La mayoría opositora de la recién disuelta Asamblea Nacional de Ecuador aún confía en poder revertir el decreto del presidente Guillermo Lasso para volver a sus funciones y continuar el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario, aunque la autoridad electoral ya anticipó que los nuevos comicios podrían celebrarse el 20 de agosto.
La última palabra, sin embargo, la tiene la Corte Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre las apelaciones de los opositores y que suele demorar en dar sus fallos.
El ex titular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó el jueves a la agencia de noticias AP que presentó una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había en el país conmoción social.
Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
“Requerimos, demandamos de la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato”, destacó Saquicela, quien pidió al tribunal que se pronuncie en un plazo máximo de dos días. A su vez sostuvo que fueron presentadas otras dos demandas: una del Partido Social Cristiano (PSC) y otra de la fuerza indígena Pachakutik.
Pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, argumentó en rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda “a juicio, criterio, discrecionalidad y fundamentación del jefe de Estado” y que no requiere la aprobación de ningún organismo.
Vía | infobae
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