México acude a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas con las manos vacías. Sin nuevos compromisos de reducción de emisiones y con los objetivos que presentó el año pasado suspendidos por un tribunal. El presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre reacio a giras internacionales, no viajará a Glasgow para la COP26 y delegará en la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. Esta participación de segundo nivel en una reunión clave para contener el calentamiento global coincide, además, con el impulso a una reforma constitucional que amenaza el crecimiento de las energías renovables en el país.
Más de 100 jefes de Estado, entre ellos el presidente de EE UU Joe Biden, tienen previsto asistir al cónclave. Se busca un nuevo empuje a la agenda climática, tras el impasse que supuso la pandemia y el negacionismo de Donald Trump. Naciones Unidas ha advertido en un informe reciente de que los compromisos actuales implican un incremento de la temperatura global de 2,7°C respecto a los niveles preindustriales, muy lejos del objetivo de 1,5°C que recoge el Acuerdo de París. Para lograr esta meta, el mundo tiene ocho años para cortar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente.
En este contexto de urgencia, el Ejecutivo de López Obrador llevará a la agenda de la reunión la necesidad de aumentar los apoyos a países en vías de desarrollo. “México considera de gran importancia establecer un objetivo de financiamiento climático más ambicioso, que permita a los países en desarrollo llevar a cabo acciones de adaptación de manera oportuna (…)”, señaló la secretaria Albores en un comunicado esta semana.
Sin embargo, los compromisos de reducción de emisiones de México, el meollo de toda cumbre climática, se quedan como estaban. En 2020, cuando los firmantes del Acuerdo de París tenían que presentar metas más ambiciosas, el Gobierno de López Obrador mantuvo las que había presentados cinco años antes, en 2015: una reducción del 22% en las emisiones para 2030. Tras la visita en octubre del enviado de EE UU para el cambio climático, John Kerry, el canciller Marcelo Ebrard mencionó la posibilidad de ampliar las metas el próximo año.
La organización Climate Action Tracker ha tachado los actuales compromisos de “altamente insuficientes”. En la misma línea, Jorge Villarreal, de la ONG Iniciativa Climática, asegura que lo presentado por México “suponiendo que se cumpla, lo sitúa en una trayectoria de arriba de los dos grados”. El experto apunta, además, a la falta de un plan para poner en práctica los compromisos y al obstáculo que eso supone para atraer mayor financiamiento, uno de los objetivos perseguidos por el Gobierno en esta cumbre: “La pregunta es si México está en condiciones de utilizar un mayor flujo de recursos porque no tiene ruta de implementación ni un portafolio de acciones específicas a donde destinarlos”.
Además de insuficientes, los compromisos de 2020 han sido suspendidos por un tribunal mientras resuelve el fondo de un amparo presentado por Greenpeace. La ONG considera que al mantener los mismos compromisos de 2015 y modificar la línea base de emisiones, México puede descargar 14 millones de toneladas de CO₂ más de lo previsto, equivalente a lo que produce la industria cementera doméstica. “Quizás no es mucho, pero en vez de aumentar la ambición del país lo que se hace es lo contrario”, dice Gustavo Ampugnani, director de la organización en México. “No sé cómo van a explicar esto en Glasgow”.
Mientras la comunidad internacional reclama mayor ambición climática, el nacionalismo energético del Gobierno parece llevar al país en sentido contrario. A la polémica construcción de la refinería de Dos Bocas, se añade ahora una reforma constitucional que altera las reglas del sector energético y margina la generación renovable de centrales privadas.
Si se aprueba, las plantas eólicas y solares particulares subirán su producción después de las termoeléctricas y las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que utilizan combustóleo o gas natural. Con este cambio en el orden de prioridad, la reforma amenaza con aumentar las emisiones de CO₂ entre un 26% y un 65%, según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por sus siglas en inglés), del Gobierno de EE UU.
Vía | El País
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