LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LA VACUNA

 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

En mi colaboración de la semana pasada señalé la clasificación entre gobiernos democráticos y no democráticos, diferenciación a partir de la cual trataré de demostrar que en el momento actual el gobierno federal lleva a cabo una manipulación política no sólo de la aplicación de la vacuna sino en general de la manera de enfrentar el combate a la pandemia que ahora mismo amenaza a toda la población del país, pero respecto de la cual la responsabilidad principal de dirección y coordinación para combatirla corresponde al Ejecutivo Federal apoyado por una mayoría legislativa que formal y materialmente le debe exigir cuentas -teóricamente, aunque sea de su propio partido-. Pues resulta evidente que usted o yo no podemos salir al mercado internacional de medicamentos a comprar vacunas para que sean aplicadas a nuestras respectivas familias, ni podemos identificar con exactitud -y menos todavía imponer a nuestros vecinos o a las personas con las que nos encontremos por la calle- las medidas necesarias para prevenir el contagio -varias personas a las que en lugares públicos cerrados he señalado su falta de cubre bocas notoriamente se han molestado y si no me han agredido tal vez sea a causa de mi edad o porque solo fue un señalamiento cortés y no un reclamo-.

 

Un gobierno democrático se caracteriza, en primer lugar, por el carácter electivo de sus autoridades públicas -en otras ocasiones me he referido ampliamente en estas páginas virtuales a las monarquías, por lo que no regreso a esa forma de gobierno-, mediante elecciones auténticas donde la libertad del electorado para definir su intención de voto sea respetada. Pero es aquí donde empiezan los problemas, pues la política electoral es justamente el arte de hacer creer o la difícil habilidad -para algunos, aunque no para todos- de hacer creer a los electores sobre la pertinencia y viabilidad de su oferta político electoral, o bien, cuando ya se llegó al gobierno, de la idoneidad de las medidas que el gobierno tome para satisfacer las necesidades y resolver los problemas que surjan o enfrente la población en general.

 

Ahora bien, ese asunto de hacer creer a la gente que se tiene la mejor oferta político electoral o que se realiza el mejor gobierno es una cuestión que se puede ver al menos desde dos perspectivas. La primera, la de los políticos encargados de emitir los mensajes y, la segunda, la de la población objetivo que los recibe. Los políticos siempre dirán que lo que ofrecen es lo mejor y los gobernantes -que desde luego son políticos- también dirán lo mismo sobre lo que hacen o dejan de hacer. La diferencia está en cómo lo digan, con qué frecuencia y con qué medios. En la política electoral eso se llama propaganda y pues resulta que es algo no solo legítimo sino necesario. El político y el gobernante están obligados a comunicar sus intenciones, no sólo para facilitar que su mensaje llegue a su destinatario sino también para que, en el caso de los destinatarios, éstos sepan qué hacer o por quién votar, según el caso. Pero, sin duda, que este ejercicio legítimo de comunicación política o gubernamental tiene o debe tener sus límites, para no caer en la demagogia, el populismo, la manipulación, el autoritarismo o la dictadura.

 

De cuando en cuando circula en redes sociales ese mensaje que habla de una persona que llega al cielo y es invitada a visitar el infierno para comparar y decidir dónde prefiere quedarse, de tal forma que cuando llega al infierno encuentra todo fenomenal -no entro en detalles- frente a la placidez y parsimonia que advierte en el cielo, razón por la cual opta por el infierno. Sin embargo, cuando al día siguiente encuentra todo diferente y pide una explicación, el diablo solo le precisa que un día antes estaban en campaña para conseguir su voto. Sin duda que, en cierta forma, se puede señalar a la política electoral como el arte de hacer creer o de engañar sobre escenarios de futuro difíciles de alcanzar o francamente inalcanzables, pero presentados de tal forma que el destinatario del mensaje los admita como creíbles y alcanzables. Esto es resultado de por lo menos dos factores importantes: la propaganda política, a la que ya me he referido, pero también a su contexto necesario que es la ideología. Cuando se coincide con una ideología, es natural considerar que todo aquello que pueda resultar como consecuencia de ésta, sobre todo si es asegurada por los líderes, guardianes o intérpretes de esa ideología que se comparte, es natural suponer no solo la coincidencia y el asentimiento, sino sobre todo la disposición de aportar el trabajo, esfuerzo o sacrificio necesarios para hacer realidad dichos escenarios -aunque nunca lleguen a cumplirse-.

 

Solamente que, además de la perspectiva del emisor y del receptor de los mensajes políticos y de gobierno, se tiene también la perspectiva de quienes evalúan la pertinencia, viabilidad y resultados de dicha oferta electoral o políticas públicas puestas en marcha. Desde esta nueva perspectiva el asunto ya no es una cuestión de credibilidad, confianza, militancia o apoyo a una ideología o a un líder, sino de exigencia de rendición de cuentas para saber si la oferta electoral se cumplió o si la obra de gobierno fue idónea en relación con los recursos y procedimientos disponibles y aplicables. Desde luego que, habitualmente, el ciudadano promedio no tiene los elementos suficientes para realizar una evaluación objetiva y rigurosa de dichos resultados. Salvo cuando traigan como consecuencia una afectación directa a su estado de salud o de bienestar, fácilmente identificable y cuantificable. Éste es el caso de las vacunas y del combate gubernamental a la pandemia, cuya gestión por el gobierno puede ser evaluada a partir de nuestra propia experiencia personal.

