El cerco de la comunidad internacional sobre Nicaragua continúa estrechándose. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado este jueves la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018.
En abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años. “Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables”, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia”.
La decisión se ha aprobado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo formado por 47 Estados. En la votación, 20 países se han abstenido y otros siete se han posicionado en contra: Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea. El 7 de marzo, la ONU ya hizo público un duro informe en el que transmitían su preocupación por la situación del país centroamericano.
Vía | El País
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