Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Circula ya en redes sociales la versión de que la nueva y primera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no tiene cédula profesional de nivel licenciatura; hasta el momento solo Dios sabe cómo andan respecto a sus documentos escolares los demás consejeros ganadores de la tómbola, si es que presentaron alguno, pero más tarde o más temprano nos iremos enterando. Este dato y el que sigue nos lleva a la necesidad de proponer un perfil idóneo de quienes ocupen este tipo de cargos.
Además, el diario “Reforma” en su edición del 1 de abril de 2023 publicó en primera plana datos de la denuncia de antiguos colaboradores de una consejera en funciones del Consejo General del INE, propuesta por el partido MORENA, electa en el proceso anterior al que ahora se comenta en este artículo, en el sentido de que les hacía cobros indebidos con motivo de su colaboración profesional en su equipo de trabajo. En virtud de su inconformidad al respecto, es decir, por pagar el “diezmo”, nada más fueron cesados. También señala la denuncia que la consejera consume drogas en su oficina institucional. En fin, algo de no creerse por lo que debe ser investigado y sancionado en caso de confirmarse.
Es un hecho probado que la opacidad con que transcurrió el reciente supuesto proceso de selección, evaluación y elección de todos los nuevos consejeros y su presidenta, impide conocer algo más allá de sus nombres y la calificación que los organizadores dicen que obtuvieron en el examen. Sus documentos escolares, su currículum vitae, la exposición de motivos de su aspiración y su ensayo para explicar el sistema electoral mexicano con sus retos y desafíos, no pueden ser consultados en ninguna parte, por la sencilla razón de que no están disponibles en el micrositio de la página web que se supone para eso estaba.
Cuando digo que es un hecho probado solo basta consultar el micrositio de la página de la Cámara de Diputados www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx -micrositio que muy pronto habrá de desaparecer, por cierto-, en donde lo único que usted encontrará será la lista con los nombres de los aspirantes y las calificaciones que dicen que sacaron los que las definieron manipulando resultados, según se ha señalado ampliamente en la prensa nacional. Aunque tan vistosamente el examen respectivo se haya llevado a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados; pero de cuyas modalidades y testigos digitales para revisar resultados con certeza nada conocimos los propios aspirantes que acudimos a contestar el cuestionario, y mucho menos todavía la ciudadanía en general.
Esto no ha sido obstáculo desde luego para que la prensa y televisión oficiales festejen este proceso diciendo que se eligió a los mejores y que los encargados de calificarlos y escogerlos hicieron un magnífico trabajo -ellos mismos acuden a entrevistas para alabarse-. Desde luego que se trata de otra falsedad como muchas más que con tan poco éxito denuncié, aunque haya sido oportunamente hecha la denuncia, y aportando suficientes pruebas, ante la autoridad competente: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La cual dictó una curiosa sentencia, por decir lo menos, que declaró inoperantes e infundados los agravios de hechos que nunca entró a verificar si existieron; cuando se supone que esto es lo primero que debió haber hecho.
La sentencia respectiva es una violación a mis derechos humanos, una burla a todos los aspirantes y un engaño a la ciudadanía en general -al igual que los hechos denunciados-; antecedentes y sentencia a cuyo análisis ya me he referido con detalle en anteriores colaboraciones en estas páginas digitales, en entrevistas de radio, en revistas universitarias y en foros académicos. Falta de tutela judicial efectiva que ya denuncié ante instancias interamericanas protectoras de los derechos humanos.
Pero digamos en descargo de la indolencia o descuido de la nueva presidenta del INE para tramitar su cédula profesional, que la convocatoria que hicieron los diputados de la mayoría legislativa de MORENA para elegir consejeros, incluida la presidenta, exigió indistintamente presentar título profesional de nivel licenciatura o la cédula profesional -tal vez porque ya sabían que alguien que querían que ganara o podía ganar no tenía cédula-, aunque en rigor la convocatoria debió haber solicitado ambos documentos. Así es que el asunto queda solamente como un caso de indolencia o descuido en el que a veces incurrimos quienes coleccionamos ese tipo de acreditaciones. Pero queda la duda razonable hasta de si esos documentos fueron presentados.
