El Tule: la negligencia policial abre la puerta a la impunidad del mezcalero que mató a cuatro víctimas en brutal choque; fiel reflejo del fracaso de la capacitación

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Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR

* De nada sirve presumir cuerpos policiales capacitados si, llegado el momento decisivo, un detenido puede escapar por una falla elemental de respuesta inmediata. La capacitación que no se traduce en resultados es solamente burocracia disfrazada de profesionalización.

* Cuando un accidente deja cuatro víctimas mortales y el probable responsable termina evadiendo la acción de la justicia, el problema deja de ser exclusivamente vial. Se convierte en un asunto de seguridad pública, procuración de justicia y responsabilidad institucional.

 

Cuatro muertos, incluido un bebé de seis meses de gestación, un niño de dos años y sus padres, un presunto responsable que se fuga y una pregunta que no admite evasivas: ¿quién custodia a quienes deben responder ante la justicia?

 

La tragedia ocurrida en el libramiento de Santa María El Tule no terminó con el brutal choque que cobró la vida de cuatro personas. Se agravó con la presunta fuga del mezcalero señalado como responsable. 

 

Cuando un accidente de esta magnitud deja víctimas mortales y el probable responsable consigue escapar, la indignación social ya no se dirige únicamente contra quien habría provocado la tragedia, sino también contra las instituciones encargadas de impedir que la justicia sea burlada.

 

Si se confirma que la fuga fue consecuencia de omisiones, descuidos o negligencia de elementos policiales, el asunto es todavía más grave. No estaríamos solamente ante una falla individual, sino ante un problema de capacitación, protocolos, supervisión y cadena de mando.

 

¿Dónde estaban los policías responsables de la detención? ¿Qué protocolo se aplicó? ¿Quién supervisó la respuesta como primer respondiente? ¿Hubo instrucciones precisas? ¿Se cumplieron? Y si no se cumplieron, ¿quién asumirá las consecuencias? Son preguntas elementales que las autoridades deben responder con hechos, no con boletines.

 

La fuga del presunto responsable de la muerte de cuatro personas en el brutal choque ocurrido en el libramiento de Santa María El Tule no puede reducirse a un simple descuido: si se confirma que hubo omisiones en la actuación policial, estamos ante un fracaso institucional que agrava todavía más la tragedia.

 

Cuatro personas perdieron la vida en un accidente que, por sus consecuencias, exige mucho más que comunicados oficiales y explicaciones burocráticas. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió antes, durante y después del choque, y particularmente cómo fue posible que el mezcalero presunto responsable pudiera escapar de las autoridades.

 

Porque cuando un accidente deja cuatro víctimas mortales y el probable responsable termina evadiendo la acción de la justicia, el problema deja de ser exclusivamente vial. Se convierte en un asunto de seguridad pública, procuración de justicia y responsabilidad institucional.

 

La capacitación policial no puede reducirse a simples cursos, uniformes, certificaciones o discursos sobre profesionalización. La verdadera capacitación se demuestra cuando el policía enfrenta una situación crítica y sabe exactamente qué hacer. Detener a un probable responsable de un hecho con cuatro víctimas mortales debería ser una de las tareas más básicas de cualquier corporación profesional.

 

Si alguien bajo responsabilidad de la autoridad como primer respondiente logra escapar, algo falló. Pudo fallar el elemento operativo. Pudo fallar el protocolo. Pudo fallar la supervisión. Pudo fallar la cadena de mando. Pero lo que no puede fallar es la investigación para determinarlo.

 

Y aquí aparece el problema de fondo: en México demasiadas veces se persigue al delincuente después de que escapó, pero nadie investiga con la misma energía al funcionario que, por acción u omisión, hizo posible la fuga. La impunidad también tiene cómplices institucionales cuando la negligencia no genera consecuencias.

 

Las cuatro víctimas del libramiento de El Tule ya no pueden reclamar justicia. Sus familias sí. Y tienen derecho a exigir que se esclarezca no solamente el accidente, sino también todo lo ocurrido posteriormente.

 

La responsabilidad de la Policía Vial Estatal comienza precisamente como primer respondiente. La autoridad tenía la obligación de garantizar que el mezcalero, señalado como conductor probable responsable permaneciera bajo custodia a disposición de la instancia correspondiente.

 

Por eso resulta insuficiente decir que habrá una búsqueda para localizarlo. Claro que debe ser buscado. Pero también deben deslindarse responsabilidades entre quienes tenían la obligación de evitar su fuga.

 

De nada sirve presumir cuerpos policiales capacitados si, llegado el momento decisivo, un detenido puede escapar por una falla elemental de respuesta inmediata. La capacitación que no se traduce en resultados es solamente burocracia disfrazada de profesionalización.

 

El terrible accidente del libramiento de El Tule debería convertirse en una prueba de fuego para las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Oaxaca. Una investigación independiente, transparente y exhaustiva tendría que determinar qué ocurrió, quiénes no intervinieron, qué protocolos estaban vigentes, cuáles se incumplieron y si existen responsabilidades administrativas o penales.

 

Porque cuatro muertes no pueden convertirse en una estadística más. Tampoco puede permitirse que la eventual negligencia policial termine siendo la puerta de entrada a una nueva historia de impunidad.

 

La ciudadanía no pide milagros. Exige algo mucho más elemental: que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley sean capaces de cumplirla ellos mismos.

 

El brutal choque del libramiento de El Tule fue una tragedia. Si la fuga del presunto responsable fue producto de negligencia policial, entonces estamos ante una segunda tragedia: la de un Estado que, después de no haber podido prevenir la muerte de cuatro personas, tampoco habría sido capaz de garantizar que el probable responsable enfrente a la justicia.

 

Y esa segunda tragedia sí puede evitarse. Se llama profesionalización, supervisión, disciplina y rendición de cuentas. Cuando ninguna de ellas funciona, la impunidad encuentra el camino abierto. 

 

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

 

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