. Así lo dijo el exrector Barnés -con amplia y rica experiencia como alto ex funcionario del Sector Eléctrico-: monopolio y monopsonio, juntitos -bueno, lo de juntitos es cosa mía-.

 

El tema tiene mucha tela de donde cortar y, espero, muy pronto, volver a platicar y tratar de explicar lo que veo y oigo en los foros de tan vistoso Parlamento Abierto.

 

Ciudad de México, 24 de enero de 2022.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (París, Francia) y doctor en Derecho (CdMx, México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (Alcalá, España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (Colorado, EUA); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF, México); maestro en Administración de Empresas (Estado de México, México); licenciado en Derecho (UNAM, México); autor de libros de derecho público, privado y social.