Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Lo que sucedió en Washington recientemente es propio de regímenes políticos populistas y dictatoriales como los de Evo Morales en Bolivia o de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela: el presidente de los Estados Unidos encabeza un mitin a unos pasos del Capitolio e invita a sus seguidores a no permitir que se consuma el fraude electoral del que asegura haber sido víctima. Esto sucedía en el mismo momento en que en sesión conjunta, ambas cámaras del Congreso Americano, el Senado y la Cámara de Representantes, discutían la aprobación de los resultados electorales calificados por los colegios electorales de cada uno de los estados de la Unión Americana; algunos de ellos impugnados por el equipo de campaña de Donald Trump, pero todos desechados o declarados inconsistentes.
El sistema americano de elección indirecta en primer grado del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos pasa por una serie de filtros para asegurar la legalidad y constitucionalidad de la elección, una vez que el voto popular ha sido expresado en las urnas. Es un sistema completamente descentralizado, diferente al de nosotros en México donde todo está completamente centralizado. Esto no quiere decir que no haya un control judicial en Estado Unidos; control judicial que, igualmente, es completamente descentralizado, aunque en última instancia las impugnaciones resueltas por las cortes supremas locales pueden llegar a la Corte Suprema de toda la Unión. Nuevamente, es un control judicial totalmente distinto al nuestro en México, donde todo es completamente centralizado y con un actor judicial único para calificar la elección: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como resultado inmediato y directo de la arenga del presidente de los Estados Unidos, sus seguidores se dirigieron al Capitolio, sede del poder legislativo federal americano e invadieron el recinto tomándolo bajo su control por alrededor de tres horas. Los guardias del Capitolio fueron sorprendidos y, en principio, no supieron cómo responder. Las noticias, al menos las publicadas en México, no dan cuenta puntual de lo que sucedió finalmente para dominar a los agresores, salvo que los dejaron salir del edificio sin mayor problema; pero el caso es que al final de la refriega hubo cinco muertos, incluido un policía del recinto.
Hubo algunas fotos, no muchas, en las que aparece un sujeto con cuernos y pieles de búfalo. Otro sujeto, reporta la prensa, ingresó a la oficina de la coordinadora de la mayoría demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; se sentó en su sillón y puso los pies sobre el escritorio. En redes sociales se difundió un video del momento en que recibe un disparo en la cabeza la primera víctima fallecida. Queda claro que la invitación a la sedición mencionada fue realizada por el propio presidente de los Estados Unidos mediante un lenguaje subliminal, por no decir expreso y puntual, que para efectos prácticos resultó muy efectivo. De ahí su responsabilidad directa, moral, política, de la muerte de las personas fallecidas, de los heridos y de la invasión al Capitolio por una turba enardecida por sus palabras.
He leído en redes sociales algunos mensajes exaltando la gestión de Trump como presidente. Sin duda pudo haber tenido algunas o muchas realizaciones económicas y administrativas, de otra forma no hubiese obtenido setenta y cuatro millones de votos. Ciertamente, seis millones de votos menos que los del presidente electo Joe Biden, pero once millones de votos más de los que el propio Trump obtuvo hace cuatro años, cuando venció a Hillary Clinton. Pero esos millones de votos que no le alcanzaron para ganar la reelección, menos aún le alcanzan para violar el modelo democrático del que su país es ejemplo.
Algunos analistas han querido culpar de estas situaciones al sistema electoral americano de elección indirecta, pero me parece que es una apreciación equivocada. Ningún sistema electoral, sea de elección directa o indirecta, sea centralizado o descentralizado, sea con un control judicial centralizado o descentralizado, puede escapar a la sedición, rebelión, insurrección, provocada por un candidato perdedor que no admite su derrota.
En consecuencia, el énfasis debe ser puesto en la sanción a este tipo de participantes en las contiendas electorales que no respetan los resultados. Desde luego que dicha sanción es difícil, sobre todo cuando los resultados electorales son apretados -como sucedió en algunos estados de la Unión Americana en esta elección-, lo cual puede permitir suponer -sobre todo a los militantes más convencidos y exaltados, aunque puede haber también algunos o muchos pagados al efecto-, que hubo fraude y, por ello, se sienten autorizados para salir a protestar de manera violenta.
El antídoto es, en mi opinión, una cultura política democrática y una confianza en las instituciones electorales históricamente arraigada tanto entre la población en general como entre los actores que protagonizan la lucha por el poder público, es decir, los partidos políticos y sus líderes. Ciertamente, en eso de la política son pocos los partidos y los líderes que pueden dar lecciones de moral. Digamos que hay una división social del trabajo al efecto; que el análisis objetivo, imparcial e independiente corresponde a los analistas y observadores externos, justamente porque no están involucrados en la lucha por el poder sino en observarla, analizarla y evaluarla. Pero el caso es que la responsabilidad política y jurídica corresponde a los líderes. Si ellos llaman a la rebelión y a no respetar las reglas del juego democrático, lo más probable es que sus seguidores les harán caso y actuarán en consecuencia, como acaba de suceder en Washington y como sucede frecuentemente en muchas partes del mundo subdesarrollado económica y políticamente.
