Este viernes 31 de mayo varias dependencias del gobierno federal ejecutarán despidos de personal en las direcciones generales adjuntas con el fin de tener ahorros, sin embargo, el Ejecutivo carece de un diagnóstico que permita evaluar la operatividad de las dependencias sin estos puestos, de acuerdo especialistas y exfuncionarios consultados por Expansión.
“Está quitando parte de la operatividad del Estado, no sabemos si está bien o mal, porque no tenemos un diagnóstico para saber si se genera un efecto positivo, y ésa es la parte más delicada”, dijo Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).
El pasado 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un nuevo memorándum con el que exhortó a nuevas medidas de austeridad dentro del gobierno que van desde reducir 30% en gastos de oficina y reducción de 50% en viáticos hasta la eliminación de asesores y direcciones generales adjuntas.
Tomando en cuenta una de las principales medidas: la desaparición de directores generales adjuntos, representará eliminar al menos 1,326 plazas sólo en el sector central de las dependencias gubernamentales y entidades no sectorizadas, que deberán desocuparse el 31 de mayo próximo.
Para 2019, los recursos destinados a estas plazas en el sector central ascienden a 1,237 millones de pesos (mdp), tomando en cuenta las percepciones totales, de acuerdo con el analítico de plazas y remuneraciones publicado por la Secretaría de Hacienda.
El objetivo de estos recortes es lograr una “transformación” en la administración pública federal, según ha justificado Hacienda.
El punto en el que coinciden los especialistas consultados es que la estructura gubernamental tiene que simplificarse, para evitar opacidad en el manejo de recursos. Un ejemplo de la complejidad en la estructura se refleja en el analítico de plazas donde se registrar cientos de variaciones en las plazas.
El Imco trabajó de la mano con la unidad de evaluación y desempeño de Hacienda, para tener un aparato gubernamental más sencillo. “Hasta donde llegamos es que había que ajustar la estructura, pero no correr a la gente, y si había que liquidarla, había que hacer un análisis de política pública, pero ese análisis no se hizo”, apuntó Ricardo Corona, del Imco .
El gobierno de López Obrador elaboró desde el arranque del sexenio los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en el que se establecieron los recortes en las diferentes dependencias.
El documento técnico contempla la reducción de al menos 70% de las plazas de confianza de instituciones y organismos del gobierno federal, es decir 222,600 personas según el Censo de Gobierno 2017 del INEGI.
Con información de Expansión
Sé el primero en comentar