Joel Hernández Santiago
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez están enfrascados en una serie de acusaciones y defensas, señalamientos y marcajes de dignidades soberanas por cada una de las partes.
El tema no es nuevo y ha crecido desde 2018; pero la detonante fueron las declaraciones del jalisciense luego de los estragos causados por grupos que se infiltraron en la manifestación pacífica de exigencia de justicia que llevaban a cabo ciudadanos en Guadalajara por el presunto homicidio de Giovanni López durante su detención policiaca un mes antes en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
El jueves 4 de junio hubo violencia, quema de patrullas, destrucción de la puerta de acceso al Palacio de Gobierno, un policía quemado. Los cuerpos de la policía enfrentaron a los enmascarados de negro, luego se acusó a algunos de brutalidad policiaca.
Unas horas después el gobernador Alfaro hizo estas declaraciones: “Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”.
El mandatario acusó que las protestas fueron infiltradas por personas enviadas desde los “sótanos del poder” de la Ciudad de México y que se pagaron millones de pesos en pautas en redes sociales para “mentirle” a los jaliscienses.
Al día siguiente por la mañana durante su gira por el sureste de México, el presidente López Obrador se deslindó de los hechos ocurridos en Guadalajara, luego acusó:
“Me llamó mucho la atención que él (Alfaro), haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante”, dijo el Presidente.
Pero el tema, decíamos, no es nuevo. Tiene meses en los que el gobernador de Jalisco ha mostrado inconformidad con las decisiones federales que, en su criterio, vulneran la soberanía del estado. Y ha enaltecido la soberanía de los jaliscienses para decidir por ellos mismos su política y su destino.
… Ha exigido responsabilidades al gobierno federal por temas de recursos fiscales, para lo que han pedido revisar el federalismo en materia fiscal; acusó a López Gatell, el subsecretario de Salud de cínico en razón de las cifras de víctimas de Covid 19 y en esto, ha tomado sus propias decisiones.
Junto con él, han hecho grupo otros seis gobernadores de partidos de oposición a Morena, quienes durante las recientes acusaciones de ambas partes cerraron filas con el gobernador de Jalisco; los mismos gobernadores que invocan el contenido del federalismo y la relación, responsabilidades y derechos, entre el gobierno de la República y los gobiernos estatales. (La contraparte es, por ejemplo, el entreguismo, sin más, del gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa).
Si, el lenguaje que utilizó Alfaro el jueves 4 de mayo de junio fue fuerte, incluso rudo. La razón de su indignación comenzó unas horas antes cuando la secretaria de Gobernación intervino en el caso de Giovanni para acusar a la autoridad municipal de violar los derechos humanos del trabajador, como también al gobierno del estado de Jalisco por no poner orden y hacer justicia…
Pero sobre todo esta indignación de gobierno estaba ahí: en las calles de Guadalajara con grupos de anarquistas de origen, digamos, misterioso.
El presidente haciendo uso de su foro cotidiano ha impulsado asimismo esa confrontación, acusando de falta de respeto a la investidura presidencial. Esto por supuesto no ocurrió y es, si, una exageración, no obstante es claro que al presidente le preocupa el tema federal.
Esto es: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros.
Y dice ahí que un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros. Está en el artículo 124 Constitucional que refiera las áreas de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma; y las precisiones sobre las facultades y atribuciones del Congreso respecto del tema del federalismo se encuentran en el artículo 73 de la misma Constitución…
Destaca la de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de coordinación fiscal, protección al ambiente, seguridad pública, desarrollo social, protección civil, turismo y deporte, entre otros.
Esto es: que el gobierno de un estado integrante del pacto Federal sí puede pedir una revisión de ese pacto para efectos de fortalecerlo, y fortalecer su propia soberanía dentro del Pacto.
Y ese es el eje central. ¿En qué punto estamos del pacto Federal mexicano? ¿Es tiempo de revisar tanto atribuciones como derechos y responsabilidades de los estados miembros? ¿Es posible revisar el pacto fiscal Federal? Parece ser que sí.
Pero ¿siete gobernadores tienen piernas de jinete para iniciar este proceso de revisión? ¿El gobierno federal está dispuesto a ello?… Esto es lo que importa, a todo esto, como país Federal, como República, como Estado y a todos nosotros, de norte a sur, como mexicanos.
joelhsantiago@gmail.com
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