Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Somos 127 millones de habitantes del país, de los cuales 93 millones aparecemos en la lista nominal de electores. En 2018 acudimos a votar más de 56 millones y, en las elecciones intermedias de este año, 2021, acudimos a votar poco más de 48 millones. Pero solamente 7 millones acudieron el domingo pasado a votar en la primera consulta pública convocada y organizada formalmente por el Instituto Nacional Electoral. Así es que me propongo analizar algunas de las razones por las cuales la ciudadanía, de manera tan contundente, no acudió a este ejercicio de democracia participativa o democracia directa que por primera vez ocurre en México a nivel federal.
Mi primera y principal reflexión es sobre la utilidad y viabilidad de dichos ejercicios de democracia directa o participativa. Para lo cual es necesario analizar en paralelo ambos procedimientos e instituciones electorales que forman parte de los sistemas políticos: la democracia representativa y la democracia directa.
La democracia representativa -que es el gobierno mediante representantes populares: presidente, gobernador, senadores, diputados, alcaldes, regidores, etc.- significa, en los hechos, dar un cheque en blanco a los representantes que elegimos con nuestro voto, para que ellos realicen lo que estimen más conveniente, es decir, lo que ellos quieran.
Ciertamente hay una oferta electoral -con la que coincidimos o no los electores y por eso votamos a favor o en contra-, pero que no es obligatorio cumplirla; a veces, porque no se puede, a veces porque no se quiere. Además de que habitualmente toda oferta política es lo suficientemente general y ambigua para que pueda significar todo y su contrario. Aunque se supone que, cuando hay reelección inmediata, hay una manera de evaluar y sancionar o premiar la congruencia y eficacia en el cumplimiento de la oferta electoral. Pero la reelección inmediata en México es reciente y acotada, así es que nuestros políticos que quieren reelegirse buscan otros mecanismos para asegurar su regreso inmediato al cargo o prolongar su mandato.
En las sociedades contemporáneas la democracia representativa tiene como un elemento indispensable la existencia de partidos políticos, que actúan como intermediarios entre la sociedad y el gobierno. El artículo 41 de la Constitución General lo dice de manera muy pomposa; es uno de los artículos más largos de la Constitución, a lo mejor el más extenso, pero la definición de los partidos políticos está al inicio para quien guste leerla. En la práctica, los partidos políticos son maquinarias de movilización ciudadana cuya eficacia democrática depende, en primer lugar, de que haya otros partidos políticos que con igualdad de recursos y condiciones también presenten candidatos y propuestas al electorado, se vigilen entre sí, además de vigilar que los procesos electorales sean auténticos, es decir, que las autoridades electorales actúen con autonomía e independencia, y que las elecciones no sean un fraude a la voluntad de los electores.
Es evidente que los ciudadanos promedio tenemos muy poca posibilidad, o más bien ninguna, de hacer valer nuestra opinión, crítica o sanción al desempeño de nuestros gobernantes. Lo más que podemos hacer es salir a votar o abstenernos, pues la maquinaria de los partidos políticos -grandes o chicos- es de tal manera avasallante que nuestra opinión personal poco importa, aparentemente. Porque la paradoja de la democracia representativa y de las elecciones es que, finalmente, la suma de los votos individuales de nosotros los electores marca una tendencia. Ciertamente es una tendencia definida previamente e impulsada por las maquinarias de los partidos políticos, pero, si son varios esos partidos que compiten, los ciudadanos al menos podemos escoger entre la oferta política que mejor nos parezca y los candidatos que más nos simpaticen o convenzan.
Ahora bien, los ejercicios de democracia directa o participativa, aunque sus propagandistas los llenen de elogios, no sustituyen a las elecciones tradicionales de la democracia representativa, donde elegimos a nuestros representantes que tomarán decisiones por nosotros. Aunque, desde luego, lo políticamente correcto es hablar muy bien y lanzar loas a los mecanismos de la democracia directa, aunque no sirvan para nada útil, democráticamente hablando. Aparentemente, la democracia directa permite que decidamos los ciudadanos de manera directa, pero hay varios factores que lo impiden.
