Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Preparo ahora, entre otros temas de investigación académica a que me dedico, una nueva edición -más bien reimpresión (virtual, si no consigo apoyo para una edición impresa)- de mi libro El Presidencialismo Mexicano durante la 4T (Universidad de Xalapa), publicado hace tres años. El año pasado, la compilación y publicación de mis artículos semanales apareció en un libro titulado El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de Hoy, ¿Prórroga, Reelección o Maximato? (Amazon) El año anterior, la primera compilación publicada de mis artículos semanales la intitulé Crónica de una Dictadura Esperada (Amazon). Espero tener el apoyo institucional y el tiempo disponible para realizar un estudio -con la consecuente evaluación cuantitativa y cualitativa- de la planeación, presupuestación y políticas públicas de la autodenominada “Cuarta Transformación”; periodo de gobierno federal que transita ya en su segunda mitad y que debe ser estudiado con rigor, objetividad y sistematicidad. El estudio y evaluación de este periodo necesariamente deberá incluir el proceso político electoral anunciado, iniciado y modelado por el mismo presidente de la república respecto de su propia sucesión -también identificado por él, textualmente, como el destape de las corcholatas, sin comillas-. Por lo pronto, adelanto una perspectiva histórica y un resultado previsible o deseable.
La primera Constitución que hubo en nuestro país, la de Apatzingán de 1814, estableció una forma de gobierno republicano parlamentario con un ejecutivo colectivo y rotatorio. En alguna medida, aunque no haya sido ésta la causa determinante, la observancia del mandado constitucional estuvo también entre las causas de la derrota militar del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Hubo otras causas, sin duda, pero nadie puede negar que el diseño constitucional de esa república parlamentaria que no prosperó fue un intento fallido de evitar el presidencialismo -esa monarquía sexenal nuestra, a veces democrática pero las más de las veces absoluta- iniciado con la Constitución de 1824. Las constituciones centralistas fueron modeladas por el general Antonio López de Santa Ana y tampoco prosperaron, como tampoco prosperó el equilibrio de poderes en esas repúblicas que además fueron víctimas de la expansión territorial de los Estados Unidos, quienes supieron aprovechar muy bien las divisiones y luchas internas que ocurrían en nuestro país para ampliar el territorio de su imperio -se recuerda a Santa Ana (en cuya antigua casa en la Ciudad de México funciona ahora un restaurante y su recámara es un salón comedor), pero pudo haber sido cualquier otro presidente-. Juárez, incluso, les ofreció el Istmo de Tehuantepec y si no lo aceptaron fue por las razones de ellos no por las nuestras.
Después de los sucesivos enfrentamientos entre vicepresidente y presidente y sus consecuencias, se hizo responsable de esas luchas intestinas al sistema electoral y al diseño institucional con ambas figuras, para que en la Constitución de 1857 ya no hubiese formalmente vicepresidente -y de paso se suprimió también el Senado de la República, supuestamente para acercarse al parlamentarismo-. Aunque, en los hechos, el vicepresidente haya sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a lo cual Benito Juárez reivindicó su acceso a la presidencia, aunque tuvo buen cuidado de no respetar esa regla cuando se trató de su propia sucesión -justificaciones no le faltaron, pues estaban en guerra y la constitucionalidad era más bien un pretexto o un gambito-. En fin, nada que ver con la visión heroica de la historia nacional que se enseña en los libros oficiales, donde es imposible ver a los héroes de carne y hueso pues están forrados de bronce.
Una vez restaurada la república, Juárez resolvió su sucesión con su triunfo militar sobre el Plan de la Noria enarbolado por Porfirio Díaz. Una vez que Díaz gana el poder a Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec -donde vuelve a enarbolar el lema “Sufragio Efectivo. No reelección”- Díaz resuelve su primera sucesión con la ayuda de su compadre el general Manuel González -al que desde luego le da una ayudadita para que no se le fuera a arrepentir- y, después, simplemente modificando ese antiguo lema por uno nuevo: “Sufragio efectivo no. Reelección”.
Desde luego que los inversionistas europeos siempre bienvenidos durante el gobierno de Díaz -pues entonces, como ahora, no había otra manera de conseguir ni dinero ni tecnología-, y también los iniciales intentos de regular la extracción de petróleo, no fueron ajenos a que en la caída repentina y estrepitosa de Díaz mucho haya tenido que ver el gobierno norteamericano. Tampoco el hecho de que el vecino que se había quedado reducido a la mitad del territorio hubiese iniciado su crecimiento y modernización justamente gracias al gobierno autoritario de Porfirio Díaz, para nada democrático -debate histórico sobre crecimiento y desarrollo que se presenta ahora con China-. Además de que eso de tener un competidor en lugar de un vecino dócil pues ni a Vladimir Putin le gusta.
Pero el caso es que en las dos oportunidades que don Porfirio tuvo de planear y modelar su propia sucesión, primero entre Mariano Escobedo o Matías Romero y Justo Benítez y, más tarde, entre Bernardo Reyes y José Yves Limantour, simplemente no se animó a dejar el poder. Prefirió prolongar el periodo presidencial de cuatro a seis años y crear de nuevo la vicepresidencia, además de poner en el cargo a alguien que nunca le hiciera sombra. Así es que al final de cuentas -después de los tratados de Ciudad Juárez, de su exilio y de nuevas elecciones- tuvo que quedar la presidencia en manos de un señor completamente inexperto para esas cosas -por lo que así le fue, al señor y al país-, aunque haya sido muy bueno para escribir un libro sobre la sucesión presidencial. Sirva en su descargo que la intervención del embajador norteamericano esta vez fue ostensible.
