El Juzgado Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México admitió a trámite el primer amparo contra el memorando que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda en el cual les ordena dejar sin efecto la reforma educativa, pero negó la suspensión de los efectos del documento que contiene lineamientos y directivas a seguir por dichas secretarías.
“El memorándum de 16 de abril de 2019, dirigido a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Educación Pública y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, es un acto declarativo ya que no trae aparejado acto de ejecución alguno, ni con su emisión se modificó algún derecho del quejoso o situaciones existentes, de ahí que la medida cautelar solicitada es improcedente”
Asimismo, el secretario de acuerdos en funciones de juez dio de plazo 15 días rindan sus informes justificados señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, acompañado, en su caso, de copia certificada de las constancias respectivas.
Además, solicitó que en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo.
De acuerdo con el expediente 444/2019, el promovente del recurso es el estudiante de derecho de la UNAM, Carlos Escobedo Suárez, quien en su demanada señala que el memorándum viola cinco artículos de la Constitución, entre ellos el 49, que prohíbe concentrar dos Poderes de la Unión y que el Legislativo no puede depositarse en una sola persona, así como el 128, el cual señala que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emane.
Con Información de La Jornada
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