DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Regidores de Movimiento Ciudadano apoyados por el diputado federal Gibrán Ramírez Reyes denunciaron nacionalmente la red de corrupción del “Cártel Judicial” vinculada al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez por el adeudo de 130 millones de pesos por laudos no pagados.
* La falsificación de firmas y Actas de Cabildo provocó el congelamiento de las cuentas bancarias de los regidores de Fomento Agroalimentario, Ader Reyes Méndez, y el embargo de la vivienda de la regidora de Turismo, Adriana Rafaela Díaz García, por créditos fiscales y multas del SAT superiores a los $200,000 contra los regidores afectados.
A las denuncias por diversos casos relacionados con el «Cártel del Despojo» se suman ahora las denuncias contra el «Cártel Judicial» en Oaxaca. Ambas redes criminales operan en los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal usando estrategias que involucran a jueces, notarios y funcionarios.
En mayo de 2026, regidores de Movimiento Ciudadano apoyados por el diputado federal Gibrán Ramírez Reyes denunciaron nacionalmente la red de corrupción del “Cártel Judicial” vinculada al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez por el adeudo de 130 millones de pesos por laudos no pagados.
Las acusaciones señalaron a funcionarios municipales por desviar notificaciones judiciales hacia el despacho legal Kratos Abogados, fundado por el Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Giovanni Vásquez Sagrero, falsificando presuntamente firmas y sellos oficiales.
Acusan el uso de firmas y sellos apócrifos en actas de Cabildo. La falsificación de documentos provocó el congelamiento de las cuentas bancarias de Ader Reyes Méndez y el embargo de la vivienda de Adriana Díaz García por créditos fiscales y multas del SAT superiores a los $200,000 contra los regidores afectados.
También se denunció el involucramiento de los jueces y juezas federales del Décimo Tercer Circuito Víctor Manuel Jaimes Morelos y Estela Fernanda Díaz Ramos, entre otros, al desechar sistemáticamente amparos y negarse a realizar peritajes caligráficos para demostrar la falsificación de firmas de los regidores en Actas de Cabildo y sellos oficiales del municipio de Santa Lucía del Camino.
Las denuncias contra el “Cártel Judicial” fueron reiteradas por los regidores Ader Reyes, Adriana Díaz y Luis Rey Martínez en el programa Entre Amigos en FaceBook y YouTube con Raúl Castellanos de Regeneración Pluralidad, Cornelio Merlín de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y este columnista de Mujeres Shaíque.
Desde años anteriores, las autoridades estatales han investigado la red de corrupción transversal del «Cártel del Despojo», dedicada a usurpar identidades y robar propiedades mediante la alteración de libros notariales y registros.
El Gobierno del Estado ha emprendido acciones legales a través de la Fiscalía Anticorrupción, logrando órdenes de aprehensión e investigaciones contra exfuncionarios del Registro Civil, Catastro y notarías.
Las denuncias de casos específicos incluyen el despojo de propiedades a familias y particulares, llegando a casos de alteración de identidad de los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti y Martínez.
El caso del «Cártel Judicial» en Santa Lucía del Camino estalló públicamente a finales de mayo de 2026, cuando integrantes del propio Cabildo municipal y legisladores federales llevaron la denuncia ante la Cámara de Diputados en San Lázaro.
La acusación principal señala directamente al presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, de operar una presunta red de fraude procesal y corrupción institucional.
De acuerdo con las denuncias presentadas por los regidores Luis Rey López Martínez, Ader Reyes Méndez y Adriana Rafaela Díaz García, el “modus operandi” del esquema de corrupción opera bajo tres ejes fundamentales:
Falsificación de documentos: Se acusa a la administración municipal de realizar un uso indebido y sistemático de firmas y sellos oficiales falsificados con el fin de simular o desviar notificaciones judiciales de carácter administrativo y fiscal.
Desvío a despachos particulares: Las notificaciones legales del Ayuntamiento son direccionadas estratégicamente hacia el despacho privado Kratos Abogados, centralizando el control de los litigios de manera irregular.
Bloque de protección judicial: Se señaló formalmente a jueces y juezas del Décimo Tercer Circuito de desechar de forma sistemática los amparos e incidentes de nulidad promovidos por los afectados, argumentando fallas de «forma» y negándose deliberadamente a ordenar peritajes caligráficos que evidenciarían la falsedad de las firmas oficiales.
Durante la entrevista, se expuso la existencia del «Bloque del Pacto de Impunidad». El alcalde fue acusado de ofrecer el pago de multas personales a los 9 concejales aliados utilizando directamente los recursos del erario público municipal.
Los legisladores federales de Movimiento Ciudadano advirtieron que esta acción configura de forma directa los delitos de peculado y desvío de recursos bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El conflicto escaló debido a que las anomalías en el manejo de la documentación oficial ya comenzaron a generar afectaciones fiscales y legales directas a los regidores disidentes de Movimiento Ciudadano, quienes se deslindaron por completo de los actos del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez.
Los legisladores federales de Movimiento Ciudadano han solicitado de manera formal la intervención del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para auditar las resoluciones del Décimo Tercer Circuito y garantizar la imparcialidad de los procesos.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
Sé el primero en comentar