Lo importante ahora, para efectos de este artículo, es la pregunta que sutilmente nos arroja todo este proceso que terminó en una tómbola para escoger solo entre una totalidad de personas cuidadosamente escogidas por su afinidad, sumisión o complicidad con la élite del poder político en funciones; en funciones hasta en tanto una nueva alternancia los sancione. Aunque está por verse cuándo esto pueda ocurrir, pues ellos hacen un esfuerzo consistente para que esto no ocurra en 2024 ni en 2031; para lo cual cuentan ya con todos los que salieron en la tómbola más los que se les agreguen, como la consejera denunciada por sus antiguos asesores.
Desde la presidencia de la autoridad electoral a cargo de José Woldenberg hasta llegar a Lorenzo Córdova, los dirigentes de los partidos políticos optaron por perfiles académicos como supuesta o deseable garantía de imparcialidad e independencia, cuidadosamente protegida por el infalible sistema de cuotas y cuates que mal que bien sirvió para permitir la alternancia de partidos políticos en el poder. Pero ese perfil académico fue para la presidencia, pues para los demás integrantes del Consejo General hubo de todo -de dulce, de chile y de manteca-, siempre que cumplieran el sistema previsto al efecto -cuotas y cuates-.
La transición pactada había tenido como origen y supo mantener hasta 2018 una cultura de negociación entre dirigencias partidistas para definir quiénes ocuparían dichos cargos; negociación que se extendió a la burocracia electoral, es decir, a la integración de todos los órganos colegiados de las autoridades electorales federales y locales. Después todo cambió, vinieron los planes A, B y C pues el partido MORENA de todavía reciente creación no pudo entrar al reparto anterior. Pero cuando ya lo hizo, entró con todo para que ciudadanos autónomos, independientes e imparciales, con formación académica sólida y perfil idóneo, nunca pudieran formar parte del Consejo General.
La iniciativa presidencial de reforma constitucional que finalmente no prosperó, el Plan A, tuvo el cuidado de prever la desaparición de todo ese andamiaje institucional. El Plan B de reformas solo a la legislación secundaria insistió en el intento, pero sin sustento constitucional expreso y sujeto solo a su interpretación en algunas porciones normativas, por lo que de momento está suspendido por una decisión de la justicia constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde todas esas reformas legales se encuentran sujetas a revisión de su constitucionalidad.
No está por demás recordar, por cierto, que hay un activo “Frente Internacional Obradorista” de “Defensores de la 4T en contra de la corrupción” (sic y resic), según se puede leer en las mantas desplegadas a las puertas de la Suprema Corte de Justicia en la calle Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, a unos cuantos pasos del Palacio Nacional; desplegadas por quienes bloquean la puerta principal de acceso al edificio del Tribunal Constitucional -intente usted hacer lo mismo, a favor o en contra de esa solicitud o de cualquier otra, a ver si es que puede-.
Los diligentes activistas de dicho “Frente Internacional Obradorista” invitan a los transeúntes a suscribir la demanda de renuncia de la ministra recientemente electa por sus pares como presidenta de la SCJN. Las palabras e imágenes obscenas y vulgares con que se refieren tanto a los ministros como a su presidenta son confirmadas a través de un aparato de sonido frente a la puerta de entrada del Tribunal Constitucional.
La reciente elección por tómbola de presidencia y consejeros del Consejo General del INE, después de haber manipulado resultados de los exámenes para beneficiar a unos y para eliminar de la competencia a quienes tenían mejores perfiles profesionales -según informaron la prensa nacional y las redes sociales-, es un fiel reflejo del estilo personal de gobernar actual.
Mediante una tómbola, sin discusión ni negociación para evaluar políticamente entre dirigentes políticos los perfiles idóneos para conjuntamente asignarles responsabilidades, tan delicadas como convertirlos en organizadores y árbitros iniciales de las disputas electorales -cuotas sin cuates-, se asignó dicha responsabilidad por tómbola, reitero, de entre un grupo de fieles al poder político actual.
