Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Los ciudadanos que por razones laborales nos dedicamos a la academia -es decir, que nos ganamos la vida como profesores e investigadores en las escuelas e institutos donde nos contraten al efecto- y cuyo objeto de estudio es el gobierno y los asuntos públicos, no podemos dejar de estar inmersos en el debate político cotidiano. Nuestra labor académica es ser observadores sistemáticos de la realidad social y es nuestra obligación dar cuenta de ella, con el propósito didáctico de explicarla, interpretarla y prever su evolución deseable o posible.
Por razón natural, habrá quienes estén de acuerdo con nuestras proposiciones y quienes estén en total desacuerdo. Desde luego que todo depende, se supone, de la fundamentación, argumentación y prueba de tales afirmaciones o negaciones conforme a una metodología de análisis. Pero de que unos y otros tenemos igual derecho a expresarnos, me parece, al menos hasta el momento, no está en duda.
Los asuntos públicos son tan diversos y están tan íntimamente vinculados a las cuestiones de gobierno -es decir, a la política y a las políticas públicas- que no pueden pasar inadvertidos; tampoco que puede haber interpretaciones opuestas sobre ellos, pues todo depende del cristal con que se miren. Sea que se trate de cuestiones relativas a cualquiera de los temas que afectan nuestra vida diaria: salud, educación, seguridad, empleo, o a la cauda infinita de servicios públicos que corresponde atender a las autoridades federales, estatales o municipales, para contribuir a nuestro bienestar individual y colectivo.
Sin pretender, desde luego, que dicho bienestar personal sea resultado solamente de la asistencia social o de los servicios públicos gratuitos o subsidiados, sin negar el fuerte impacto que estos tienen en nuestra vida diaria. La irresponsabilidad personal frente a nuestras propias problemáticas es una actitud frente a la vida y una posición metodológica para el análisis, pues en la vida hay de todo.
Por razón natural, la evaluación que los académicos hagamos de dichos asuntos públicos podrá finalmente coincidir o disentir de la que expresen los actores políticos prácticos, sea que se trate de gobernantes ejecutivos, legisladores, partidos políticos o actores económicos o sociales con sus propios intereses específicos respecto a dichos temas. Corresponde a la comunidad académica, en el mediano plazo, emitir un dictamen sobre la pertinencia o viabilidad de los puntos de vista expresados por sus integrantes, para evaluar su oportunidad e idoneidad.
Quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación, así como a la difusión de lo que pretendemos conocer con algún orden y sistematicidad, habitualmente no somos militantes políticos partidistas, comprometidos con el triunfo o la derrota de una corriente política, o de política pública, determinada. Tampoco somos activistas sociales que a través de organizaciones sociales no gubernamentales pretendamos poner en práctica las propuestas de cambio o mejora social que hayamos descubierto o construido a partir de nuestro análisis teórico. Pero tenemos opiniones y juicios que expresar y someter a la consideración de nuestros colegas y conciudadanos.
Sucede entonces que construimos un conjunto de conocimientos que, para algunos, se pueden antojar inocuos y poco prácticos para la solución inmediata de los problemas colectivos que a diario se presentan y requieren respuesta. Pero que, sin embargo, más tarde o más temprano podrán ser útiles para dar algunas luces en la búsqueda o puesta en práctica de las soluciones requeridas.
En consecuencia, paradójicamente, no puede haber neutralidad axiológica ni política en el estudio de lo social. Me explico. El núcleo básico de valores alrededor de los cuales gira el debate sobre el gobierno y los asuntos públicos, sostengo, es bastante específico: libertad, justicia, igualdad y propiedad.
El equilibrio, o más bien, el desequilibrio entre estos valores nos dará la ocasión de pensar o construir sistemas sociales -o instituciones o procedimientos o simples conceptos- desde diferentes perspectivas siempre fluctuantes: más libertad y menos justicia; más igualdad y menos propiedad; más igualdad y menos justicia; más justicia y menos propiedad; y así sucesivamente. Así es que aprovecho este punto de arranque para analizar la agenda política mexicana al inicio del año 2022.
Me limito al análisis de las tres reformas constitucionales anunciadas durante las últimas semanas por el presidente de la república de México: materia eléctrica, materia electoral y en seguridad pública.
