- El objetivo es garantizar un servicio digno y accesible para las familias oaxaqueñas
San Raymundo Jalpan, Oax., a 27 de abril de 2026.- En un esfuerzo por garantizar justicia social y el derecho a una muerte digna, el diputado César David Mateos Benítez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto con el objetivo de establecer la prestación del servicio público de crematorios por parte del Gobierno del Estado.
Con la adición de la fracción XXIX al artículo 4 de la Ley Estatal de Salud, el legislador promovente sugiere que el Ejecutivo Estatal tenga como atribución la incineración de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos.
En la exposición de motivos, el representante popular destacó que la falta de infraestructura pública favorece prácticas abusivas y sobreprecios en momentos de especial susceptibilidad para las familias, debido a que los operadores privados suelen excluir a los sectores más vulnerables de la población.
La creación de estos espacios, agregó, también atendería problemas de saturación de panteones al reducir la presión sobre los cementerios municipales y optimizaría el uso del suelo. Asimismo, puntualizó que la incineración regulada y supervisada por la autoridad estatal contribuiría a proteger los mantos freáticos, el suelo y el aire.
El diputado destacó que esta propuesta busca reducir las desigualdades territoriales, ya que la instalación de crematorios públicos regionales permitiría que el acceso a este servicio no dependa del lugar de residencia ni de la capacidad económica de las y los oaxaqueños.
Asimismo, enfatizó que esta iniciativa es plenamente respetuosa de la diversidad cultural y la libertad de creencias de la entidad, ya que no se busca sustituir los rituales comunitarios o tradicionales, sino garantizar que quienes opten por la cremación puedan hacerlo en condiciones dignas, sin barreras económicas ni discriminación.
Mateos Benítez recalcó que la propuesta se fundamenta en los artículos 4 y 25 de la Constitución Política de México, que consagra el derecho a la salud, al medio ambiente sano y la obligación del Estado de garantizar un desarrollo justo y sustentable.
Dicha Iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria el 27 de enero del año en curso, y remitida a la Comisión Permanente de Salud para su análisis y dictamen.
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