Imposible conocer el perfil profesional y las propuestas de los 504 aspirantes que presentamos examen y que fuimos eliminados sucesivamente hasta llegar a los veinte incondicionales del poder político, de entre los cuales surgieron los cuatro triunfadores finales. Por ello, solo como un ejercicio académico que -al menos mientras no haya un cambio de mayoría legislativa en la Cámara de Diputados será imposible reflejar en una nueva convocatoria de un siguiente proceso de selección, evaluación y elección de consejeros del INE- vale la pena intentar la reflexión respecto al perfil idóneo de los consejeros.
No me referiré al contenido y detalles de la convocatoria, me quedo solamente con el perfil deseable, idóneo; aunque éste de alguna manera tendría que ser reflejado en la convocatoria y debería orientar los trabajos de un comité técnico de evaluación, idóneo también, donde no hubiese incondicionales del poder político en turno.
Un consejo general del INE, al igual que un consejo local o distrital, es un cuerpo colegiado en el que se deben entreverar características y atributos tales como edades que aseguren madurez; invariable conducta personal adecuada -que no se droguen en su oficina, por ejemplo, o pidan “moches”-; vida familiar ordenada; sólidas formaciones profesionales -multi e interdisciplinarias, al igual que su práctica profesional-; diferentes afinidades ideológico-políticas, pero sin militancias que pongan en duda su ausencia de sometimientos; experiencia administrativa pública, de preferencia en los tres órdenes de gobierno, en los diferentes poderes institucionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y en órganos autónomos; experiencia operativa electoral; cultura de la legalidad y de la constitucionalidad; una visión global de la forma de gobierno y los sistemas electorales. En suma, una experiencia de vida que permita suponer fundadamente su autonomía, independencia e imparcialidad y una visión integral no anclada solo en lo electoral.
No niego que las características y atributos antes señalados tienen una subjetividad que es motivo de interpretación -aunque una suma de subjetividades permite objetividad-, por lo que deben ser traducidos a indicadores, objetivos y metas cuantificables, pues lo que no se mide no puede ser evaluado. Los servicios profesionales de carrera -ahora nuevamente en desuso en México y amenazada su permanencia (por fortuna cautelarmente suspendida) en el sistema electoral- aportan experiencias y procedimientos exitosos de selección de personal.
Se trata de un proceso de selección de personas que habrán de cumplir responsabilidades muy delicadas, por lo que nada tiene de extraño establecer una serie de candados para asegurar la idoneidad de los designados para cumplir dichas responsabilidades, por ejemplo, insisto, para que no pidan “moches” a sus propios colaboradores. A todas luces los paulatinos cambios ocurridos en este tipo de procesos han sido muy lentos e insuficientes.
A lo más que se ha llegado es a la creación de un comité técnico de evaluación, pero sin que los lineamientos, parámetros, objetivos y metas de su actuación estén definidos expresamente; ni para los miembros del comité ni para los que van a evaluar. Nada suficiente todavía para no volver a terminar en lo que ahora sucedió: mediante una tómbola amañada previamente se transitó de los académicos a los burócratas, con nivel licenciatura en promedio, aunque sin cédula profesional -más lo que aparezca-.
La suma de datos objetivos -denunciados por todos- que resultaron en una falta de credibilidad del proceso de selección, evaluación y elección en su conjunto, es decir, en una falta de legalidad, constitucionalidad y legitimidad democrática en la actuación y resultados, tanto de la Cámara de Diputados como del Comité Técnico de Evaluación, se traslada de manera natural e inevitable a quienes ahora serán los árbitros electorales de la próxima sucesión presidencial en México.
Ciudad de México, 3 de marzo de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Ciencia Política (Francia) y doctor en Derecho (México), con la Especialidad en Justicia Electoral por el TEPJF. Autor de libros de Derecho Electoral, de Derecho Procesal Electoral, de Ciencia Política y de Administración Pública.
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