Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
El sábado 24 de septiembre pasado el diario “Reforma” publicó en su primera plana una nota informativa suscrita por Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar, así como en su página editorial un artículo suscrito por Peniley Ramírez, en donde se revela el contenido de una versión sin testar del expediente del caso Ayotzinapa en el que se señala expresamente y con detalle la forma como los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, es decir, ahora se sabe, asesinados.
El día de hoy se cumplen ocho años de la desaparición de esos jóvenes, pues formalmente nunca se ha reconocido oficialmente ni por el anterior gobierno federal ni por el actual que hayan muerto todos; razón por la cual el Subsecretario de Gobernación encargado del área de Derechos Humanos expidió recientemente un informe con una nueva versión de lo ocurrido, pero sin dar a conocer la información testada que descubrieron las periodistas de “Reforma”; informe que trajo como consecuencia la detención y sujeción a proceso penal del entonces Procurador General de la República.
Ante la información dada a conocer en el diario de circulación nacional, la reacción del gobierno federal no fue la de solicitar de inmediato a las autoridades competentes que ampliaran las investigaciones y actuaran en consecuencia conforme a los datos que, a juzgar por la filtración periodística, siempre han sido de su conocimiento y que ahora ya son también del conocimiento de la opinión pública. Las investigaciones penales que de inmediato se solicitaron, por su parte, son solamente para identificar y sancionar a quien o quienes hayan sido autores de la filtración.
Un día antes de que hubiesen sido publicados la nota periodística y el artículo editorial en los que aparece la referencia a los datos del expediente sin testar, que por lo visto desde siempre ha sido del conocimiento de las autoridades políticas y penales del país de ambos gobiernos, el viernes 23 de septiembre inmediato anterior, el presidente de la república anunció una consulta popular respecto a la necesidad de la intervención de la Guardia Nacional en la seguridad pública. No está por demás recordar que el caso Ayotzinapa empezó por una grave falla de seguridad pública, ni dejar de recordar las iniciativas de reforma constitucional a que en seguida me refiero.
Dicha declaración del titular del Poder Ejecutivo Federal fue resultado de que la iniciativa de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional presentada por el propio presidente de la república no hubiese podido ser aún discutida y mucho menos aprobada en las cámaras federales, así como tampoco su modificación y actualización propuesta por la diputada de un partido opositor. Por haberse dado cuenta la mayoría legislativa que apoya la iniciativa presidencial y la de la diputada opositora a que me refiero, que no alcanzarían los votos necesarios para lograr el miércoles pasado la aprobación de esta última iniciativa en el Senado, la de la diputada opositora, misma que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados; por lo que el dictamen legislativo fue devuelto a las comisiones dictaminadoras para continuar con su estudio.
De entre los muchos temas que pueden ser situados en el primer nivel de interés nacional y de atención por parte de la opinión pública, no tengo duda de que los dos temas a los que ahora hago referencia se encuentran en dicho primer nivel. Razón por la cual considero oportuno entrar a un análisis sucinto de sus antecedentes, contexto y consecuencias necesarias, y no solo de las previsibles. Sin dejar de considerar que en el momento actual ambos temas, como todos los demás de este nivel que surgen cada día, forman parte de un debate político electoral asociado al proceso de sucesión presidencial ya en curso, que en mi opinión todavía incluye la posibilidad de derivar en un intento de reelección presidencial o de prórroga de su mandato, ni siquiera por interpósita persona como es el fenómeno político conocido en México como Maximato, aunque éste podría ser finalmente el sustituto obligado.
Que en un país, en cualquier país, desaparezcan 43 personas y ocho años después no se conozca su paradero ni se sepan las razones por las cuales desaparecieron no solo es algo que debe causar la mayor preocupación sobre su seguridad personal a los habitantes del país donde eso sucede, sino también una legítima indignación por la falta de noticias ciertas al respecto; tanto noticias de investigación penal como de sanción a los responsables. Por fortuna, este día las manifestaciones de protesta por todo lo que significa la desaparición de los jóvenes normalistas una vez más vuelven a salir a las calles.
Es de todos conocido que el caso Ayotzinapa marcó el declive de la credibilidad del presidente de la república anterior y contribuyó de manera importante a la derrota electoral de su partido en las elecciones federales de 2018. Pero, igualmente, la oferta electoral del entonces activo, severo y creíble opositor al gobierno en turno, y posterior candidato presidencial triunfante, incluyó de manera oportuna la indignación, crítica y promesa consecuente de resolver la cuestión y castigar a los culpables. Aunque nada de lo ofrecido ha sucedido durante el nuevo gobierno, por lo que la revelación hecha por las periodistas Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar pone en evidencia de manera contundente tanto la omisión del anterior gobierno como la del actual.