En el primer caso, se trata de la estatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, reduciendo al mínimo posible la intervención del sector privado, de manera contraria a la reforma inmediata anterior que ahora pretender modificarse por el actual gobierno y su mayoría parlamentaria. Por cierto, con altos costos judiciales en caso de controversias internacionales a la luz de los tratados de libre comercio vigentes.
En el segundo caso, se trata de controlar por parte del gobierno en funciones y su mayoría parlamentaria la autonomía e independencia de las autoridades electorales administrativas y judiciales. No obstante que, gracias al actual formato organizacional de las autoridades electorales, se han llevado a cabo tres alternancias partidistas en la titularidad del ejecutivo federal en nuestro país, y muchas más a nivel local y municipal.
En el tercer caso, se trata de militarizar toda la función de seguridad pública como ya se ha avanzado mediante la creación de la Guardia Nacional, organismo encargado de la seguridad pública que sustituyó a la policía civil, llamada Policía Federal Preventiva; para poner esta función bajo la responsabilidad operativa inmediata y directa de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Marina y la Aviación Militar. Ahora se pretende, según afirma el presidente de la república, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Casualmente, durante todos los años previos al inicio de su gestión, el actual presidente fue un ferviente opositor a la militarización de la seguridad pública y de la administración pública.
En el primer caso, la materia eléctrica, el debate es entre la libertad de mercado o un mayor intervencionismo estatal. Debate aderezado con la eficacia, eficiencia y efectividad de la empresa pública en cuestión, así como con la disponibilidad de los cuantiosos recursos indispensable para poner en marcha dichos servicios exclusivamente con dinero del presupuesto público; que se requieren para muchos otros rubros igualmente prioritarios.
En el segundo caso, la materia electoral, se trata de asegurar el control gubernamental de la organización y resultados de los procesos electorales para facilitar o asegurar los triunfos electorales de la nueva élite política del país. Se reproduce el modelo conocido, anterior a la transición democrática que por cierto trajo al poder político a la actual élite gobernante.
En el tercer caso, se trata de asegurar, pienso yo, una intervención militar en caso necesario, es decir, si la movilización ciudadana pretender sancionar electoralmente el mal gobierno que de manera reiterada hasta ahora ha realizado el nuevo gobierno federal y su mayoría parlamentaria. La lealtad de los militares a una fuerza política perfectamente identificada, no institucional, solo puede ser advertida como un grave peligro para la organización civil del Estado Mexicano y su renovación mediante procedimientos de democracia electoral.
Como puede usted advertir, lector, lectora, la nueva agenda política 2022 es completamente una agenda política electoral para asegurar la dominación y permanencia en el poder político de la élite llegada al poder por la vía electoral en 2018.
De ahí la necesidad de sacar algunas conclusiones previas que permitan respaldar una conclusión amplia.
No hay presupuesto público que alcance para resolver las necesidades de una colectividad. Siempre será necesario y útil la intervención de los empresarios privados para crear riqueza social, con los beneficios naturales para ellos mismos, como resultado de su trabajo y creatividad; para lo cual su actividad empresarial está sujeta a controles fiscales y de todo tipo -concesiones, licencias, permisos, sanciones, en fin, todo tipo de control- por parte del gobierno.
La transición mexicana a la democracia imperfecta e incompleta que ahora conocemos pasa necesariamente por la autonomía e independencia de las autoridades electorales. La reforma en ciernes es un evidente intento de control de la autoridad electoral por parte del ejecutivo federal y su mayoría parlamentaria, basada en las amenazas y obstrucciones bien conocidas para su cabal desempeño; concretamente, en el caso de los procesos de consulta popular recientes, pero sobre todo en materia de revocación del mandato presidencial. Cualquier reforma futura, por lo tanto, solo puede representar una regresión democrática.
Pero la contradicción más evidente y terrible que debe ser mostrada y denunciada es la militarización rampante que el gobierno actual pretende de diversos ámbitos de la administración pública, en particular, de la seguridad pública.
Está claro que el proyecto de dominación política por parte del gobierno autodenominado de la cuarta transformación pasa ahora por tres etapas: un mayor intervencionismo estatal en la economía, un control político de las autoridades electorales y la militarización de la administración pública, no se diga solamente la seguridad pública.
Ciudad de México, 17 de enero de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados (EUA); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF); autor de libros de derecho público, privado y social.
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