El primer y fundamental factor es que, obviamente, los ciudadanos no tenemos la maquinaria suficiente para hacer que sean consultadas nuestras propuestas. Un ejemplo es la consulta del domingo pasado, donde el que la solicitó fue el propio presidente de la república. La pudimos haber solicitado los ciudadanos -con esa o cualquier otra pregunta-, sin intervención ni de los diputados o senadores o del presidente de la república -como dice la Constitución-, pero se necesitaba que lo solicitaran el 2% de los electores, es decir, dos millones de solicitantes. ¿Usted tiene dos millones de amigos que respalden su propuesta personal de consulta sobre el tema que sea de su gusto? En lo personal, como profesor, aunque tal vez he tenido varios cientos o algunos pocos miles de alumnos a lo largo de más de cuarenta, casi cincuenta años de trabajo docente, ni mantengo contacto con todos ellos, ni creo que les interese lo que yo proponga y menos tengo recursos para ir a buscarlos y convencerlos. Ésta es la realidad de la dichosa democracia participativa: o la organizan los partidos políticos, o el presidente de la república o el gobernador del estado, o los legisladores federales o locales, es decir, los partidos políticos. Obviamente, otra vez, para avalar o denostar lo que ellos quieran.
En mi opinión, de entrada, la democracia participativa es una tomadura de pelo porque, de cualquier manera, la decisión la van a tomar los que siempre deciden, la élite gobernante, los que gobiernan y los que se les oponen para gobernar ellos. Solo recuerdo dos ejemplos mundiales de dirigentes políticos que acudieron a una consulta popular y perdieron: Charles de Gaulle y Augusto Pinochet, pero -como he estado diciendo- fueron sus opositores políticos los que ganaron, gracias a que tuvieron la maquinaria para movilizar a la sociedad en contra de quienes en ese momento gobernaban.
Es por ello que me parece mucho más importante perfeccionar el sistema de democracia representativa para que, efectivamente, el poder controle al poder. Pues éste es el trabajo de los partidos de oposición: aprovechar su propia maquinaria para criticar, cuestionar, someter a evaluación, transparentar, exigir rendición de cuentas, a los dirigentes políticos de los partidos gobernantes. La oposición gobierna oponiéndose. Y un día, tarde o temprano, la oposición se volverá gobierno. México no es la excepción, del año dos mil a la fecha ha habido tres alternancias partidistas en la titularidad del ejecutivo federal y muchas más en los gobiernos locales, no se diga en los municipales. Después de 21 años de gobierno dividido en el poder legislativo federal, desde 2018 se tiene una nueva mayoría partidista también en el legislativo. Que a esta nueva mayoría y al presidente se le exija transparencia, rendición de cuentas y que sean sancionados los gobernantes infractores en el presente es más importante que andar buscando castigar culpables, vía una consulta que no sirve ni para buscarlos ni para castigarlos. Lo mismo habrá que decir cuando lleguen los que habrán de sustituir a los actuales gobernantes nuestros, los de la autodenominada Cuarta Transformación que cambia todo para que siga igual. Si deben ser castigados por las faltas que ahora cometen, no será necesaria una consulta, bastará con aplicar la ley e investigar su conducta actual.
No creo que noventa millones de electores tengan estas ideas que ahora expongo para desconfiar de la democracia participativa y que por eso no hayan acudido a votar el domingo pasado. Pero supongo que al menos lo intuyeron por la forma como el actual gobierno ha utilizado o dejado de utilizar este asunto de las consultas. La más notoria fue la supuesta consulta sobre el aeropuerto de Texcoco, cuya construcción ya casi iba a la mitad, pero se canceló supuestamente por una consulta que nunca organizó el Instituto Nacional Electoral, es decir, por lo tanto, se trató de una consulta “patito”. Además, hay que pagar todos nosotros las multas por los contratos, nacionales e internacionales, que no se cumplieron al cancelar una obra pública de tal magnitud. Los electores se dieron cuenta que este gobierno con consulta convocada por el INE o sin ella, de todos modos, toma las decisiones que estime más conveniente. Ésta es la democracia representativa, el cheque en blanco al que me referí hace rato.
Por eso insisto en perfeccionar los mecanismos de control del poder previstos en el sistema de la democracia representativa; medidas que sólo pueden ser adoptadas mediante las instituciones y procedimientos de la democracia representativa. Lo demás es perder tiempo y dinero para que los electores ni acudan a votar en ese tipo de consultas porque intuyen -como ha quedado probado- que no sirven para nada, aunque sí sirvan a los fines políticos de quienes las convocan. Por ejemplo, echarle la culpa de la falta de votantes al INE, al que ni siquiera le dieron dinero para organizar este proceso electoral. Cuando la culpa, a todas luces, es de quien la convocó y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que mejor endulzó la pregunta en lugar de declararla inconstitucional, como era su obligación-.
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); obtuvo la Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México).
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