CIUDAD DE MÉXICO.- “Es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad el Poder Judicial está podrido”.
Así, de manera escueta, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse con respecto al cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria a favor de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que enfrenta 2 procesos judiciales por presunta corrupción.
Y sobre la base de la decisión del juzgador de que no hay riesgo de fuga del exfuncionario del sexenio pasado, el titular del Ejecutivo dijo que seguramente la Fiscalía va a apelar.
Ayer, el juez control de amparo Gerardo Genaro Alarcón López emitió una resolución por el segundo tribunal colegiado en materia de apelación, en la que ordenó celebrar una audiencia y que de manera inmediata se pusiera en libertad condicional a Lozoya Austin, quien pasó en prisión casi 3 años.
Lozoya Austin, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, es acusado de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht. Fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que los jueces han privilegiado al exfuncionario de Enrique Peña Nieto, además de que presentará un recurso de revisión; el documento establece que:
“El juez de Amparo, Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”.
A la par, la FGR acusa que el juez de control, Genaro Alarcón López, y los magistrados de los Tribunales de Apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, han dictado resoluciones a favor del exfuncionario del sexenio de Peña Nieto “de forma parcial e ilegal”.
Tras un acuerdo con la FGR, llevó su proceso bajo arresto domiciliario, pero fue encarcelado en noviembre de 2021 luego de que salieron a luz imágenes en las que se le observa en un restaurante.
En 2022, la fiscalía general pidió una pena de 39 años de prisión para Lozoya, acusado por los delitos de asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
También había sido acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de una deteriorada planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares, pero los cargos fueron retirados luego de un acuerdo para la reparación del daño.
Con información de 24 Horas
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