Las sucesiones del ejecutivo desde el periodo de guerra civil, una vez que los opositores al general golpista que asesinó al presidente constitucional y al vicepresidente ganaron la guerra, tampoco pudieron darse de manera pacífica. Aunque Venustiano Carranza -primer jefe del Ejército constitucionalista, pero sin Constitución- haya convocado a la Convención de Aguascalientes -nuevo intento fallido de gobierno parlamentario-, cuyos acuerdos Carranza fue el primero en desconocer. Una vez convertido Carranza en presidente constitucional no tuvo tiempo de completar su sucesión porque los generales sonorenses se lo impidieron, es decir, lo asesinaron. Luego ya entre ellos los mismos generales sonorenses se jugaron rudo, hasta que llegó un general michoacano que puso en orden al que quería pasarse de vivo con su Maximato.
De ahí para adelante vino el teatro de la república en materia de sucesión presidencial mediante un procedimiento que se volvió clásico, consistente en “destapar” a un “tapado”, es decir, que el presidente de la república designaba a su propio sucesor, quien ganaba la elección presidencial porque era el propio gobierno el que organizaba las elecciones y contaba los votos. Don Daniel Cosío Villegas dijo que era una monarquía sexenal hereditaria en grado transversal, porque la sucesión ocurría al interior de los miembros de la familia revolucionaria, esto es el partido gobernante autodenominado “revolucionario” -cualquier cosa que esto pudiera significar muchos años después de la caída de Díaz, Madero, Huerta, Carranza y demás héroes revolucionarios; todo eso que los libros de texto llaman pomposamente “Revolución Mexicana de 1910”-. Pero, haya sido como haya sido, en eso del ”tapado” todo funcionó muy bien hasta que vino la primera alternancia partidista en la presidencia de la república en el año 2000.
La sucesión del primer presidente de alternancia que ya no era miembro de la familia revolucionaria se resolvió por vía electoral. Primero, con un procedimiento ejemplar de democracia interna en el nuevo partido gobernante -pues todo mundo afirma que el candidato ganador en la contienda interna no era el favorito del presidente entonces en funciones-. En seguida, mediante las elecciones constitucionales organizadas por una autoridad electoral autónoma e independiente. A partir de esta contienda electoral participó ya como candidato presidencial el actual presidente de la república en funciones. Perdió la elección, pero no reconoció su derrota y acusó de fraude electoral y de usurpador al nuevo presidente (algo muy parecido a lo que ahora mismo hace el expresidente Donald Trump, quien también tiene mucha gente que se lo cree).
El segundo presidente surgido del nuevo partido en el poder no tuvo mucha preocupación con eso de la democracia interna en su partido -para empezar, creo que nombró presidente del partido gobernante a su secretario particular, si mal no recuerdo- y la consecuencia fue la única previsible, perdieron la elección presidencial. Pero no a manos del actual presidente de la república en funciones -quien también fue candidato y se quedó en un honroso tercer lugar- sino con la restauración del anterior partido gobernante al que, como ya hemos visto, no se le da eso de la democracia interna. Así es que después de haber iniciado con bombo y platillo su gobierno con un Pacto por México -ejemplo de concertación política y construcción de futuro que en estos días solo sirve para ser condenado-, al nuevo presidente le empezaron a salir mal las cosas, lo que aprovechó muy bien el actual presidente de la república en funciones; quien de paso “vació” de sus cuadros y militancia al partido que lo había encumbrado a su propia dirigencia nacional, luego lo había hecho su candidato ganador a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y dos veces candidato presidencial; “vació”, dije, a su anterior partido y fundó uno nuevo -pues eso de tener contrapesos o soportar gente que piense distinto como que no se le da-. Lo demás es historia bien conocida.
El caso es que ahora el presidente de la república está construyendo y modelando su propia sucesión. Una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral forma parte del nuevo modelo sucesorio como pieza clave -también la militarización de la Guardia Nacional-. Para lo cual utiliza todos los recursos de su poder constitucional y metaconstitucional -como jefe máximo del partido gobernante-. Esto incluye calificar y descalificar desde su programa matutino de televisión a los posibles candidatos de los partidos opositores y, desde luego, “placear” a los precandidatos de su propio partido -en abierta violación a las leyes electorales que impulsó cuando era opositor-. Por lo que, a la luz de la historia nacional brevemente recordada aquí en materia de sucesión presidencial, lo mejor que se le puede desear al señor presidente de la república en funciones es que su propia sucesión -que, a juzgar por los precedentes, ha adelantado por lo menos dos años (entre otras razones, para ocultar la falta de resultados de la 4T)- le salga muy bien y ésta culmine en una nueva alternancia.
Ciudad de México, 4 de julio de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores); coordinador y coautor del libro Porfirio Díaz y el Derecho. Balance Crítico; coautor de los cuatro tomos de la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).
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