- En el mes de mayo se debe cumplir con esta obligación legal establecida en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
En el Poder Judicial del Estado aproximadamente dos mil 400 servidoras y servidores públicos, deben presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses correspondiente al año 2021, durante el próximo mes de mayo, en cumplimiento a una obligación legal establecida en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En este contexto, el director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura, licenciado Trinidad Coronel Vásquez exhortó a las y los trabajadores a cumplir en tiempo y forma con este procedimiento de fiscalización y rendición de cuentas que consiste en un informe pormenorizado de su patrimonio, ya que de lo contrario podrían hacerse acreedores a una sanción.
Durante entrevista, señaló que parte de las funciones de la Contraloría son ayudar al servidor o servidora pública a presentar su declaración patrimonial correspondiente y en caso de que pase un mayor tiempo al establecido, es decir más de 30 días, y no la presente, se inician los procedimientos respectivos que incluso puede llevar a sustituir a la persona.
Mencionó que en este caso, al tratarse de una declaración patrimonial de modificación, se debe de presentar vía internet. Para tal efecto el primer requisito es entrar a la página del tribunaloaxaca.gob.mx y requisitar todos los datos que ahí se solicitan.
“Estamos en la mejor disponibilidad de atender a todas y todos los usuarios del servicio a efecto que den cumplimiento a tal finalidad, en este momento tenemos personas ya comisionadas al respecto para que le den toda la asesoría a quienes así lo soliciten”, puntualizó el Director de Contraloría Interna.
Cabe señalar que la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses se encuentra establecida además de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
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