Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Andrés Molina Enríquez publicó su célebre investigación sobre dicho tema en el año 1908. Después de un análisis del contexto de dichos problemas que ubicó en la descripción del territorio, la población y la propiedad de la tierra, señaló los que consideró los problemas primordiales entre los que identificó, nuevamente, territorio, población, propiedad y gobierno, sin dejar de considerar la importancia del Istmo de Tehuantepec, así como de las relaciones exteriores.
Sin duda que los grandes problemas nacionales han cambiado ahora. Mientras entonces, para Molina Enríquez, uno de los principales era asegurar la producción agrícola para asegurar, a su vez, la alimentación; en la actualidad, para la alimentación de la población no basta la producción nacional, sino que es igualmente importante y necesario el comercio internacional de alimentos. Pero ahora hay otros problemas que Molina Enríquez apenas abordó: el empleo, la educación, la salud, las comunicaciones de todo tipo, la seguridad, la impartición de justicia y todos los que atienden cada una de las dependencias y entidades públicas.
Datos recientes de organismos internacionales muestran que la pobreza extrema y la falta de alimentación han aumentado, así como el desempleo o la disminución notable del Producto Interno Bruto. El gobierno federal actual se planteó como principales problemas a corregir la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y el crecimiento económico. Sin embargo, tal parece que los grandes problemas nacionales pueden no ser uniformes o únicos, por lo que van variando en función del territorio y de las necesidades sentidas por la población e interpretadas por cada orden de gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ha planteado las prioridades a atender durante el actual gobierno federal. Pero el propio sistema nacional de planeación del desarrollo tiene una complejidad de prioridades como consecuencia del entramado institucional y la colaboración intergubernamental. Al grado de que cada orden de gobierno -federal, estatal o municipal- tiene sus respectivas prioridades y, al interior de cada uno de ellos, las diferentes dependencias y entidades tienen necesidades y prioridades propias.
Así es que desde un punto de vista realista hay que empezar por aceptar que no todos los problemas podrán ser atendidos -aunque deberían serlo- y, los que sí sean atendidos, no quedarán totalmente resueltos ni esto será para siempre. Y no podrán ser atendidos ni resueltos de manera definitiva sencillamente porque para lograrlo no hay dinero que alcance y, además, porque los problemas atendidos y aparentemente resueltos generarán nuevas necesidades y problemas por resolver.
Los planes de desarrollo -federal, estatales y municipales- constituyen un diagnóstico de la problemática a atender y un conjunto de propuestas de solución. Como esto implica contar con dinero para hacerlo, pues se cuenta con dos mecanismos: las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos; aquellas para recaudar dinero de los contribuyentes y pedir prestado donde se pueda, y éstos para señalar el destino de ese dinero, es decir, dónde, cómo, cuándo y por qué entes públicos deberá ser gastado el dinero que se obtenga.
Lo que viene en seguida es la ejecución de lo planeado y presupuestado para continuar con la rendición de cuentas, es decir, la fiscalización por parte de otra serie de entes públicos, de los cuales los más importantes -porque para efectos prácticos vigilan a todos los demás-, son las auditorías superiores, la de la Federación y las de las entidades federativas.
Después de la fiscalización viene la sanción o el castigo por lo que haya estado mal hecho, por lo que aparecen nuevas instituciones sancionadoras, tales como las fiscalías y los tribunales de justicia administrativa -federal y locales-, pero pasando antes por otras instancias administrativas que tienen su propia complejidad y extensión en cada uno de los entes públicos, las contralorías administrativas y sus respectivos órganos internos de control o el nombre que reciban en cada entidad federativa -a nivel federal se llaman así, órganos internos de control-.
Como es posible advertir de lo hasta aquí narrado, resulta que el primer problema nacional es poner orden en el conjunto de planes, programas y acciones de gobierno del país, pues se trata de un elefante muy difícil de mover y más difícil todavía hacerlo caminar por donde se desee que avance.
El otro problema nacional es saber si cada orden de gobierno identificó debidamente los grandes problemas a resolver y, más aún, si las medidas que propuso para resolverlos son las adecuadas, si cuenta con dinero para ello y con la capacidad técnica para realmente lograrlo.
Para que esto suceda se cuenta con una serie de controles previstos en la Constitución General, en las constituciones locales y en las leyes federales y locales. El primer control es el gobierno territorial, se trata de nuestro sistema federal de gobierno -federación y estados, incluida la Ciudad de México-, al que hay que agregar los municipios -alcaldías se llaman ahora las anteriores delegaciones de la hoy CDMX-. El otro control es funcional, se trata de la división de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial, y ahora también los organismos constitucionales autónomos con competencias exclusivas-.
Han surgido otros controles o sistemas de actuación política y administrativa en diferentes materias o aspectos, por ejemplo, el sistema de partidos políticos; el sistema nacional electoral -institutos, tribunales y fiscalías electorales-; el sistema nacional anticorrupción -que engloba diversos sistemas o subsistemas de éste, como son el de fiscalización y control administrativo, el de justicia administrativa, el de transparencia y el de participación ciudadana, hasta el momento-; el sistema de planeación democrática del desarrollo -al que ya me referí-; el sistema de procuración e impartición de justicia; el sistema de control constitucional y otros más. Además de que cada una de las dependencias y entidades públicas ha creado su propio sistema o subsistemas, por ejemplo, el sistema nacional de educación, el sistema nacional de salud; el sistema nacional bancario; el sistema de sindicatos de trabajadores públicos y así sucesivamente.
Pero desde luego que sería muy injusto adjudicarle la solución de todos los grandes problemas nacionales solo al gobierno, por lo que es necesario contar también a la sociedad civil organizada de muy diversas maneras. La más importante, en mi opinión, es a través de los organismos empresariales y patronales que tienen enfrente a todo el sistema y subsistemas de sindicatos de trabajadores privados. Pero ni remotamente se agotan aquí las organizaciones de la sociedad civil que tienen múltiples ramificaciones territoriales y funcionales también.
Como vemos, en la época actual el primero de los grandes problemas nacionales es ponerse de acuerdo en cuáles y en qué orden habrá que resolverlos, así como quiénes y con qué recursos, dónde y cuándo. He ahí el pequeño problema para resolver los grandes problemas.
Ciudad de México, 13 de octubre de 2020.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
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