Para fortalecer esa cultura democrática y afirmar la confianza en las instituciones electorales es indispensable, a mi juicio, exhibir y sancionar a los líderes políticos transgresores. Es difícil, ya lo he dicho, pues tienen a sus propios seguidores, quienes acusarán que, además del supuesto fraude, viene la victimización de esos dirigentes políticos; aunque solo se trate se mentiras ahora llamadas “posverdad”. Es por ello que me parece indispensable que el presidente Donald Trump sea exhibido y, en su momento, sancionado mediante uno o varios procesos en los que se muestre sin lugar a dudas su responsabilidad, dirección y coautoría en las muertes ocurridas en el Capitolio.
No faltará quien de inmediato aluda a la presunción de inocencia. Es por ello que no pido que sea sancionado de inmediato, propongo que sea sometido a un juicio, o a varios juicios públicos, los que correspondan, en los que se fijen con claridad las causas de la acusación y sean analizadas con rigor las múltiples pruebas existentes de su intervención y aquellas más que deban ser recabadas.
Basados en su incapacidad para desempeñar el cargo de presidente de los Estados Unidos, pero también en los pocos días para la conclusión de su mandato, algunos piensan que sería inútil intentar, e imposible lograr, deponerlo del cargo. La prensa ha señalado dos procedimientos para echarlo del cargo, el impeachment y la aplicación de la vigésimo quinta enmienda. Dados los plazos de cualquiera de ambos procedimientos, es evidente que su mandato terminaría mucho antes de que hubiese una resolución votada y firme. Pero, independientemente de que ya no sea presidente, si hay la posibilidad de una sanción, por ejemplo, inhabilitarlo para volver a ocupar un cargo público, sería muy conveniente continuar el procedimiento hasta llegar a este resultado. Sobre todo, por la importancia fundamental de que no quede impune su conducta puesto que, a la luz de la lógica más elemental puede ser señalado como responsable, aunque desde luego dicha responsabilidad sea materia de análisis del marco jurídico aplicable y de probar de manera idónea su intervención, más allá de toda duda razonable.
Desde el derecho romano de la antigüedad existió el principio bonus humus fumus, actualmente definido en México como “apariencia de buen derecho”, cuya contraparte podría ser la responsabilidad por no evitar las consecuencias de la conducta indebida de subordinados y, eventualmente, de seguidores; se trata de otro principio, el de culpa in vigilando.
En el caso de una falta y el peligro de que la misma no pudiese ser sancionada debido a los plazos procesales y procedimentales, también, desde lejanas épocas han aparecido en todas las ramas del derecho las providencias precautorias o medidas preventivas. Al parecer hay recursos procesales en el impeachement para lograr una resolución en más breve plazo para lograr su salida de la presidencia. Pero independientemente de esto, insisto, aunque la sanción previsible y deseable sea aplicada con posterioridad, lo fundamental es evitar la impunidad.
En mi opinión, el presidente Donald Trump ha sido un político demagogo, populista, irresponsable, racista, mentiroso y dispuesto a profundizar la división del electorado más allá de las diferencias y confrontaciones habituales que de manera natural se presentan en todo debate político y social. Pero, a todas luces, su conducta durante el proceso electoral en el que finalmente perdió la reelección fue totalmente contraria a los principios del modelo democrático -cuyos orígenes se remontan a la Grecia clásica y a la República Romana antigua- que los Estados Unidos, junto con Francia e Inglaterra, son los países que lo perfeccionaron y consolidaron.
Es un modelo democrático sustentado en la división de poderes; las elecciones libres, auténticas y periódicas; el Estado de derecho; el control constitucional; los órganos autónomos necesarios para controlar a los poderes tradicionales, suplirlos o auxiliarlos en el control de las nuevas actividades técnicas y complejas que deben ser reguladas y juzgadas; asegurar las libertades del individuo frente al Estado y el correcto funcionamiento de los órganos estatales. Ahora bien, en el nuevo orden mundial que surge, se modifica y actualiza a partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se reconocen como el ejemplo del mismo y los garantes de su permanencia. De ese tamaño es la contradicción y la falta de Donald Trump.
Si lo vemos desde la perspectiva de las dictaduras militares y gobiernos civiles autoritarios que han infestado Latinoamérica a lo largo de toda su historia -pero particularmente en los días presentes-, la conducta de Donald Trump es además de una tragedia, un error monumental; no solo porque le quita cualquier autoridad moral a su propio país en sus relaciones internacionales, sino porque otorga de manera implícita a los tiranos en curso o en ciernes en nuestro continente una autorización o una licencia para seguir expoliando a sus pueblos, es decir, a todos nosotros.
Ciudad de México, 13 de enero de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (París) y en Derecho (CdMx); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (Alcalá) y en Regímenes Políticos Comparados (Colorado); Especialidad en Justicia Electoral (TEPJF).
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