El caso de la no aprobación en el Senado de la iniciativa de la diputada opositora que modifica y pretende hacer viable la sustancia de la reforma constitucional presentada por el presidente de la república en materia de Guardia Nacional, amerita entrar al detalle. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la oposición de la que forman parte dicha diputada y su partido ha anunciado una coalición electoral y de gobierno con serias posibilidades de triunfar en las elecciones federales de 2024. Pero también si se tiene en cuenta que una serie de leyes secundarias que materializan lo que las mencionadas reformas constitucionales proponen ya fueron aprobadas.
También de todos es conocido el serio problema que desde hace varios gobiernos federales se vive en el país respecto a la delincuencia organizada vinculada a la producción y tráfico de estupefacientes. El incremento de sus actividades delictivas, de su capacidad de organización y de su poder de fuego trajo como consecuencia que sucesivamente los gobiernos federales encomendaran a las Fuerzas Armadas la tarea de búsqueda y combate a dichos grupos.
Desde luego que dicha intervención militar era reveladora de la incapacidad de las policías civiles para llevar a cabo con éxito esas tareas de combate a la delincuencia organizada. En 1999 la fuerza policiaca civil se transformó en una Policía Federal Preventiva que desapareció en 2008 para dar paso a la Policía Federal, la cual a su vez desapareció en 2019 para ocupar su lugar la Guardia Nacional con abierta participación de las Fuerzas Armadas, reconocida en una porción normativa de la propia Constitución General que, desde luego, entra en antinomia con otra porción normativa pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habitualmente se ha encargado de armonizar con sus interpretaciones.
El problema radica en que la Constitución General de la República expresamente establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no se pueden dedicar a actividades distintas de la disciplina militar. Esto trajo como consecuencia en los sucesivos gobiernos reformas legales para permitir esa intervención de los militares que, reitero, finalmente durante el gobierno actual llegó a una reforma constitucional que organizó la nueva figura de policía denominada Guardia Nacional, en la que se permite hasta el año 2024 una intervención directa de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la república, insisto, propone ampliar la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la Guardia Civil, la cual recibió de inmediato la oposición de los partidos opositores, de uno de los cuales forma parte la diputada autora de la otra iniciativa mencionada. La diputada de ese partido político de oposición, como ya se mencionó, presentó una alternativa de reforma consistente en prorrogar hasta el año 2028 la intervención que ahora es permitida hasta 2024. El caso es que el problema de una policía civil sin recursos ni capacidad de combatir con éxito el flagelo de la criminalidad organizada permanece sin solución previsible.
La nueva propuesta del presidente de la república como reacción a esta negativa, es la de someter a una consulta popular la pertinencia de la presencia militar en la Guardia Civil; pero se trataría, ha sostenido él mismo, de una consulta popular que no sería realizada en los términos de lo que señalan el artículo 35 constitucional fracción VIII, así como su ley reglamentaria en la que se establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral organizar dicho tipo de consultas. En el caso de la consulta que ahora propone el presidente de la república ésta sería organizada por la Secretaría de Gobernación.
No se necesita abundar en la nueva propuesta presidencial para constatar que corresponde a una fórmula de movilización política completamente fuera de la regulación constitucional y legal vigentes. El presidente de la república en los hechos impulsa ante la opinión pública y el electorado nacional una reforma de la Constitución mediante un procedimiento ajeno al previsto por la propia Constitución; una estrategia de movilización política claramente asociada a las elecciones federales en las que él y su partido necesariamente habrán de competir y en las que desde luego buscan triunfar.
El actual presidente de la Cámara de Diputados recientemente electo por sus pares como tal, ha hecho declaraciones en las que advierte la anomalía ya señalada por cuanto a reformas constitucionales se refiere, y ha invitado al presidente de la república a apegarse a la Constitución. A pesar de la prudencia de la advertencia formulada en un lenguaje estrictamente constitucional, no puede dejar de señalarse también que dicho diputado es uno de los precandidatos más visibles de la posible coalición opositora para contender por la presidencia de la república.
El caso es que, si bien antes teníamos recorriendo el país al fantasma de la reelección, la prórroga o el Maximato, ahora nos persigue también el fantasma de la ruptura constitucional pura y dura, iniciada desde lo más alto del poder político y tratada de contener por el presidente del Congreso de la Unión, que esperemos sea escuchado por el bien del orden constitucional y de la gobernabilidad democrática del país.
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EEUU). Autor de libros de derecho público, privado y social.
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