 

Como estamos en pleno proceso electoral, es natural suponer que tanto el gobierno, el partido gobernante y sus partidos opositores vean el combate a la pandemia y concretamente la campaña de vacunación desde una perspectiva político electoral. En efecto, es una magnífica oportunidad para que el gobierno informe de manera amplia, objetiva y transparente sobre lo que ha hecho en tales materias, de una parte, y de otra, para exigirle los resultados positivos como se supone que es su obligación presentar. Pero lo que hemos tenido es un ejercicio bastante pobre tanto en los procedimientos como en los resultados, aunque con información profusa, confusa, opaca y contradictoria. El presidente y el gobierno ha abusado de sus tribunas para hacer propaganda sobre lo bien que hacen las cosas, pero los parámetros internacionales de evaluación de la gestión gubernamental frente a la pandemia los colocan invariablemente en los últimos lugares, sino es que exactamente en el último. Bueno, es un decir, porque en otros ocupan los primeros lugares -tanto en números absolutos como relativos-, por ejemplo, en el de personas fallecidas respecto del total de población -aunque creo que es el único caso en que les gana el gobierno de los Estados Unidos-, en el número de pruebas no aplicadas para detectar la enfermedad, en el número de fallecimientos no declarados u ocultados o en las poquísimas vacunas que hasta el momento han sido aplicadas.

 

Más grave todavía es que la aplicación de la vacuna sea llevada a cabo por un grupo de personas que visten el logotipo gubernamental -en el que inicialmente, hasta que hubo una sentencia judicial que la eliminó, aparecía la efigie del presidente de la república-, mismas personas dedicadas a censar y distribuir los recursos gubernamentales aplicados a los programas sociales teóricamente ampliados por el actual gobierno. Pero que por lo mismo no tienen la menor experiencia en materia de aplicación de vacunas. Ahora, hasta hay una página web del gobierno federal obviamente -a la que tarda varias horas en ingresar, si es que finalmente ingresa-, para concertar una cita de fecha por definir para cuando haya vacunas. Sin embargo, se supone que cada año el Sector Salud, federal y de las entidades federativas, pero también en el sector privado, llevan a cabo campañas de vacunación. Pero la mayor parte de éstos no han sido convocados a participar en este esfuerzo nacional de vacunación. Al parecer, entre otras, por la sencilla razón de que no se compraron oportunamente las vacunas porque el dinero aplicable a su adquisición ha sido destinado a otras prioridades de gobierno, como si ante la obligación gubernamental de prevenir la muerte de los habitantes del país al evitar que contraigan la enfermedad gracias a la vacuna pudiese haber otras alternativas de erogación de recursos públicos más importantes, pues para eso se planifica y programa. En mi experiencia personal -como posiblemente en la de usted-, la vacuna contra la influenza antes me era aplicada en una estación del Metro de la Ciudad de México, en otras ocasiones era un médico particular; la ocasión más reciente fue en un centro de salud del gobierno de la ciudad -bueno, más bien fue en un parque público cercano al centro de salud donde la fila de espera era menor que en el propio centro-. ¿Tan difícil es replicar este esquema para el caso de la vacuna contra el coronavirus?

 

Aquí es donde confirmo que aparece la manipulación político electoral del gobierno. Se trata de propiciar una única vía para lograr la vacunación, excluyendo expresamente a los gobiernos locales y a la medicina privada. Pero, además, se ha llegado al extremo de recibir con cámaras y micrófonos aviones fletados expresamente para transportar los cargamentos de vacunas que, al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México son recibidos por secretarios de Estado y funcionarios de gobierno que hacen elocuentes declaraciones, cuando solo reciben unos cuantos miles de vacunas -no se sabe con certeza si son muestras, obsequios o una parte mínima de la entrega supuestamente contratada-, que obviamente no alcanzan ni siquiera para vacunar al personal médico de los hospitales públicos pues, al menos inicialmente, se negó la vacuna a los del sector privado, aunque también atiendan a pacientes enfermos de Covid.

 

Es por ello que mucho lamento que los partidos políticos de oposición no hayan convertido hasta el momento sus ofertas electorales en un ejercicio permanente, objetivo y auténtico de exigencia de rendición de cuentas del presidente de la república y de su gobierno, sobre la forma como han enfrentado la pandemia y llevan a cabo la supuesta campaña de vacunación sin vacunas. Algo igual que la rifa de un avión donde el premio mayor no era un avión -cuyo arrendamiento y almacenamiento seguimos pagando los contribuyentes mexicanos-, ni siquiera como reintegro un viaje en dicho avión.

 

Ciudad de México, 3 de febrero de 2021.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (París, Francia) y en Derecho (CdMx), posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (Alcalá, España) y en Regímenes Políticos Comparados (Colorado, campus Colorado Springs, Estados Unidos de América); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF).

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